La titular de  la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 de la Capital Federal, Alejandra Mángano, y el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, le solicitaron al responsable del Juzgado Federal N°11, Julián Ercolini, la elevación a juicio de la investigación seguida contra doce integrantes de una organización narcocriminal destinada a la distribución y comercialización de drogas, que operó, entre el 16 de noviembre de 2018 y el 16 de junio pasado, en los barrios Padre Múgica y Bermejo, en Villa Lugano. El líder de la organización, apodado “Dumbo”, permanece prófugo junto a otras ocho personas.

En su presentación, Mángano e Iglesias consideraron probado que, para mantener su dominio territorial, la organización se valía de “personas que oficiaban como ‘satélites’, el uso de armas de fuego y de 'marcadores' -algunos de ellos menores de edad- que se encontraban ubicados en diferentes sectores de los puntos de venta del material estupefaciente; individuos estos que utilizaban equipos de comunicación para alertar sobre las personas que ingresaban al barrio como sobre la presencia de personal de las fuerzas de seguridad.” Además, la y el representante del MPF indicaron que “los integrantes de la banda se manejaban con custodios –que portaban armas de fuego entre su ropa y exhibían a transeúntes de forma intimidante-; quienes también brindaban seguridad dentro del barrio para que la organización criminal desarrolle su actividad ilícita de venta de material estupefaciente”.

Mángano e Iglesias pusieron de relieve que “los compradores eran guiados por ‘marcadores’ de la organización al interior de la zona, previa requisa que les practicaban a las personas que allí se presentaban”, mientras que las drogas eran acopiadas y fraccionadas en distintos departamentos ubicados en la Platea 11 del barrio Padre Múgica -donde también guardaban el dinero de las ventas-, “desde los cuales luego trasladaban al barrio Bermejo y a otros sitios cercanos para su comercialización; tarea en la que participaban menores de edad”.

La fiscal y el fiscal concluyeron que las circunstancias recabadas en la investigación “dan cuenta del grado de complejidad con la que esta organización criminal aquí investigada concretaba sus negocios, la que quedó al descubierto no sólo por el grado de coordinación que presentaba, sino incluso por la violencia que ejercían en los lugares que operaban para asegurar de ese modo sus acciones ilícitas. Incluso tenían rutinas armadas -preestablecidas- para así burlar y evitar procedimientos policiales; y obstaculizar las tareas investigativas que se realizaban en el lugar”.

Por todo ello, los representantes del MPFN le requirieron al juez Ercolini que eleve a juicio las actuaciones respecto de Arturo Andia Ormeño, Renzo Alexis Sandoval, Kurt Bruno Casanova Chambergo, Roberto Javier Recinas, Nick Gerald Guido Alcalde, Juan Rolando Sono Hereña, Noel Palomino Reyes, Jorge Walter Vázquez, Víctor Hugo Accapuri San Miguel, y de T.L.M.V.  y J.M.M. (personas menores de edad) como coautores de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes -en modalidad de comercio- agravado por haber intervenido tres o más personas de forma organizada, por la intervención de menores de edad y por haber sido efectuado en las inmediaciones de establecimientos donde se realizan actividades deportivas; acopio de armas y municiones. También solicitaron el enjuiciamiento de José Andrés Fernández Muñoz, como autor de tenencia de arma de guerra sin autorización legal y encubrimiento.

Finalmente, la fiscalía pidió la extracción de testimonios para continuar con la investigación respecto del líder de la organización, apodado “Dumbo”, y de otros ocho integrantes de la organización narcocriminal, que actualmente se encuentran prófugos.

El pedido de los fiscales se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera, en junio pasado y en línea con el dictamen del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, que el fuero federal debía continuar desarrollando la investigación, tras un conflicto de competencia entre el fuero de excepción y la justicia Penal, Contravencional y de Faltas porteña.