Tras un exhaustiva investigación llevada adelante por el fiscal Jorge Gustavo Onel -que era titular de la Fiscalía Federal N°1 de Santa Fe y que ahora está cargo de la Unidad Fiscal Santa Fe-, el Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción dispuso el llamado a declaración indagatoria de cinco personas -cuatro de ellas, policías provinciales- en el marco de una causa donde se investiga la posible conformación de una asociación ilícita dedicada al comercio de estupefacientes. Entre los involucrados se encuentra el excomisario Lucas Gabriel Nos, que tenía a cargo el Grupo de trabajo de Las Colonias, perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.

El excomisario había sido procesado con prisión preventiva por malversación de caudales públicos y encubrimiento y ahora fue llamado nuevamente a indagatoria por el delito de asociación ilícita. También fueron indagados Matías José Cosentini y María Belén Muratore, quienes se desempeñaban como suboficial y oficial, respectivamente, del mismo grupo de trabajo.

Además, fue llamado a declarar -señalado como integrante de la asociación- Daniel Segovia, procesado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en un expediente concomitante a esta causa y quién, de acuerdo a la hipótesis acusatoria, era quién proveía de droga  a los policías.

Esas cuatro personas imputadas declararon en distintas fechas en los últimos días, mientras que la próxima semana deberá comparecer, acusado por el delito de confabulación, Néstor Rosales, jefe de la Dirección Regional de Investigación Criminal sobre narcotráfico División Regional Operativa N° 2. Por esa figura, prevista en el artículo 29 bis de la ley 23.737, ya fue indagado Cosentini.

De acuerdo con la imputación fiscal, la droga adquirida por los efectivos policiales era transportada y distribuida en “búnkeres” o “kioscos de drogas” ubicados en distintas localidades de Las Colonias.

La asociación ilícita

Al momento de pedir las indagatorias, el MPF había marcado que se relevaron elementos suficientes para considerar que Nos, Cosentini y Muratore habrían conformado junto a otras personas (entre las que se encuentra Segovia) “una asociación ilícita delictiva de carácter estable, con soporte estructural y división de roles, que habría tenido por objetivo la comisión de distintos hechos ilícitos”. En el escrito, se puntualizó que el fin ”fundamental y último” de esa asociación habría sido el tráfico de estupefacientes con finalidad de lucro en las localidades que conforman el departamento Las Colonias de la provincia de Santa Fe; fundamentalmente en la ciudad de Esperanza, aunque también se constató en Franck, Las Tunas, San Carlos, Progreso y San Agustín.

La fiscalía señaló que justamente en esas localidades los acusados tenían la función de prevenir y perseguir ese accionar por su calidad de agentes policiales de la Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Las maniobras habrían tenido lugar cuanto menos desde septiembre de 2022 y hasta mayo de 2023. Este período fue constatado a través de las conversaciones halladas en el celular de Cosentini y que fueron citadas como prueba por la fiscalía.

Tras el análisis de ese material, surgió que Nos, Cosentini y Muratore, de manera planificada y coordinada, se habrían provisto de importantes cantidades de estupefacientes. Su principal proveedor habría sido Segovia, a quien le habrían abonado en efectivo grandes sumas de dinero. En ese sentido, en un video incluido en el expediente se pudo observar que Cosentini le paga a Segovia. El material adquirido por los efectivos policiales era luego transportado y distribuido entre distintos “búnkeres” o “kioscos de drogas” ubicados en distintas localidades de Las Colonias (fundamentalmente en Esperanza), cuyos encargados se dedicarían a la comercialización al menudeo.

“En ese contexto, los encargados de esos puntos no solo les habrían abonado a los policías mencionados el precio del material provisto, sino que también les habrían pagado una ‘cuota' comprensiva de la ‘habilitación’ para ejercer esa actividad y de la ‘garantía/protección’ en su accionar ilegal”, sostuvo la fiscalía.

En esa línea y como contraprestación, los agentes policiales habrían evitado cualquier investigación propia y medida intrusiva en esos lugares y les habrían informado en torno a investigaciones de otras fuerzas y a las denuncias que surgían.

De las conversaciones mantenidas entre los imputados se desprendió que aquellos “kioscos” que no abonaban la cuota en tiempo y forma, que se “excedían” de los términos acordados o que incumplían con el modus operandi fijado por los policías, eran seleccionados para ser denunciados penalmente. Eran en esos lugares donde se hacían operativos donde se encontraba material estupefaciente con el objetivo de “sacarlos de circulación en el negocio”.

La fiscalía sostuvo que los encargados de los búnkeres "no solo les habrían abonado a los policías mencionados el precio del material provisto, sino que también les habrían pagado una ‘cuota' comprensiva de la ‘habilitación’ para ejercer esa actividad y de la ‘garantía/protección’ en su accionar ilegal".

“Los agentes Nos, Cosentini y Muratore, se habrían encargado del ‘trabajo sucio’, esto es, de comunicarse con quienes en definitiva implementaban las acciones de narcomenudeo en las localidades del departamento Las Colonias (provincia de Santa Fe), accionar que habrían implementado vía telefónica y en persona (acercándose hasta los domicilios de aquellas personas o encontrándose en puntos previamente acordados)”, se explicó. Ese "trabajo sucio" implicaba por un lado el aprovisionamiento a aquellos puntos de venta de material estupefaciente, previo acuerdo respecto del precio de venta; y, por otro, el cobro del producido de la comercialización al menudeo, que se habrían distribuido entre sí.

Con respecto al cobro de la cuota, el MPF marcó que no era más que un monto fijado previamente por la cúpula policial “en contraprestación por las ventajas que les habrían garantizado, a saber: en primer lugar, la posibilidad de implementar el accionar ilegal libremente, sin ser ‘molestados’ por la fuerza policial; en segundo lugar, la inexistencia de investigaciones y/o la falta de implementación de medidas intrusivas en esos lugares que impliquen la frustración de la actividad; y en tercer lugar, la circulación de información atinente a las denuncias, pesquisas y posibles medidas intrusivas en curso de esos lugares”.

Confabulación

Para la fiscalía, Cosentini y Rosales “habrían tomado parte en una confabulación para cometer el delito de tráfico de estupefacientes en el departamento Las Colonias (Provincia de Santa Fe), llevando a cabo un conjunto de acciones interrelacionadas que tenían por objeto esa actividad, valiéndose al efecto de su condición policial”, entre agosto de 2021 y el 25 de febrero de 2022.

El MPF resaltó el contenido de las conversaciones halladas en el celular de Cosentini. “Cabe tener por configuradas las distintas vinculaciones (entre los aquí encartados entre sí y respecto de su zona de actuación, esto es, las localidades del departamento Las Colonias -provincia de Santa Fe-) que, lejos de ser ocasionales, denotan a una actividad común destinada a aquel fin”, marcó el fiscal.

Indicó entonces que las evidencias recolectadas dieron cuenta que los policías señalados “habrían gerenciado el tráfico de estupefacientes en la jurisdicción -particularmente en la localidad de Esperanza y zona-, habilitando su comercio al menudeo en diferentes puntos de venta -búnkeres- a cambio de dinero”. Todo ellos, valiéndose de su condición policial.

“En cuanto a la selección de Cosentini y Rosales y la calificación escogida que, si bien existirían nombradas otras personas que habrían podido verse involucradas en el accionar ilegal ventilado, al no haberse comprobado -cuanto menos de momento- una exteriorización conductual compatible con la imputación por parte de ellos, de momento esta Fiscalía Federal no impulsará la acción penal”, explicó el MPF.