21 de mayo de 2022
21 de mayo de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato de la Fiscalía General N° 4 y la Procuraduría de Narcocriminalidad
Solicitaron penas de hasta 18 años de prisión para integrantes de la organización acusada de ingresar estupefacientes desde Paraguay a través de Itatí y de comercializarlos en el país
La pena mayor fue requerida para quien es considerado el máximo responsable de la estructura criminal, Carlos "Cachito" Bareiro. Se pidieron condenas para otros once acusados y acusadas, entre ellos, el ex comisario de la Polícia de Itatí y dos miembros de la Polícia Federal. Se les endilgan los delitos de asociación ilícita y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, agravado por haberse servido de menores de dieciocho años de edad y por la intervención de funcionarios públicos.

El titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, junto al titular de las Fiscalía General N° 4, Juan Patricio García Elorrio, y el auxiliar fiscal de la PROCUNAR, Martín Uriona, solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 penas que van desde los tres años y tres meses hasta los dieciocho años de prisión para doce personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la ciudad de Itatí, en la provincia de Corrientes. Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron dieciocho años de prisión para el líder de la estructura criminal, Carlos "Cachito" Bareiro, además de una multa de 33 mil pesos, entre otras sanciones económicas para el resto de los acusados.

La fiscalía solicitó la imposición de nueve años y medio de prisión para el ex comisario de la Polícia de Itati, Osvaldo Ocampo Alvarenga; nueve años de prisión para los agentes de la Polícia Federal Rubén Ernesto Ferreyra y Carlos Víctor López; ocho años y seis meses de prisión para Ezequiel Arnaldo Saucedo y Jorge Eduardo Espinosa; ocho años de prisión para Alejandro Ramón Gayoso y Melanio Mareco Vargas; siete años y medio de prisión para Edgardo Javier Coria (se requirió unificación de pena); siete años de prisión para Carlos Luis Romero; cuatro años y medio de prisión para Angélica Viviana Saucedo; y cuatro años y tres meses de prisión para Silvina Soledad Ayala.

Todos ellos y ellas fueron acusados de los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en la modalidad de comercio- en calidad de coautores (exceptuando Viviana Saucedo y Silvina Ayala, ambas consideradas partícipes secundarias), agravado por haberse servido de menores de dieciocho años de edad y por la intervención de funcionarios públicos. A su vez, el MPF pidió que se ordene la extracción de testimonios con el objeto de que se investigue la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica y falso testimonio en los que habría incurrido el testigo Walter Daniel Zanek.

"La prueba rendida durante el debate permitió demostrar acabadamente que los aquí imputados, al menos desde el mes de mayo del 2014 hasta el mes de marzo del 2017, formaron parte de una asociación ilícita con contactos internacionales", acusó el fiscal Iglesias.

En la audiencia de ayer, realizada a través de la plataforma virtual Zoom, el fiscal auxilar Uriona concluyó con la valoración de la prueba y luego el fiscal Iglesias finalizó con el petitorio en la cuarta audiencia del alegato del MPF. "A lo largo del alegato hemos analizado y hemos considerado que se encuentra acreditado que Bareiro cumplió el rol del organizador. Fue la persona que dispuso y preparó a un conjunto de individuos. Coordinó los medios necesarios para lograr ese fin determinado. Bareiro articuló las tratativas necesarias, no solo con Coria sino también con otros sujetos que al día de la fecha no han podido ser identificados, pero que sí tomaron participación en el hecho, dando las directivas pertinentes a los fines de lograr el desplazamiento comercial de la droga".

Añadió que "Bareiro distribuyó los roles que debía cumplir cada uno de los sujetos involucrados. Se ocupó de la adquisición de la marihuana. Ejerció un control en el traslado de la droga hasta el final donde fue finalmente secuestrada". En este mismo sentido, la fiscalía señaló que Bareiro tenía claras "tareas de conducción impartiendo órdenes, con un amplio poder de gestión".

"La prueba rendida durante el debate permitió demostrar acabadamente que los aquí imputados, al menos desde el mes de mayo del 2014 hasta el mes de marzo del 2017, formaron parte de una asociación ilícita con contactos internacionales que se valió de distintas técnicas y procedimientos para llevar adelante el trafico ilícito de estupefacientes, especialmente marihuana. Desde su introducción al país vía fluvial, proveniente de la Republica de Paraguay, a través de la Ciudad de Itatí, hasta su distribución y comercialización por el resto del país", desarolló Iglesias.

A su vez, señaló: “Está probado que se valieron de personas menores de edad y de funcionarios públicos, algunos de ellos, de fuerzas de seguridad de federales y provinciales”.

En las 39 causas conexas y vinculadas a la organización se incautó (entre 2011 y 2017) un total de 18 toneladas de marihuana en 28 procedimientos.

Estructura criminal

Durante el alegato, los fiscales consideraron acreditado acreditado que la asociación ilícita realizaba contactos con proveedores de la República de Paraguay para luego ingresarla a través del río Paraná, a la altura de la ciudad de Itatí. En este marco, explicaron, la organización acopiaba el material estupefaciente en las cercanías de la localidad de Ita Corá, localizada sobre el margen paraguayo del río y en múltiples islas presentes en la zona, desde donde era introducido posteriormente mediante embarcaciones a Argentina. En las 39 causas conexas y vinculadas a la organización se incautó (entre 2011 y 2017) un total de 18 toneladas de marihuana en 28 procedimientos.

Luego, describieron los fiscales, la sustancia ilícita era acopiada en cargamentos en distintos puntos de la localidad de Itatí y sus alrededores, en zonas agrestes, oculta entre la vegetación. Añadieron que, finalmente, la estructura criminal, que contaba con diversos vehículos de pequeño, mediano y gran porte, instrumentaba la distribución y la comercialización de las sustancias estupefacientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca. Según la acusación, la organización contaba con diversos objetos logísticos, como pequeñas embarcaciones, una gran cantidad de teléfonos celulares, armas de múltiples calibres y proyectiles.

En las intervenciones de las comunicaciones telefónicas que fueron expuestas en las audiencias como parte de la prueba, los acusados empleaban palabras como “dorado” y “surubí”, o frases como “tengo el pescado a 300” haciendo alusión a los cargamentos de material estupefaciente, o bien “lechuga” o “verdes” para referirse a los efectivos de las fuerzas de seguridad.