El fiscal federal Federico Reynares Solari pidió ayer penas de hasta doce años de prisión para 24 personas acusadas de integrar una organización que administraba una docena de bunkers en las ciudades de Rosario, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Pérez y Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe. Fue ayer, al término de su alegato ante el Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario.

De esa manera, el representante del MPF consideró acreditada la existencia de una banda dedicada a la tenencia y comercialización de estupefacientes, la cual se encontraría liderada por Walter Rivero y su pareja Claudia Andrea Giustra. Para Rivero pidió la pena más alta -12 años-, tras encontrarlo coautor del delito de organizador de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, almacenamiento y distribución, agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada;  para Giustra, por su parte, requirió 9 años, ya no como organizadora. El pedido de pena alcanzó también a Carlos Alberto Victorino Godoy, para quien reclamó ocho años: por registrar una condena anterior a 11 años de prisión, Reynares Solari instó a que se le imponga una única de 14  años de prisión.

Se prevé que el TOF dé a conocer su veredicto el jueves 26 de diciembre.

La investigación

Durante la investigación se realizaron allanamientos en 19 domicilios de esa ciudades mencionadas, en los que se secuestraron aproximadamente 5,825 kilos de marihuana y 6,306 kilos de cocaína, además de profusa cantidad de elementos relacionados a la producción, distribución y venta de las sustancias ilícitas como balanzas de precisión, bolsas de polietileno, máquinas selladoras y una suma importante de dinero producto de la actividad ilícita llevada a cabo.

El alegato fiscal contempló, en su mayoría, acusaciones por la coautoría en relación al delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización , y sólo en tres casos como partícipes secundarios.

Además, el MPF encontró responsable del delito de comercio de estupefaciente a un grupo de personas oriundas de la localidad de Chabás quienes, si bien no pertenecían estrictamente a la organización criminal, se valían de sus puntos de venta para absatecerse del material ilícito que luego comercializaban en ese pueblo.

Por otra parte, la Fiscalía solicitó el decomiso del dinero secuestrado en la causa y de un auto, una moto y dos camionetas; además, que se llame a indagatoria a otras personas por su presunta intervención en los hechos investigados.