El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero condenó a 9 años de prisión a un imputado, y a 6 años a otros dos, por encontrarlos responsables del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres personas organizadas para cometerlo, en una causa iniciada cuando en 2022 fueron detenidos en un control vehicular con casi diez kilos de cocaína.

Durante el juicio intervino la Fiscalía General ante el TOF santiagueño, a cargo de Indiana Garzón, y los alegatos estuvieron a cargo del fiscal auxiliar Pablo Álvarez, quien trabajó junto al equipo integrado por Edith Salomón, Romina Daneri, Natalia Epstein.

El caso

El hecho ocurrió el 19 de agosto de 2022 cuando dos de los ahora condenados viajaban en un vehículo particular por la Ruta Nacional N° 16, procedentes de la provincia de Salta y con destino a la localidad santiagueña de Monte Quemado.

Efectivos de la Gendarmería Nacional los detuvieron en un puesto para realizar un control de documentación y con un perro detector de narcóticos.

Al reaccionar el can, se solicitó autorización al juez federal interviniente, quien ordenó la inspección del vehículo donde se encontraron 9,836 kilogramos de cocaína acondicionados en nueve paquetes rectangulares.

Según la investigación judicial, en ese mismo procedimiento se logró acreditar que el vehículo era guiado por otro automóvil, quien oficiaba de “puntero”. Para esta persona fue la pena mayor de 13 años, ya que se logró demostrar su rol protagónico en el transporte de los estupefacientes.

Alegatos y sentencia

En la etapa de alegatos de clausura, el fiscal auxiliar Álvarez comenzó su acusación atribuyendo a los tres imputados el traslado de los casi diez kilos de cocaína.

Con la prueba testimonial, pericial y las constancias agregadas a la causa, el Ministerio Público Fiscal solicitó ante el TOF santiagueño -integrado por los jueces Federico Bothamley y Abelardo Jorge Basbús, y por la jueza Ana Carina Farias-, que se condenara a los tres acusados a penas de 11, 7 y 6 años de prisión.

El tribunal receptó el pedido de la fiscalía e impuso penas cercanas a las requeridas -una por 9 años de cárcel y dos por 6 años-, y además dispuso el decomiso de los vehículos incautados en la investigación, tal como también había requerido el representante del MPF. El 27 de agosto se conocerán los fundamentos de la sentencia.