El Juzgado Federal de San Luis procesó el martes pasado a diez personas por su participación en una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y al posterior lavado de activos de origen ilícito. De acuerdo a la investigación, el líder manejaba la banda desde su lugar de detención, por lo que también se procesó a dos funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial de San Luis. El pedido de procesamiento había sido realizado de manera conjunta por la Fiscalía Federal de San Luis, a cargo de Cristian Rachid, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), cuyo titular es Diego Iglesias.

Tras la investigación llevada adelante por el MPF, el juez federal Juan Esteban Maqueda dictó el procesamiento con prisión preventiva del líder y los diferentes miembros de la organización al señalarlos como responsables de los delitos de "transporte y comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, lavado de activos de origen ilícito y cohecho agravado". También fueron detenidos y procesados los miembros del servicio penitenciario por "el transporte de estupefacientes agravado por intervenir en su comisión tres o más personas organizadas", por incumplimiento de sus deberes de funcionario público y por el cobro de dádivas.

El caso

La causa se inició el 31 de agosto de este año, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo en la provincia de Jujuy a una persona que estaba por entregar un bolso con más de cinco kilos de cocaína y que tenía como destino final la ciudad de Villa Mercedes. Esto desencadenó una serie de allanamientos en esa ciudad, donde se detuvo a otras tres personas, además de incautarse estupefacientes, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo.

A partir de estos operativos, y bajo la sospecha de que manejaba la organización desde su lugar de confinamiento, se dispuso también el allanamiento de la celda del principal acusado, que se encontraba alojado en la Unidad Penitenciaria 1 de San Luis. Allí se hallaron elementos prohibidos y funcionales a la actividad criminal que habría desplegado desde su lugar de alojamiento: de acuerdo a la investigación, tenía montada "una oficina" en la que se halló material estupefaciente, teléfonos celulares, una notebook, pendrives, cuadernos y carpetas con documentación, un talonario de pagarés y hasta una balanza de precisión.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que la actividad del líder de la organización fue posible gracias a la participación del alcalde penitenciario y del adjutor principal, ambos funcionarios del servicio penitenciario quienes tras la supuesta obtención de dádivas, incurrieron en un incumplimiento de sus deberes funcionales en favor del principal acusado y también de otros integrantes de la sociedad criminal, que recibían un trato preferencial dentro de la Unidad Penitenciaria al momento de las visitas.

Cabe resaltar que dentro del expediente, una persona declaró como imputado colaborador en los términos de la ley 27.304, lo que permitió conocer el funcionamiento de la organización, determinar quiénes eran las personas utilizadas como testaferros, las empresas y los lugares que se utilizaban para el lavado de dinero y sus modalidades. Finalmente, se logró avanzar respecto del manejo que poseían dentro del establecimiento penitenciario y los beneficios que el principal imputado tenía para organizar la comisión de delitos desde su celda.