03 de diciembre de 2021
03 de diciembre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervención conjunta de las fiscalías federales, la PROCUNAR y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe
Rosario: tras 84 allanamientos, detuvieron a ocho integrantes de la banda de Los Monos
Los operativos se realizaron de manera conjunta entre la justicia federal y la provincial, en el marco de tres causas que incluyen maniobras de comercialización de estupefacientes, homicidios y un secuestro extorsivo.

Ocho integrantes de la organización narcoriminal denominada Los Monos fueron detenidos este fin de semana en el marco de 84 allanamientos conjuntos ordenados por los fueros federal y provincial. Los operativos se llevaron a cabo en las localidades de Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo y en los barrios Godoy y Triángulo, y fueron ordenados en el marco de una investigación conjunta por ambos fueros, donde se investigan maniobras de comercialización de estupefacientes, amenazas, extorsiones, homicidios y un secuestro extorsivo.

Las tareas se realizaron en el marco del Convenio de Cooperación entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, cuya Acta Complementaria en materia de narcocriminalidad y delitos vinculados fue suscripta el pasado 17 de septiembre por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini.

Los allanamientos incluyeron el pabellón en el que se encuentra alojado el líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, y la Unidad 11 del Servicio Penitenciario de Piñero, provincia de Santa Fe, donde está recluido Leandro Vinardi, miembro de alta jerarquía de la misma organización. Ambos están señalados de liderar intramuros tres ramificaciones distintas de su empresa criminal, que operaban en Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo y el barrio Godoy en la ciudad de Rosario.

Los operativos son fruto del trabajo coordinado entre las Fiscalía Federal N° 2 de Rosario, a cargo de Claudio Kishimoto; la Fiscalía Federal N° 3, a cargo de Adriana Saccone; la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), cuyo titular es Diego Iglesias; la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), a cargo de Santiago Marquevich; y la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

Ambos ministerios públicos coincidieron en que una de las zonas con mayor incidencia era el barrio de Godoy, y por este motivo el 18 de marzo pasado se creó un Equipo Conjunto de Investigación.

A principios de 2021 estos funcionarios comenzaron a establecer reuniones con miras a diseñar estrategias de intervención acordes con la gravedad, complejidad, magnitud y extensión de la narcocriminalidad y delitos conexos en la ciudad de Rosario. Ambos ministerios públicos coincidieron en que una de las zonas con mayor incidencia era el barrio de Godoy, y por este motivo el 18 de marzo pasado se creó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) en miras a desentrañar la existencia y el alcance de una estructura criminal compleja cuyas actividades tenía epicentro en ese territorio.

Con el avance de la investigación, se pudo comprobar la expansión del control territorial de la organización, en tanto se hallaron ramificaciones en la ciudad de San Lorenzo y Granadero Baigorria. En paralelo, se comprobó también la intervención de los jefes de la empresa criminal, Cantero y Vinardi, en un secuestro extorsivo ocurrido en la localidad de Arroyo Seco y que culminó en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, ambas de la provincia de Santa Fe.

La estructura de la empresa delictiva se integra por un gran número de personas, cuyo actuar coordinado se cristalizó en la multiplicidad de funciones y el distinto grado de responsabilidad develado por cada individuo.

Ante la prueba incorporada, la fiscalía federal solicitó la declaración indagatoria de los sujetos identificados y para ello, pidió su detención y el allanamiento de 32 domicilios, entre ellos el pabellón en el que se encuentra alojado Cantero en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, y en el que se alojan Pablo Nicolás Camino y Vinardi, en la Unidad 11 del Servicio Penitenciario de Piñero, provincia de Santa Fe.

Las medidas solicitadas por el MPF

El Ministerio Público Fiscal solicitó que los imputados sean trasladados a un establecimiento bajo la órbita de la Policía Federal Argentina para neutralizar su accionar delictivo. En el caso puntual de Cantero, dado que a la fecha se encuentra alojado en un establecimiento de máxima seguridad, se solicitó se refuercen las medidas necesarias a fines de evitar que articule su comunicación con el exterior por fuera de los canales habilitados por las autoridades penitenciarias.

En el pedido de las detenciones -que finalmente fueron concretadas-, los representantes del Ministerio Público Fiscal destacaron la “necesidad de proliferar este tipo de pesquisas en las que diferentes ámbitos del estado federal y provincial colaboran e intercambian recursos para abordar una problemática que impacta en ambas esferas y que, sin lugar a dudas, debe ser afrontada de esta forma para que la respuesta buscada sea adecuada".

Al mismo tiempo, remarcaron que los hechos investigados se caracterizan por haber sido organizados y dirigidos desde unidades de detención correspondientes a los servicios penitenciarios tanto federales como provinciales, “lo que expone una realidad cada vez más presente en este tipo de investigaciones de criminalidad organizada”.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, las problemáticas de criminalidad compleja desterraron la idea de que una persona cesaba su acción delictiva una vez detenida, “pues la restricción de la libertad de los involucrados en un establecimiento penitenciario no siempre importa la interrupción del ilícito”. Este tipo de fenómenos, indicó el MPF, se dan particularmente con quienes ejercen los roles de liderazgo en organizaciones criminales, “ya que tienen los medios suficientes -especialmente económicos- para estructurar las maniobras ilícitas”.