La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo de primera instancia que condenó a penas de hasta 12 años de prisión a ocho integrantes de una organización narco trasnacional por el intento de contrabando de más de 1.600 kilos de cocaína de máxima pureza que fueron hallados ocultos entre pellets de maíz, en allanamientos realizados en agosto de 2022 en un galpón y otro domicilio del barrio Empalme Graneros de la ciudad santafesina de Rosario.

La instrucción de la causa estuvo a cargo del Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, el auxiliar fiscal de la misma jurisdicción, Gastón Arauz, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias.

En las audiencias de juicio, intervinieron el fiscal federal a cargo del área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Federico Reynares Solari, y el titular de la Regional NEA de la PROCUNAR y de la Oficina de Narcocriminalidad de la fiscalía de Rosario, el fiscal federal Matías Scilabra.

Los jueces Angela Ledesma (presidenta), Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci confirmaron las condenas impuestas el 28 de diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°3 de Rosario tras el juicio oral y público contra ocho personas acusadas por el hallazgo de 1.515,3 kilogramos de cocaína secuestrada en los allanamientos a un galpón ubicado en la calle Génova al 2400, y de otros 143 kilogramos de la misma sustancia incautados en calle Cerrito al 100, ambos domicilios de Rosario.

En el juicio, el MPF probó que los imputados habían gestionado la exportación de pellets de maíz contenidos en bolsones tipo “big bag”, dentro de las cuales acondicionaron y disimularon 1.259 paquetes rectangulares de cocaína que, aparentemente, tenían como destino a España.

Penas confirmadas

Las penas más altas impuestas por el TOF N°3, integrado por los jueces Osvaldo Fasciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrero, recayeron en Gabriel Andrés Nicolau, a 12 años de prisión; y José Damián “el Tano” Sofía, a 11 años de prisión, ambos como coautores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada. Según lo acreditado en la investigación, el primero se encargaba la preparación y acopio del material estupefaciente, y el segundo de la logística necesaria para exportarlo.

En un segundo escalón operativo, fueron condenados como coautores del mismo delito Marco Rodrigo Páez, a 10 años de prisión; Lucas Eduardo Hitters, a 8 años; Oscar Alfredo Rossi, a 7 años y medio de cárcel; y Fabio Héctor Crucianelli, a 6 años.

“No puede soslayarse que se trató de una estructura organizativa delincuencial que se desarrolla al amparo de la llamada globalización criminal, anomalía planetaria que potencia la mundialización de tráficos ilícitos, sin límites ni fronteras y con consecuencias lucrativas millonarias", señalaron los jueces.

En la base inferior, se ubicó a Osvaldo Enrique Gorosito, condenado a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, y declarado reincidente, como partícipe secundario de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas. Por el mismo delito, fue condenado Gastón Ariel Sofía (hijo de José) a 3 años de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta.

Organización trasnacional

Con la intervención del titular de la Fiscalía N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal, el fiscal general Mario Alberto Villar, la Sala II del mencionado tribunal revisor, dio por acreditado la semana pasada que los condenados eran parte de “una organización celular transnacional” conformada por tres niveles, como lo postularon y probaron los fiscales federales Reynares Solari y Scilabra durante el debate oral y público.

Según lo acreditado en la investigación, la organización tenía una jefatura y financistas; un grupo que se encargaba de las gestiones y coordinaciones en Argentina, liderado por Nicolau; y otra encargada de la logística necesaria tendiente a concretar la salida de material estupefaciente al exterior, a cargo de “el Tano” Sofía.

El grupo inferior no tenía contacto con los jefes que, de acuerdo a elementos sumandos a la pesquisa, eran Gabriel Jaime Londoño Rojas y Newson Cheung Sabogal, ciudadanos de nacionalidad colombiana que llegaron a Argentina para supervisar las condiciones del cargamento e impartir directivas a Nicolau.

Sobre este último, se estableció que “era el encargado de coordinar los recursos humanos, técnicos y materiales”. Para ello, contaba con la colaboración de Sofía (alias “Tano”), cuya intervención “importó el frecuente contacto con quien sería el sujeto receptor de los envíos en el continente europeo”, apodado “El Español” o “El Gallego”.

En el alegato de clausura del juicio y al solicitar las condenas, los fiscales Reynares Solari y Scilabra recordaron que Londoño Rojas se encontraba detenido en Dubai, Emiratos Árabes, desde noviembre de 2022, ya que tenía un pedido de captura internacional ordenado por el juez González Charvay. En cambio, Sabogal y otro imputado colombiano, Álvaro Ramírez Duque, se encuentran prófugos.

“Globalización criminal”

En los fundamentos del fallo, los jueces de Casación remarcaron que “no puede soslayarse que se trató de una estructura organizativa delincuencial que se desarrolla al amparo de la llamada globalización criminal, anomalía planetaria que potencia la mundialización de tráficos ilícitos (no sólo de drogas, sino de personas, armas, órganos, especies protegidas, residuos tóxicos), sin límites ni fronteras y con consecuencias lucrativas millonarias. Bajo este marco, el pronunciamiento se revela debidamente fundado, habida cuenta que se han relevado los elementos determinantes para establecer el grado de organización de cada condenado”.

Según lo acreditado en la investigación, la organización tenía una jefatura y financistas; un grupo que se encargaba de las gestiones y coordinaciones en Argentina; y otra encargada de la logística necesaria tendiente a concretar la salida de material estupefaciente al exterior.

Además, sostuvieron que el tribunal del juicio “contó con pruebas suficientes para pronunciar la sentencia condenatoria en orden a los delitos que fueran materia de acusación, y que los agravios expuestos por las defensas relativos a la falta de certeza sobre la materialidad e intervención de sus asistidos -con base en supuestas carencias o discrepancias probatorias-, concernientes a una defectuosa fundamentación o errónea aplicación del derecho, resultan una mera discordancia con lo resuelto”.

“La condena no se basó exclusivamente en los testimonios de los preventores ni en las comunicaciones, sino que todo ello encontró correlato con los procedimientos realizados y sus respectivas actas, las declaraciones de los testigos, las tareas de campo, los registros telefónicos, los videos obtenidos y los múltiples peritajes. En ese sentido, cuadra señalar que la fundamentación de la sentencia mantiene un hilo argumental lógico y tomó en consideración todos los elementos de prueba aportados a la causa”, remarcaron los jueces.

Inicio de la investigación

La causa se inició a partir de la acumulación de dos expedientes anteriores e independientes llevados a cabo por distintas divisiones de la Policía Federal. Uno fue encarado por la Dirección General Operaciones Antidrogas Hidrovía del Paraná respecto a una persona que había sido señalada como partícipe de una organización que se encontraba gestionado un envío de estupefacientes al exterior y que, si bien se había desvinculado de la misma, siguió generando nuevos contactos para concretar ese objetivo.

La otra causa la llevó adelante la División Operaciones Federales, a partir de datos aportados por las autoridades de la Drug Enforcement Administration (DEA), donde daban aviso del ingreso al país de un ciudadano de nacionalidad colombiana que se dedicaba a actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Los agentes comenzaron a vigilarlos y registraron que realizaron varias reuniones con diferentes personas, concluyendo que se encontraban ante una organización celular, formada por varios eslabones.

Así, la investigación logró dar con los integrantes de la organización que se encargaba del contrabando de droga. Más de una tonelada y media de cocaína fue incautada en dos de los allanamientos. La causa comprendió una investigación inicial, sustanciada en su momento por el Juzgado Federal de Campana, que luego derivó en un desprendimiento que se juzgó en los tribunales federales de Rosario por motivos de jurisdicción.