18 de abril de 2024
18 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Presentación conjunta de los fiscales Toranzos, Villalba y la Procunar
Salta: solicitaron la unificación de 13 causas que involucran el ingreso de una tonelada de cocaína desde Bolivia
Los fiscales consideraron que la “atomización” de las investigaciones que tramitan en la jurisdicción de Salta dificulta llevar adelante una pesquisa global sobre la organización –liderada por el empresario José Luis Sejas Rosales- que traficaba estupefacientes en camiones cisternas.

El titular de la Fiscalía Federal N°1 de Salta, Ricardo Toranzos, conjuntamente con el fiscal coordinador de ese distrito Eduardo Villalba y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, solicitaron la acumulación de las 13 causas que tramitan en esa jurisdicción, en las que se investiga el tráfico de estupefacientes proveniente de Bolivia a través de camiones cisternas pertenecientes al empresario José Luis Sejas Rosales. Para los representantes del Ministerio Público, la evidencia reunida en el marco de la investigación sustenta la imputación de Sejas Rosales como el organizador de una estructura internacional dedicada al tráfico de estupefacientes, a partir de la logística provista por sus diferentes compañías de transporte de cargas.

El pedido de los fiscales ante la justicia federal de Salta se fundamenta en razones de economía procesal, esto es, evitar la realización de idénticas medidas de prueba en cada una de las causas que investigan a Sejas Rosales y el conglomerado comercial conformado por él y algunos de sus familiares directos. La concentración de las actuaciones en un solo magistrado instructor –en este caso, el Juzgado Federal N°1 de Salta capital, a cargo de Julio Bavio- facilita además una correcta imputación que contemple el cúmulo probatorio en forma global.

Excarcelado

En abril pasado, Sejas Rosales había sido detenido y puesto a disposición del juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, en el marco de una causa en la que se detectó el transporte de cocaína diluida en casi 600 litros de un líquido depositado en el tanque de combustible de un camión, y del tráfico de unos 35.000 litros del precursor químico tolueno, consignado falsamente como alcohol etílico en la documentación aduanera. Apenas unos pocos días después, el mismo magistrado calificó los hechos bajo una figura excarcelable, al considerarlo como partícipe secundario de la tentativa de contrabando de importación de estupefacientes por la cocaína diluida, ignorando la imputación por contrabando del tolueno, pues había devuelto a su dueño el camión con la carga y el peritaje del líquido se conoció después de que el transporte pasara la frontera rumbo a Chile.

Tras la apelación de la Procunar y el fiscal general salteño Eduardo Villalba, la Cámara Federal de Salta apartó a Reynoso y designó al juez federal de Salta capital, Julio Bavio, para que continúe a cargo de la causa. En ese mismo pronunciamiento, los camaristas Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Jorge Luis Villada ordenaron concentrar en el juzgado de Bavio las nueve causas que por entonces tramitaban respecto del empresario boliviano. Antes de remitir los expedientes que tramitaban en el juzgado a su cargo en Orán, Reynoso ordenó la captura nacional e internacional de Sejas Rosales en otra investigación en la que se había detectado el 13 de marzo pasado en Tartagal uno de tres camiones –que circulaban juntos- de la firma Corporación Regional de Transportes Asociados (CRETA SRL), propiedad del empresario, con más de 21 kilos de cocaína.

Nuevos hechos

El trabajo conjunto y coordinado de los fiscales de la causa Ricardo Toranzos y José Luis Bruno, el fiscal coordinador de distrito Eduardo Villalba y el equipo de la Procunar a cargo del fiscal federal Diego Iglesias permitió incorporar otros cuatro hechos de contrabando que no estaban incluidos en la denuncia original. De este modo, la investigación relacionó la participación de la estructura montada por Sejas Rosales en el tráfico ilícito de, al menos, 918,505 kilogramos de cocaína y más de 35.000 litros de sustancias químicas necesarias para la elaboración de ese estupefaciente.

Las 13 causas que el MPF busca unificar abordaban el tráfico en forma atomizada: los choferes de los camiones eran, hasta la detección de los patrones comunes por parte de los fiscales, los únicos en responder por casos supuestamente aislados.

Las maniobras

Las diferentes investigaciones que se multiplicaron muestran un modus operandi que tienen como denominador común el ocultamiento de la carga de estupefacientes en camiones pertenecientes al conglomerado comercial a cargo de Sejas Rosales, con base en Santa Cruz de la Sierra, para su posterior ingreso a través de distintos pasos fronterizos de la provincia de Salta, particularmente el que une Yacuiba con la localidad de Profesor Salvador Mazza.

Así, el 2 de octubre de 2014, en el marco de un operativo de control llevado a cabo en el Asiento de la Sección Puente Internacional Salvador Mazza, se detectó un total de 18,9 kilogramos de cocaína ocultos en el interior de dos matafuegos ubicados en la parte externa del vehículo, propiedad de la firma “Transporte Transland Cargo”, con domicilio en Santa Cruz, Bolivia. Durante la indagatoria, el conductor del camión –que circulaba sin acoplado- dijo desconocer la procedencia de la mercadería secuestraba y deslindó cualquier responsabilidad en el hecho. En otros casos, la droga se encontraba oculta en el tanque de combustible alternativo. Más allá de la participación necesaria de los conductores, en todos los casos la investigación apuntó a dilucidar la estructura organizativa transnacional detrás de la operación.

El cruce de datos permitió demostrar que la totalidad de los vehículos secuestrados por traficar cocaína en el contexto de las causas investigadas se encontraban realizando transporte para CRETA SRL. Incluso un mismo vehículo fue utilizado por la empresa Transanic SRL y, seis meses después, por CRETA SRL para concretar dos contrabandos agravados, en los que incluso se falsificó la documentación del transporte.

Además de la vinculación familiar entre los dueños de los vehículos que transportaban la droga y los directivos de las firmas transportistas, la conexión entre los acusados incluye otras relaciones. En este sentido, una misma persona –Víctor Horacio Estrada- figura como apoderado, agente de transporte aduanero y suscriptor de las firmas Transanic SRL, Transporte JAC La Sierra SRL y Corporación Regional de Transportes Asociados Creta SRL, todas ellas investigadas por tráfico en las distintas causas abiertas.

“Una afrenta a la lógica”

Tras una descripción detallada de las maniobras investigadas y la vinculación (familiar, comercial, legal) existente entre los acusados de las mismas, el trabajo de los fiscales señala que sólo hay dos opciones. “O bien todos los ‘choferes traficantes’ realizan conductas de tráfico internacional de estupefacientes por su propia cuenta y se valen para ello de los camiones que manejan para las mencionadas empresas, o los empresarios responsables de aquellas firmas son quienes conforman una organización narcocriminal transnacional, con la consecuente ganancia económica que ello implica”. Luego, concluye: “Indudablemente, la primera opción es una afrenta a la lógica más elemental, que pudo prosperar hasta la actualidad a partir de una ilógica atomización de todas aquellas investigaciones vinculadas a la organización criminal. La unificación de las causas que aquí se propicia marcará el fin de esas concesiones”.

Los fiscales reclamaron además que se ordene la captura, para su posterior declaración indagatoria, de José Luis Sejas Vargas, Andrea Alejandra Sejas Vargas, Oliver Sejas Vargas, Humberto Gonzalo Vargas Arce y Freddy Pérez Ruíz, y que se amplíe la imputación respecto a José Luis Sejas Vargas como organizador y financista de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes, tanto nacional como internacional. Para el resto de los integrantes de la organización criminal sería aplicable la figura de transporte de estupefacientes prevista en el artículo 5 inciso c), agravada por el artículo 11 inciso ‘c’ de la ley 23737 por la intervención de tres o más personas en concurso real con el delito de contrabando de estupefacientes agravado por su destino comercial.

El Ministerio Público reclamó además que se ordene el secuestro de la totalidad de los vehículos que transportaban los estupefacientes (camiones y acoplados) ya que los mismos se encuentran sujetos a decomiso.