El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal N°12, Sergio Torres, –con la intervención de la Secretaría N°24 a cargo de Verónica Bresciani- dictó el procesamiento con prisión preventiva de 13 presuntos integrantes de una organización criminal acusada de organizar maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes hacia otros países, principalmente de Europa. Se trata de la organización que se encuentra detrás del frustrado envío el mes pasado de casi 40 kilogramos de cocaína disimulados en cargamentos de arroz desde el puerto de la ciudad de Rosario.

Entre los procesados figuran siete ciudadanos de nacionalidad colombiana, cuatro argentinos y dos ecuatorianos. El magistrado consideró a todos ellos coautores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, agravado por la intervención de más de tres personas, en concurso real con el delito de contrabando de exportación en grado de tentativa agravado por tratarse de estupefacientes destinados a ser comercializados fuera del país. Uno de los presuntos integrantes de la banda, además, fue procesado como autor del delito de tenencia de armas de fuego de uso civil. Además de convertir en prisión preventiva la detención en que se encontraba la totalidad de los imputados, Torres trabó embargo sobre los bienes de cada uno de ellos, hasta cubrir la suma de 3 millones de pesos. Respecto a este último punto, en una resolución previa el magistrado había considerado “indispensable” las medidas cautelares solicitadas desde la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tendientes a inmovilizar los bienes de los imputados, con el objeto de “impedir su transferencia, conversión, disposición o movimiento”.

En su fallo de más de 260 fojas, Torres aclaró que si bien la investigación está en pleno desarrollo –no descartando nuevas detenciones- existen pruebas suficientes respecto a la responsabilidad de la organización en actividades realizaciones con el tráfico ilícito de estupefacientes y el manejo de los fondos producidos en pos de mantener vigente la estructura delictiva. “Se puso en evidencia que estas maniobras tendrían impacto tanto en el orden nacional como en terceros países, de ahí su carácter internacional y transnacional, presentando vinculaciones con otras células criminales asentadas en otros estados (Bolivia, Paraguay, Uruguay, España, Portugal, Guinea Bissau, entre otros) con los mismos objetivos y respondiendo todos esos grupos a una sola organización central, de mayor envergadura, existente en la República de Colombia”, consignó en su resolución.

Una organización compleja

A la hora de analizar la organización delictiva, Torres destacó que la misma presenta “características diferencias a las que comúnmente se conocen en el fuero, no sólo por su transnacionalidad, sino por estar dirigidas puntualmente desde un ajeno país, esto es, Colombia”. Así las cosas, el volumen probatorio permitió identificar con precisión los distintos eslabones y niveles jerárquicos al interior de la organización, cada una de ellas con un rol específico.

En el eslabón superior de la cadena de distribución –que respondería a las directivas de la organización central en Colombia- se encontrarían quienes tendrían como función principal la administración de los recursos, dedicándose principalmente al manejo del flujo de dinero obtenido del narcotráfico, solventando así las actividades. El grupo que funcionaría en el país contaría además con un sofisticado entramado de empresas comerciales a partir de las cuales administrar el flujo de dinero recibido como consecuencia de la distribución de la droga, lo cual estaría orientado por un lado al mantenimiento de la organización y, por el otro, al blanqueo de esos capitales, encontrándose esto último bajo análisis de la Procelac. Uno de los aspectos que sobresale en las innumerables cantidades de escuchas telefónicas son las medidas de seguridad adoptadas por los integrantes de la banda para referirse a la actividad, para lo cual implementaban una suerte de “código” tendiente a disimular las operaciones. La estructura delictiva funcionaba además de manera “cerrada”, con segmentos que no interactuaban entre sí, y que sólo se conectaban a través de unas pocas personas.

Maniobras constatadas

En las maniobras bajo análisis, se sospecha la participación de miembros del ex “Cartel del Norte del Valle”. El expediente a cargo del juez federal Sergio Torres es un desprendimiento en la investigación iniciada en enero de 2011 a partir de información brindada por la Policía Nacional de Colombia y la Comunidad de Policías de América (Ameripol) respecto al funcionamiento de una célula criminal conformada principalmente por ciudadanos colombianos y dedicada al tráfico de estupefacientes. La instrucción, a cargo del mismo juez con intervención del fiscal federal Federico Delgado, permitió dilucidar el desplazamiento de la droga en el país, así como su exportación a España y Nueva Zelanda, secuestrándose 8743 gramos de cocaína “con un alto grado de pureza”. Por estos hechos resultaron condenadas seis personas –cuatro de nacionalidad colombiana- y se ordenó la captura internacional de otras cuatro.

Posteriormente, se continuó la investigación desarrollada por el juez Torres, que permitió vincular a integrantes de esa organización criminal con un cargamento que transportaba 229 litros de cocaína en fase líquida, disimulados en bins de biodisel, todo ello con destino a la ciudad de Vigo, Santiago de Compostela, España. La instrucción mancomunada con las autoridades del Reino de España concluyó con el procesamiento de cuatro integrantes de la banda, que actualmente se encuentran afrontando la etapa de juicio oral.

En tanto, el 14 de agosto de 2014 se conformó un legajo de investigación, luego que la División Drogas de la Dirección General de Aduanas detectara en el aeropuerto internacional de Ezeiza casi un kilo de cocaína oculta en envases de kétchup que portaba un pasajero que buscaba viajar hasta Bangkok, Tailandia. El hecho dio origen a una investigación para determinar que otros sujetos habrían intervenido en el intento de exportación, por lo que se encomendaron las correspondientes diligencias a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Otro de los hechos constatados tiene que ver con el allanamiento producido el 17 de enero de 2015 en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se secuestraron 79 “ladrillos” que contenían sustancia estupefaciente elaborada a base de cocaína, con un peso total de 84.955 gramos. Por último, otro hecho vinculado a la organización tiene que ver con el mencionado intento de exportación de casi 40 kilogramos de cocaína oculta en cargamentos de arroz. Respecto a esta última maniobra, Torres señaló que se sólo se ha analizado una pequeña porción de las 46 toneladas de arroz que conformara la carga en curso de exportación, lo cual aún se halla bajo estudio por parte de los peritos químicos, no descartándose aún que pueda hallarse mayor cantidad de material estupefaciente en el resto de la mercadería, “máxime teniendo en cuenta el método de ocultación utilizado, de gran sofisticación”.

Para el magistrado, la evidencia recolectada hasta el momento permite advertir “que cada uno de los integrantes de la célula criminal existente en este país ha desempeñado una función o rol específico, con el pleno conocimiento que su intervención en el curso de los hechos se hallaba dirigida a mantener la estructura organizacional, y que ésta se encontraba orientada, por un lado, al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en diferentes escalas y, por el otro, a la administración de su producido”.

Durante la investigación fue fundamental además la labor de investigación desarrollada por la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas de Gendarmería Nacional, que trabajó de forma conjunta con la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad de la Nación.