08 de febrero de 2023
08 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Presentaciones conjuntas en los fueros federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El trabajo del Equipo Conjunto de Investigación de los ministerios públicos nacional y porteño para desbaratar la venta de drogas en la Villa 1-11-14
La acción coordinada de fiscales de las dos jurisdicciones en el ámbito de las competencias fijadas por la ley de desfederalización de persecución del narcotráfico permitió individualizar responsables jerárquicos de la banda y eslabones más bajos dedicados al narcomenudeo.

El Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por representantes de los ministerios públicos fiscales de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervino para desbaratar la organización que -pese a los procedimientos, causas judiciales y condenas dictadas en los últimos años- continuó operando en la distribución de estupefacientes en una zona de la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Bajo Flores, con el reciclaje de sus estructuras operativas, que significaron la intervención de otras personas y la reincorporación de quienes recuperaron la libertad. La tarea de fiscales de las dos jurisdicciones derivó recientemente en una tercera tanda de resoluciones por las que se sometió a proceso a ocho personas en el fuero federal y a tres en el fuero local, y supone la continuidad de un trabajo conjunto iniciado hace más de un año en torno al fenómeno criminal localizado en ese barrio.

A raíz de este trabajo, el Juzgado Federal N°12, a cargo de Ariel Lijo, y el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Luisa María Escrich, coordinaron a mediados de octubre las órdenes de detención de diferentes personas individualizadas en requerimientos fiscales de acuerdo a las imputaciones formuladas en función de la competencia en materia de persecución de la narcorcriminalidad de cada ministerio público. De tal forma, el Juzgado Federal N°12 dispuso la detención de doce personas consideradas en los eslabones más altos de la cadena de comercialización, mientras que el juzgado local ordenó las de otras cuatro vinculadas a operaciones de narcomenudeo.

Ello implicó que las autoridades de los ministerios públicos y los poderes judiciales de ambas jurisdicciones intervinieran en el mismo escenario criminal en el ámbito de las competencias que les asigna la denominada ley de desfederalización para la persecución de la narcocriminalidad.

La modalidad de intervención incluyó un punto resolutivo novedoso por parte del juzgado local en las órdenes de allanamiento. En esa instancia, el juez del fuero local resolvió adherir a lo dispuesto por su colega del fuero federal -en cuanto a los allanamientos- “haciendo saber que, en caso de que en el marco de esos procedimientos se verifiquen conductas que prima facie impliquen la comisión de delitos que guarden relación con el objeto procesal de la presente causa y que resulten de competencia del fuero Penal Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, esas conductas serán investigadas en el marco de la presentes actuaciones, siempre y cuando la titular de la acción penal impulse la acción por esos hechos”.

El juez del fuero local resolvió adherir los allanamientos dispuestos por su colega del fuero federal y dispuso que si se verificaban conductas que guardaran relación con la investigación a su cargo y fueran de su competencia serían investigadas en el marco de las actuaciones de trámite en el fuero Penal Contravencional y de Faltas de la ciudad.

El ECI para este caso está integrado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias; el fiscal federal a cargo interinamente de la Fiscalía Federal N°8 en lo Criminal y Correccional porteña, Eduardo Taiano; y la fiscal coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) del MPF de la ciudad, Cecilia Amil Martín.

Los dos fiscales del fuero federal y la fiscal local se presentaron en forma conjunta el 12 de octubre pasado -como muestra la imagen a continuación- ante el Juzgado Federal N°12 de la ciudad para exponer las conclusiones del trabajo de investigación desarrollado por el ECI con el auxilio de las fuerzas de seguridad federales y porteña. En la misma jornada, la fiscal del fuero porteño presentó el pedido de detenciones en el juzgado del fuero local.

En el dictamen conjunto presentado en el fuero federal, el ECI destacó que "desde fines del año pasado los integrantes de la banda se reorganizaron bajo el sistema de turnos tradicionales, que habrían retomado los líderes históricos de la organización, como Fernando Estrada Gonzáles, entre otros personajes relevantes". Añadió que "para llevar adelante la actividad de la organización y mantener el dominio, se reincorporaron personas provenientes de la República del Perú, conocidos como “Los Antiguos”, que tienen la función de reforzar la seguridad y el correcto funcionamiento de la banda debido a los diferentes hechos de violencia que estuvieron existiendo. Un ejemplo de ello, es la reaparición de John Paul Revilla Estrada, condenado por el TOF 3 por integrar la organización y expulsado del país, cuya detención se encuentra ordenada en este expediente".

"En este nuevo período, las tareas de campo realizadas permitieron observar la presencia de satélites, la actividad de vendedores en los característicos puntos de venta de la banda, la vigencia del sistema de seguridad a través de chalecos y marcadores, el traslado de droga desde los puntos de venta hacia los lugares de acopio, entre otras actividades que evidencian la vigencia de la actividad de la banda", explicaron los integrantes del ECI en el dictamen.

En tal sentido, en ambos dictámenes ante el fuero federal y el local los fiscales y la fiscal detallaron al respecto diez causas iniciadas en el marco de procesos de flagrancia y otras investigaciones con autores identificados. "Del análisis realizado por ambos Ministerios Públicos se desprende que, de las circunstancias de detención de las personas sindicadas a anteriormente, sumado al cotejo de los registros fotográficos de los envoltorios secuestrados tanto en los procesos de flagrancias, como aquellos hallazgos de narcóticos –sin autor-, se pudo determinar la indubitable correspondencia con los envoltorios secuestrados en los múltiples procedimientos que se hicieron en las investigaciones previas", especificó el ECI, y precisó que "también existe correspondencia en cuanto a los puntos de venta y el accionar delictivo desplegado por los involucrados. De este modo, se pudo acreditar la vigencia de la organización criminal investigada, como así también la relación de los imputados flagrantes con aquella".

La investigación

En mayo pasado, el MPF de la Nación planteó como objetivo de investigación criminal la determinación de la existencia y continuidad de la organización dedicada a la distribución de drogas dentro de la Villa 1-11-14. Marcó la existencia de "un sistema de turnos que viene funcionando desde hace más de dos décadas en un sector de siete hectáreas conocido como 'El Sector de los Peruanos' dentro del asentamiento poblacional". Al respecto, puntualizó que el área de influencia de la organización "no se ha visto modificado de modo alguno y continúa abarcando desde la manzana nro. 13 a las manzanas nro. 25 y 31 del barrio", con tres puntos de venta identificados.

"Las tareas de campo realizadas permitieron observar la presencia de satélites, la actividad de vendedores en los característicos puntos de venta de la banda, la vigencia del sistema de seguridad a través de chalecos y marcadores, el traslado de droga desde los puntos de venta hacia los lugares de acopio, entre otras actividades que evidencian la vigencia de la actividad de la banda"

Recordaron que en junio de 2019 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 porteño condenó a 35 imputados a penas de entre doce años y un año de prisión, y que absolvió a otros tres. Posteriormente se determinó judicialmente que los líderes históricos de la organización fueron Marco Antonio Estrada Gonzáles y Silvana Alejandra Salazar, condenado y condenada a penas de 24 años de prisión y 18 años de prisión, respectivamente, el 5 de febrero de 2021 como organizadores de una cadena destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en el que intervinieran más de tres personas y coautores del delito de acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones, en concurso real entre sí.

"La investigación ha reunido elementos de distinto origen que convergen en un mismo sentido y dan cuenta de la necesidad de alcanzar un análisis integral que permita entender el contexto y la estructura involucrada en este tipo de actividades ilícitas. Tareas de campo realizadas por la Policía Federal, el aporte de informantes, los procedimientos de prevención con intervención del MPF, la declaración testimonial de tres testigos de identidad reservada, el aporte de dos imputados colaboradores y elementos de prueba incautados en registros domiciliarios", enumeró el ECI.

“Pantro”, “Pitufo” y el resto de la organización

En la presentación el ECI repasó las tareas realizadas desde el año pasado para desbaratar la estructura. Indicó que en 2021 la organización estuvo liderada por Johnny Ray Arnao Quispe, alias "Pantro", y Ulises Romero Godoy, alias "Pitufo", ambos acusados con sus casos esperando debate oral y público. Añadió que los dos imputados "intervinieron en calidad de organizadores, impartiendo directivas al resto de los integrantes del grupo, supervisando su concreción y recibiendo el dinero producto de las ventas de drogas".

En efecto, el ECI agregó que el 22 de septiembre de 2021 se dispuso la detención de 23 personas por su intervención en maniobras de tráfico, pero varias de ellas aún continúan prófugas. Doce fueron procesadas -Arnao Quispe, entre ellas- y posteriormente el MPF requirió la elevación a juicio.

Con el devenir de la investigación, conjuntamente con pesquisas realizadas por la Policía Federal y la declaración de dos imputados colaboradores, el ECI determinó una restructuración de la banda, algunos de cuyos integrantes fueron reemplazados mientras que otros reaparecieron como responsables de los turnos. Como resultado de estas medidas, el 20 de abril pasado se dispuso el procesamiento de ocho personas -entre ellas, Romero Godoy-, posteriormente acusadas en agosto pasado para que se las juzgue en proceso oral y público. Sin embargo, explicó el ECI, "muchas personas quedaron prófugas y otras tantas no habían sido debidamente identificadas en ese momento, de modo tal que no se logró desarmar la estructura de la organización".

Así, de 27 detenciones ordenadas en el marco de causa en el fuero federal, se pudieron concretar 16. Y es en ese contexto que el ECI profundizó la investigación para la individualización de los responsables y requirió las detenciones ordenadas recientemente en ambos fueros.