El Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a penas de hasta 15 años de prisión a tres imputados que fueron juzgados por liderar, financiar o integrar una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas desde Bolivia, y cuyo jefe operaba desde su celda en la Unidad N°1 del Servicio Penitenciario provincial, con la complicidad de las autoridades del penal.

Conforme la acusación del fiscal federal subrogante de la Unidad Fiscal San Luis, Cristian Rachid, y del fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Martín Uriona, el tribunal tuvo por acreditados los hechos juzgados durante el debate que finalizó el martes pasado y condenó a Rafael Dante Churquina, Daniel Hedel Becher y Efraín David Cortez.

Con la integración de las juezas María Carolina Pereira, María Paula Marisi y Gretel Diamante, el TOF le impuso a Churquina la pena de 15 años de prisión y el pago de una multa de 50 millones de pesos; a Becher, 13 años de prisión y una multa de 48 millones de pesos; y a Cortez, 4 años de prisión.

En concreto, se le atribuyó a Churquina organizar y financiar el tráfico de drogas desde la Unidad Penitenciaria N°1 de San Luis -donde estaba preso en una causa por abuso sexual-, blanquear los bienes producidos como consecuencia de eso y haberle pagado una coima al director y subdirector del penal en el que estaba alojado para poder operar desde ese lugar. En consecuencia, terminó condenado como autor del delito de organización y coautor del financiamiento del tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado por la intervención en forma organizada de tres o más personas, coautor del delito de cohecho activo y como autor de lavado de activos de origen delictivo, todos ellos en todos ellos en concurso real.

En el caso de Becher, se le atribuyó el financiamiento del narcotráfico y también lavar el dinero proveniente de esa actividad y haber pagado una dádiva a los mismos funcionarios penitenciarios. Por eso, fue condenado por los mismos delitos que Churquina, salvo por el de organización del tráfico ilícito de drogas, solo atribuido al primero de los sentenciados.

A su turno, Cortez fue condenado como partícipe secundario del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte -desde la provincia de Jujuy hacia San Luis- agravado por la intervención en forma organizada de tres o más personas.

A instancia del MPF, el tribunal también ordenó el decomiso de dos inmuebles, dos fondos de comercio, 15 automóviles, motos, bicicletas, electrodomésticos, dinero y dispositivos electrónicos. También, que en el caso de Churquina, que se le dé intervención al Servicio Penitenciario Federal (SPF) para evaluar su incorporación al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).

Detrás de sus abogados defensores, los condenados Rafael Dante Churquina, Daniel Hedel Becher y Efraín David Cortez (de izquierda a derecha). Foto: captura de Zoom

Durante el debate, resultó fundamental la declaración de los integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que llevaron a cabo la investigación, como así también la reproducción de los audios de las conversaciones mantenidas por los acusados y el aporte de un imputado colaborador que permitió conocer la dinámica interna de la organización enjuiciada.

Asimismo, al momento de solicitar la pena, los fiscales hicieron hincapié en la gravedad de los delitos llevados a cabo desde el establecimiento penitenciario y destacaron la labor institucional del MPF, en particular, en el marco de la mesa de trabajo conformada desde 2021 por la Procuración General de la Nación, en relación a la temática del desarrollo del delito complejo desde la cárcel.

“El caso bajo estudio del tribunal no es uno más de narcotráfico, sino que se trata de uno que reviste gravedad particular, pues no solo se ha llegado a descubrir a los organizadores y financistas del delito, sino que esas conductas eran desplegadas por su cabecilla desde el establecimiento carcelario en el que estaba detenido por otro delito grave”, dijeron los representantes del MPF durante su alegato.

En ese sentido, Rachid y Uriona remarcaron que para que ello ocurra “necesariamente se requiere de una estructura administrativa corrupta y esto también se evidenció con la cooptación del director y subdirector de la unidad penitenciaria en la que estaba alojado, ambos ya condenados en esta causa”.

Según la investigación, la cocaína que traficaba la organización provenía de la ciudad de Villazón, Bolivia. En el debate, el MPF probó que Churquina arbitró los medios necesarios para enviar a la provincia de Jujuy la suma de 12.500 dólares -de los cuales 10.000 fueron aportados por Becher-, para comprar poco más de cinco kilos de cocaína. Según los fiscales, la compra de la droga se sustentó con 6.000 dólares (1.200 dólares por cada paquete o “ladrillo” de cocaína), mientras que la suma restante se destinó a “mantener la cadena de provisión”.

Antes del inicio del debate, se llevaron a cabo acuerdos de juicio abreviados con los otros siete acusados en el proceso, quienes fueron condenados a diferentes penas de prisión por intervenir en las maniobras de narcotráfico y de lavado de activos, como así también, en el caso del director y subdirector del penal provincial, por haber aceptado los sobornos. Los acuerdos fueron homologados por el TOF el 31 de julio pasado.

El TOF indicó que los fundamentos de la sentencia se conocerán dentro de los próximos 20 días hábiles.

El caso

La causa se inició el 31 de agosto de 2023, cuando la PSA detuvo en la provincia de Jujuy a una persona que estaba por entregar un bolso con 5,263 kilogramos de cocaína y que tenía como destino final la ciudad puntana de Villa Mercedes. Esto desencadenó una serie de allanamientos en esa ciudad y, con el devenir de la pesquisa, se detuvo a otras nueve personas, además de incautarse estupefacientes, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo.

A partir de estos operativos, y al descubrirse que manejaba la organización desde su lugar de detención, uno de los allanamientos se dispuso en la celda del principal acusado, Churquina, que se encontraba alojado en la Unidad Penitenciaria N°1 de San Luis. Allí se hallaron elementos prohibidos y funcionales a la actividad criminal que habría desplegado desde su lugar de alojamiento. Incluso, se determinó que tenía montada "una oficina" en la que se halló material estupefaciente, teléfonos celulares, una notebook, pendrives, cuadernos y carpetas con documentación, un talonario de pagarés y hasta una balanza de precisión.

Según la investigación del MPF, la actividad del líder de la organización fue posible gracias a la complicidad del director y el subdirector de la unidad, Jorge Ángel Orozco y Mario Ojeda, dos de los condenados en un acuerdo de juicio abreviado. Ambos fueron condenados por cohecho pasivo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Orozco, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión y Ojeda a 3 años y 3 meses. Para ambos, también se dispuso la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.