La Fiscalía Federal N°1 de Santa Fe, a cargo de Jorge Gustavo Onel, tuvo por concluida la etapa de instrucción y solicitó la elevación a juicio de diez personas acusadas de integrar una organización narcocriminal liderada por una curandera y su pareja, que operaba en el noroeste de la capital santafesina, y de otros dos imputados por haber comercializado estupefacientes en vinculación con ella.

El fiscal federal consideró que hay elementos suficientes para avanzar hacia el juicio oral respecto de Vanesa Saravia -conocida como “La Curandera”- y su pareja Martín Abaristo, a quienes se les atribuye haber liderado una organización en la que planificaron, coordinaron y desarrollaron actividades de almacenamiento, comercialización y distribución de más de 140 kilos de clorhidrato de cocaína, principalmente en el ámbito de la provincia de Santa Fe. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, se valieron para ello de acciones propias y de otras personas de su confianza mediante la utilización de distintos vehículos de alta gama y diversos inmuebles, en los cuales alternativamente fraccionaban, resguardaban y distribuían el material.

En el dictamen se señaló que cinco de los presuntos miembros de la organización fueron los que realizaron las tareas de distribución bajo las ordenes de Saravia y Abaristo, cumpliendo diferentes roles. Entre ellos la fiscalía incluyó al sargento Germán Dogañeri, quien prestó funciones en la policía de la provincia de Santa Fe al momento de la investigación y fue observado recibiendo bolsos de la organización en los automóviles y viviendas que utilizaron. Con respecto a la suboficial de esa misma fuerza, Gabriela Cocuccio, Onel entendió que facilitó uno de ellos inmuebles en los que se desarrollaron las maniobras ilícitas; además le imputó enriquecimiento ilícito, ya que no pudo justificar con su sueldo diferentes adquisiciones que tuvo por probadas el fiscal: entre ellas el pago de un alquiler por adelantado por $420.000 y la adquisición de una camioneta Toyota Hilux. A todos se les imputa haber comercializado estupefacientes con el agravante de haberlo hecho con tres o más personas y a Saravia y Albaristo por haber sido los líderes de la organización de las maniobras de narcotráfico.

La investigación le atribuye a dos policías haber formado parte de la organización, facilitándole incluso un inmueble

La magnitud de dicha organización se reveló a partir del resultado de los allanamientos en los domicilios y vehículos identificados, en los que se secuestró 143 kilos con 197 gramos de cocaína. La sustancia fue hallada en el interior de dos camionetas -una Ford Ranger y una Jeep Patriot- que estaban estacionadas en un garage ubicado en la calle Los Ceibos al 10.400. Estaba acondicionada en 29 panes de forma rectangular envueltos cada uno de ellos en papel metalizado y en 121 bolsas de nylon traslucidas, respectivamente,  junto a $308.695 y U$118.734.

Durante los procedimientos se realizaron detenciones. Cuatro se produjeron en la sede de un Templo Umbanda, situado en la calle San Jerónimo al 7800 de la capital provincial. También se incautaron, al término de la requisa en siete domicilios, elementos idóneos para el fraccionamiento y distribución de la cocaína.

La magnitud de la banda se reveló a partir del resultado de los allanamientos en domicilios y vehículos , en los que se secuestró más 143 kilos de cocaína. Uno de los procedimientos fue en la sede de un templo Umbanda.

El requerimiento del fiscal federal Onel incluyó también a dos personas que tuvieron una vinculación menor con los miembros de la organización. Por un lado Leandro Rivero, quien habría comercializado como minorista las sustancias que le habría otorgado la banda, y por otro Reinaldo Wabeke por hacer lo propio con 490 gramos de clorhidrato de cocaína, quien residió en una vivienda facilitada por la presunta líder Vanesa Saravia.

Finalmente, la fiscalía requirió la remisión de las actuaciones al Colegio de Corredores de la provincia de Santa Fe y a la Unidad de Información Financiera (UIF), para que analicen la intervención de la empresa REMAX en los hechos como intermediadora del alquiler del inmueble a la suboficial Cocuccio, a fin de que se determine si su actuación pudo haber configurado un incumplimiento a su obligación de reportar a las autoridades competentes una operación sospechosa en los términos de la ley 25.246 y la resolución 16/2012 de la UIF, relativas a la “prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo”. El fiscal además destacó en el dictamen la labor de la Unidad Investigativa Antinarcóticos I de la Policía de la Provincia de Santa Fe por su "desempeño y profesionalismo" en el desarrollo de las tareas investigativas.