El Juzgado Federal N° 3 de Rosario procesó esta semana a Ariel “Guille” Cantero y a otras dieciséis personas -una de ellas menor de edad- por haber cometido un secuestro extorsivo y por haber organizado el comercio ilegal de estupefacientes en las localidades de Villa Gobernador Gálvez y Arroyo Seco. El juez federal Carlos Vera Barros resolvió de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, representado en el proceso por la Fiscalía Federal N°2 de Rosario, la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Ariel Cantero, Leandro Vinardi, Cristian Avalle, Sabrina Barrias, Jonatan Lencina, Axel Vílches, Mayra Mansilla, Agustina Casas, Mariela Gorosito, Gregorio Núñez, Laureano Aznarez Espeche, Marina Núñez, Gonzalo Weber, Virginia Malvestitti, Pablo Pascua, Alexander Alcaraz y un menor de 18 años de edad están acusados de haber intervenido en la sustracción, retención y ocultamiento de una persona para cobrar un rescate a cambio de su liberación. El delito se encuentra agravado por haber logrado su propósito, por haberle causado lesiones graves a la víctima activa y por la intervención de tres o mas personas.

Al mismo tiempo, Cantero y Vinardi están acusados de haber organizado y financiado la distribución y comercialización de material estupefaciente desde al menos el 24 de julio del 2021 hasta el 2 de octubre del 2021, en las ciudades de Villa Gobernador Gálvez y de Arroyo Seco, ambas de la provincia de Santa Fe. Para ello, se valieron de una red de personas integrada por el resto de los imputados quienes intervinieron en la distribución y el comercio ilegal empleado para ello violencia e intimidación.

Además, en los múltiples allanamientos realizados se incautaron armas blancas utilizadas para lesionar a la víctima, dinero y una importante cantidad de droga fraccionada para su venta. Esto último motivó el procesamiento de los involucrados en orden al delito de "tenencia de material estupefaciente con fines de comercialización".

La investigación 

La causa se originó a raíz de la privación ilegal de la libertad de una persona liberada luego del pago del rescate. Luego, la investigación realizada permitió establecer que el móvil del secuestro extorsivo se encontraba vinculado a una deuda originada por el tráfico ilegal de estupefacientes y que detrás del grave hecho ilícito por el que se inició la causa existía un grupo de personas organizadas por Cantero y Vinardi para comerciar estupefacientes. De esta actividad se derivaban otros delitos violentos cometidos por los integrantes de la banda. Por lo tanto, además de la primigenia intervención de la UFESE, se solicitó colaboración a la PROCUNAR, articulando y coordinando un trabajo mancomunado entre las tres dependencias.

El secuestro extorsivo en cuestión transcurrió el 23 de julio del 2021 alrededor de las 23, en inmediaciones de un punto de venta de estupefacientes ubicado sobre la calle Baigorria de Arroyo Seco y culminó a la madrugada del día siguiente en Villa Gobernador Gálvez. La víctima y un amigo se dirigieron en el automóvil de este último hacia el lugar para adquirir marihuana para consumo. Una vez allí, la víctima bajó y fue interceptado por un automóvil Chevrolet Astra, del cual descendió un sujeto uniformado que le refirió “alto policía”, mientras otro lo sorprendió por detrás y lo golpeó en la cabeza.

La víctima fue obligada a subir al rodado de sus captores, donde pudo identificar a cuatro sujetos. Lo mantuvieron cautivo en un lugar desconocido durante aproximadamente dos horas mientras realizaban diversas comunicaciones extorsivas con sus familiares. Tras contactar a su padre y pedir una suma inicial de cien mil dólares, ante la imposibilidad de reunir esa cantidad, aceptaron diez mil dólares y algunas joyas a cambio de la liberación de la víctima, lo que ocurrió tras efectuarse el pago.

A través de los testimonios de la víctima surgieron dos datos de interés: que el auto en el que fue secuestrado se encontraba en el lugar, lo que daba la pauta de que lo estaban esperando; y que la única persona que tenía conocimiento de asistiría al lugar era Malvestitti, con quien se había comunicado antes para pautar la compra. Esto permitió sospechar que el secuestro podía estar relacionado con la venta de estupefacientes realizada en el domicilio en el que Malvestitti convivía con Pascua, que se encontraba detenido en el penal de Coronda por una causa de comercialización de estupefacientes. Como parte de la investigación, se ordenó el allanamiento de la vivienda, donde se encontraron dos teléfonos celulares. En uno de ellos, propiedad de Malvestitti, se encontraron capturas de pantalla de los perfiles de redes sociales de la víctima, posiblemente para individualizarlo para quienes luego intervendrían en su secuestro.

El 24 de julio por la madrugada, Malvestitti recibió un mensaje de WhatsApp proveniente de su pareja, quien tenía conocimiento de la situación. En esa conversación, después de varios mensajes donde la pareja discutió y ella señaló que tenía deudas por su culpa (a lo que él manifestó que era porque lo habían allanado), Malvestitti le escribió a Pascua “tuve que mandar a secuestrar un pibe para que me caguen todo”. Con el resto del contenido de las conversaciones se pudo establecer que Cristian Avalle, en ese momento alojado en el penal de Piñero y asociado a Cantero, había participado a la distancia de la operación.

En el curso de la investigación se supo además que, un mes después del secuestro, Malvestitti visitó a Avalle en el penal de Piñero. La deuda que la pareja mantenía se originó luego de un allanamiento en el que perdieron una partida de drogas suministrada por Avalle y Cantero, por lo que entregaron y convocaron a la víctima para que sea secuestrado, a fin de saldar la deuda que tenían. Una vez llevado a cabo, Pascua le sugirió a Malvestitti que se comunicara con Avalle para reclamar su porción del botín, pero recibió como respuesta que se quedarían con ese dinero como cobranza de la deuda.

El juez Vera Barros procesó a Cantero, Vinardi, Avalle, Lencina, Vílches, Mansilla, Gregorio y Marina Núñez, Aznarez Espeche, Weber, Malvestitti, Pascua y Alcaraz, por el delito de "secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate exigido, por haberle causado a la víctima lesiones graves y por la participación en el hecho de 3 o más personas, robo agravado por el uso de arma y por haberse cometido en poblado y en banda, todos ellos en concurso real en calidad de coautores".

La investigación de este hecho permitió a su vez descubrir que los imputados comercializaban estupefacientes de manera regular, por lo que fueron procesados por comercio de drogas agravado por servirse de menores de dieciocho años, cometido con violencia e intimidación y por la participación de tres o más personas.