En sintonía con lo solicitado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, la justicia dispuso el embargo preventivo –o, en su defecto, la inhibición general de bienes- de los imputados en la causa en la que se investiga a la organización criminal detrás del recientemente frustrado envío al exterior de casi 40 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz. El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, Sergio Torres (interviene la secretaría N°24, a cargo de la doctora Verónica Bresciani), consideró “indispensable” llevar adelante la inmovilización de los bienes de 29 personas actualmente implicadas en la investigación, así como de diez sociedades comerciales relacionadas con ellos, con el objeto de “impedir su transferencia, conversión, disposición o movimiento”.

En su resolución, el magistrado calificó como “pertinentes” y “útiles” las medidas cautelares solicitadas desde la fiscalía y la querella a la hora de avanzar en la investigación. “En efecto, se investigan en autos complejas maniobras de tráfico ilícito organizado de estupefacientes; con connotaciones internacionales y transnacionales, las que necesariamente acarrean un importante flujo de dinero como consecuencia del desplazamiento comercial de los alcaloides, que permitiría mantener vigente la estructura criminal”, consignó. Y agregó: “Como consecuencia de ello, se advierten hasta aquí distintas particularidades que sugerirían sofisticadas maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico”.

Tras una extensa investigación que incluyó tareas de inteligencia, Gendarmería Nacional detectó y secuestró semanas atrás en el puerto de Rosario un cargamento con casi 40 kilogramos de cocaína ocultos en bolsas de arroz que tenían como destino las islas de Guinea Bissau y Marruecos, como parte del programa “Hambre Cero” que envía alimentos a África. Los múltiples allanamientos llevados a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Tucumán y en el Complejo Nordelta del partido de Tigre derivaron en la detención de nueve ciudadanos colombianos y tres argentinos, quienes ya fueron indagados, y la orden de captura internacional de otras 16 personas.

Según se pudo establecer, la organización criminal investigada contaba con una importante estructura de sociedades comerciales, cuyos miembros se encargaban de manejar el flujo de fondos y de llevar a cabo actividades de lavado con el objetivo de dar apariencia lícita a la ganancia obtenida desde el narcotráfico. Así las cosas, la reutilización de esas ganancias permitía el funcionamiento de la arquitectura montada por la organización.

Pedido de la Procunar y la Procelac

En ese marco y a partir de un trabajo realizado de forma conjunta, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) habían solicitado el embargo preventivo y la inhibición general de bienes respecto a las personas involucradas en las maniobras, de tal forma de garantizar el eventual decomiso futuro de los bienes “que han servido de instrumento para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto, el provecho o efectos relacionados con el delito”. De este modo, se busca evitar que pueda tornarse “ilusorio” el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria. Las Procuradurías especializadas se encuentran asistiendo al fiscal del caso, Federico Delgado.

Además de destacar la gravedad de los hechos investigados, el titular de la Procunar fundamentó el pedido de las medidas cautelares en la existencia de elementos de convicción suficientes respecto a la participación de los imputados en maniobras de tráfico de estupefacientes, estado de sospecha que encontró verosimilitud a partir de la concreción de los llamados a prestar declaración indagatoria. Al mismo tiempo, el representante del MPF advirtió sobre los riesgos que conllevaría la demora en la inmovilización de los bienes, en medio de un proceso judicial de por sí prolongado como consecuencia de la complejidad y dimensión de las maniobras investigadas. “Es razonable conjeturar la posibilidad de que la asociación utilice sus potencialidades y herramientas para sustraer los bienes producidos del dominio del órgano jurisdiccional”, indicó Diego Iglesias.

El pedido efectuado se enmarca en una línea de trabajo conjunto entre ambas Procuradurías especializadas para avanzar en la investigación patrimonial de la criminalidad organizada, lograr el decomiso de los bienes obtenidos por el tráfico ilícito de drogas y la efectiva persecución penal del lavado de activos.