El fiscal federal de Rawson, Fernando Gelvez, solicitó la elevación a juicio del ciudadano español Alfredo Aranda Barberá, el quinto imputado que afrontará el juicio oral y público por el cargamento de 110 kilos de cocaína hallada en junio de 2013 en cajas de langostinos de la empresa Poseidón, de Puerto Madryn, Chubut. A Aranda Barberá, se le atribuye haber colaborado en la constitución de la sociedad Mar Pesca Azul Argentina SRL, con domicilio en Mar del Plata, para adquirir junto a sus propietarios Salvador Parra Gómez y Juan Eduardo Burgos el material estupefaciente que finalmente fue secuestrado en la ciudad patagónica, tras su traslado por vía terrestre. “Para lograr la comercialización de la droga los tres mencionados habrían contactado a Nicolás Seoane, quien habría participado en las operaciones características de intermediación comercial, vinculando a las dos empresas, Mar Pesca Azul S.R.L. y Poseidón S.A.”, señaló Gélvez en el escrito.

Por otra parte, el acusado, junto a Gómez y Burgos, habría contactado al titular de la empresa “Letter Alimentos”, Rubén Lev, también de Mar del Plata, donde se habría preparado, acondicionado y cargado la droga en el camión que la transportó hasta Puerto Madryn.

Calificación legal

La conducta de Aranda Barberá había sido calificada en el procesamiento como “comercio de estupefacientes en concurso real con transporte de estupefacientes”, ambas figuras agravadas por el número de personas intervinientes; luego, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento, pero bajo la calificación legal de “tentativa de contrabando de estupefacientes agravado en grado de coautoría”. En el requerimiento de elevación, Gélvez aclaró que se apartó de la escogida por el tribunal revisor y explicó que en “el asunto bajo análisis, ni siquiera se obtuvieron los certificados fito sanitarios, ni se lograron los permisos de embarque, ni que la mercadería cuestionada consolidara contenedores para una operación de comercio internacional, lo cual nos lleva a considerar que se trata de un paso previo en el iter criminis al principio de ejecución de la maniobra de contrabando”.

“En ese orden de ideas, considero adecuada a la plataforma fáctica sostenida en primer término por este Ministerio Público Fiscal al requerir la elevación a juicio del imputado Juan Eduardo Burgos”, añadió. Por esos motivos, consideró que “el accionar acreditado de Alfredo Aranda Barberá se encuadra legalmente en el delito de comercio de estupefacientes en concurso real con transporte de estupefacientes, ambas figuras agravadas por el número de personas intervinientes y en calidad de partícipe necesario”.

El inicio de la causa

La causa Poseidón se inició cuando trabajadores de esa empresa pesquera denunciaron el 10 de junio de 2013 110 kilos de cocaína empaquetada que habían detectado en una carga de langonstinos que debían exportarse a España. El cargamento había sido remitido por vía terrestre a Puerto Madryn desde Mar del Plata.

En el caso, ya había sido requerida la elevación a juicio oral y público para el brooker pesquero Seoane; el ex gerente de la empresa Mar Pesca Azul SRL de Mar del Plata, Juan Eduardo Burgos; el gerente general de Poseidón, Salvador Alejandro Pennisi, y el accionista mayoritario de la firma, Héctor Omar Segundo. De acuerdo con la investigación, la cocaína tenía como destino la empresa Royal Peche S.L., de España.