Los titulares de la Fiscalía Federal N°8 de la Capital Federal y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Eduardo Taiano y Diego Iglesias, respectivamente, le solicitaron al responsable del Juzgado Federal N°12 de esa ciudad, Ariel Lijo, la elevación a juicio de la investigación seguida contra otros dieciséis integrantes de una organización narcocriminal que operaba en el barrio “Padre Rodolfo Ricciardelli” (ex Villa 1-11-14), del barrio porteño del Bajo Flores.

La investigación

De acuerdo a la presentación de los fiscales federales Taiano e Iglesias, las personas imputadas habrían tomado parte en una asociación destinada a la introducción, almacenamiento, fraccionamiento, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes tales como marihuana, cocaína y pasta base, en el interior y fuera del asentamiento “Padre Rodolfo Ricciardelli” (ex Villa 1-11-14). Asimismo, producto de su actividad también habrían cometido otras acciones como el almacenamiento de armamento y sus municiones, todo ello para mantener la hegemonía territorial de la zona donde operaban.

De acuerdo a lo que surge del intercambio de información entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde mayo de 2009 y hasta el 20 de noviembre de 2022, la organización “concretó un total de 107 hechos ilícitos”, que se constataron a raíz del secuestro de drogas y armas de fuego en distintos procedimientos ordenados en el marco de las investigaciones desplegadas.

En efecto, se determinó que entre febrero y septiembre de 2021, tras la condena impuesta a Marcos Estrada Gonzales y parte de la organización, la banda se rediseñó y quedó bajo el mando de Johnny Ray “Pantro”, Arnao Quispe y Ulises “Pitufo” Romero Godoy, quienes impartían directivas al resto de los integrantes del grupo, supervisaban el negocio y recibían las ganancias.

Posteriormente, los integrantes de la banda se reorganizaron bajo el sistema de turnos tradicionales -período de 28 días consecutivos-, compuesta por una estructura de dos facciones perfectamente organizadas, definiendo la división de semanas que delimita quiénes estarán a cargo de la recepción, custodia y distribución del material narcótico, como también de la percepción del dinero recaudado.

El requerimiento del Ministerio Público Fiscal

En base a las pruebas recolectadas durante la investigación, los fiscales Taiano e Iglesias requirieron la elevación a juicio de la investigación seguida a las dieciséis personas, por considerar que “integraron hasta sus respectivas detenciones, junto a un nutrido e indeterminado grupo de personas, una organización destinada a concretar actividades de tráfico de narcóticos en el interior e inmediaciones de la villa 1-11-14 de esta ciudad, logrando montar un andamiaje tal que les permitiera mantener la hegemonía territorial de un vasto sector de aquel asentamiento, controlando varios pasillos e inmuebles ubicados allí, empleando constantemente una cantidad de armas de fuego, sus piezas y municiones con la evidente finalidad de impedir la ocurrencia de situaciones conflictivas que pongan de alguna manera en riesgo el normal desarrollo de las referidas maniobras”.

En su presentación, los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación requirieron que Diego Ramón “Bebecho” Velázquez, Iván Carlos “Mano Rápida” Aurich Rodríguez, Luis Héctor Andrés “Cuervin” Jauregui, Mirta “Vero” Vera Arevalo, Walter Abel “Gordo Walter” Gérez Herrera (pareja de Vera Arevalo), Jorge Alfredo “Coca” Recinas Rojas, Arturo Waldermar “Waflera” Juárez, Isaura Inés Ochoa Ortega, Alexander Luis “Pontu” García Gonzales, Ramón Antonio “Ramoncito" Salinas, Marco Antonio “Camba” Titan Mamio, Víctor Raúl “Viejo Verde” Auccapuri Quiroga, Fernando Ariel “Tiki Tiki” Torres Benitez, Brayan César “Papayita” Santo Rojas y Manuel Horacio “Lanchón” Torres Masse, sean enjuiciados como miembros de la organización narcocriminal, coautores de tráfico de estupefacientes bajo la modalidad comercio agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada para cometerlo y coautores de acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones.

También pidieron que Velázquez responda como coautor de tenencia ilegítima de materiales explosivos -ya que fue hallada en su poder una granada de fabricación militar-, y que María Antonia Godoy Merino – madre de Ulises “Pitufo” Godoy- lo haga como partícipe necesaria de una organización destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en el que intervienen tres personas y del delito de acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones.