28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Veredicto del TOF N°3 de Rosario
Imponen hasta doce años de prisión para 23 integrantes de una megabanda narco que operó en Santa Fe
Quedó acreditado que la organización criminal regenteó puntos de venta en Rosario, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Pérez y Arroyo Seco. En línea con lo pedido por el fiscal Federico Reynares Solari, también se decomisaron bienes y dinero secuestrados durante la investigación.

El Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario impuso hoy penas de hasta doce años de prisión para 23 personas que llegaron a juicio acusadas de integrar una organización que administraba una docena de bunkers en las ciudades de Rosario, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Pérez y Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe. Fue en línea con lo postulado en su alegato por el fiscal Federico Reynares Solari, quien intervino en representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación durante el debate.

De esta manera los jueces consideraron acreditada la existencia de una banda dedicada a la tenencia y comercialización de estupefacientes, liderada por Walter Rivero y su pareja Claudia Andrea Giustra. La pena más alta, en efecto, fue para Rivero: doce años -tal como había requerido el fiscal-, al ser encontrado coautor del delito de organizador de tráfico de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada;  la condena para Giustra, por su parte, fue de 7 años y medio, pero no como organizadora. El veredicto también alcanzó a Carlos Alberto Victorino Godoy, a quien se impusieron ocho años: por registrar una condena anterior a once años de prisión en la justicia provincial por el homicidio de “Pimpi” Camino, Reynares Solari instó a que se le imponga una única de 14. La unificación del monto fue diferida por el TOF hasta que se reciba un informe sobre la ejecución de la primera condena.

Por otra parte, tal como solicitara el Ministerio Público Fiscal, fueron decomisados el dinero secuestrado en la causa (más de 32 mil pesos), un auto, una moto y dos camionetas; en ese sentido, además, el Tribunal puso a disposición del juzgado de instrucción las actuaciones para que evalúe si llama a indagatoria a otras personas por su presunta intervención en los hechos investigados. La lectura de los fundamentos del fallo se realizará el 5 de febrero próximo, a las 15.

La nómina de condenados se completó, según sus grados de participación, con Priscila Ailén Hervier (seis años y medio); Carlos Baudilio Rojas (ocho años pero unificada en 19, por registrar una condena anterior a 16); Juan Eduardo Sales (siete años); Fabián Jesús Larroza (seis años y medio); Ezequiel Jorge Pacheco (seis años); Carlos Alberto Damián Gallegos, Rosa Argentina Martín, Diego Andrés Mansilla, Eduardo Andrés Aguilera, Martín E. Roldán, Lucas Fabián Agache, Claudia Marcela Montes, Milene Silveira, Gisela Mónica Mansilla (todos a cuatro años); Jorge Rubén Pacheco y Maximiliano Fabián Pacheco (tres años de ejecución condicional); Martín Domingo Ramos, Gustavo David Ojeda, Sebastián Alberto López, Rodrigo Andrés Báez, (dos años de ejecución condicional); asimismo, fue absuelto Antonio Rodríguez, en tanto la fiscalía desistió de la acusación a su respecto.

La investigación

Durante la investigación se realizaron allanamientos en 19 domicilios de las ciudades mencionadas, en los que se secuestraron 5,825 kilos de marihuana y 6,306 kilos de cocaína, además de elementos relacionados a la producción, distribución y venta de las sustancias ilícitas como balanzas de precisión, bolsas de polietileno, máquinas selladoras y una suma importante de dinero producto de la actividad ilícita llevada a cabo.

El alegato fiscal había contemplado, en su mayoría, acusaciones por la coautoría en relación al delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización , y sólo en tres casos como partícipes secundarios.

Además, el MPF encontró responsable del delito de comercio de estupefacientes a un grupo de personas oriundas de la localidad de Chabás quienes, si bien no pertenecían estrictamente a la organización criminal, se valían de sus puntos de venta para abastecerse del material ilícito que luego comercializaban allí.