El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó el martes pasado a la pena de 9 años de prisión a un exintegrante de Gendarmería Nacional, experto en investigaciones por narcocriminalidad, por haber sido uno de los coordinadores de una maniobra de transporte de 161 kilos de cocaína descubierta en mayo de 2025 en la localidad salteña de Aguaray. El caso fue investigado y litigado hasta el juicio oral, por la fiscal federal Lucía Orsetti y la auxiliar fiscal Lourdes Milani, de la Sede Fiscal Descentralizada Tartagal.

La sentencia recayó sobre el exsargento Carlos Alberto Sorani, exjefe del área de Inteligencia del Escuadrón 52 “Tartagal”. Por unanimidad, las juezas Marta Liliana Snopek, Gabriela Elisa Catalano y María Alejandra Cataldi lo consideraron coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por su calidad de funcionario público, al finalizar un debate oral que se había iniciado en abril pasado.

Si bien estuvo dirigida por la sede fiscal mencionada, de la investigación también participaron unidades investigativas de Gendarmería Nacional, de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad (UFINAR) del Ministerio Público Fiscal de Salta y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación (DATIP).

El caso

La investigación se originó el 5 de mayo de 2025, cuando personal del Escuadrón 54 de Gendarmería detuvo una camioneta Ford Ranger sobre la ruta nacional 34, a la altura de Aguaray. Durante la inspección, un perro adiestrado marcó anomalías en el vehículo y se descubrió un doble fondo oculto en la caja, entre el respaldo de los asientos traseros y en el piso del vehículo, donde se acondicionaban 161 kilos de cocaína. La camioneta era conducida por Oscar Navarro, quien viajaba acompañado por su pareja Gloria Cardozo.

A partir de ese procedimiento, la fiscalía impulsó distintas medidas de prueba para reconstruir la maniobra y establecer las responsabilidades de los distintos involucrados. Entre ellas, se realizaron análisis de teléfonos celulares, informes de geolocalización e impactos de antenas de telefonía, tareas de inteligencia y relevamientos de cámaras de seguridad públicas y privadas.

La investigación permitió determinar que Navarro y Cardozo actuaban únicamente como transportistas y que la maniobra había sido organizada por Sorani, quien acumulaba más de 26 años de trayectoria en Gendarmería, gran parte de ellos en áreas de inteligencia criminal vinculadas a investigaciones de narcotráfico.

La pesquisa también estableció que Sorani había sumado a la maniobra al cabo primero Alexis Aguirre, quien al momento del hecho se desempeñaba como chofer del Grupo Motorizado del Escuadrón 52 “Tartagal” y contaba con experiencia previa en unidades antidrogas.

Además, se identificó la participación de Héctor Horacio Acosta, un vecino de Salvador Mazza que facilitó un galpón para ocultar la camioneta utilizada en el transporte. Como proveedor de la droga y presunto jefe de la organización fue señalado Gustavo Ariel Barrios, sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional en otra causa por narcotráfico.

Los "ladrillos" de cocaína secuestrados tenían la imagen de un delfín en bajorrelieve. Foto: GNA

Las cuatro condenas previas

Los gendarmes Sorani y Aguirre fueron detenidos el 29 de mayo de 2025. Luego de la audiencia de control de la acusación realizada el 28 de noviembre de ese año, el caso fue elevado a juicio.

El 19 de diciembre de 2025, Navarro fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva y Cardozo recibió una pena de 3 años de ejecución condicional, en el marco de un acuerdo pleno homologado por la jueza federal de garantías de Tartagal Ivana Hernández.

Posteriormente, el 4 de marzo de este año, Aguirre fue condenado a 6 años de prisión efectiva mediante otro acuerdo pleno homologado por la jueza Snopek. En tanto, el 7 de junio pasado, Acosta recibió una pena de 5 años de prisión efectiva. En todos los casos fueron considerados coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado.

El rol de Sorani en la maniobra

Durante el debate, la fiscalía describió la secuencia de hechos que permitió reconstruir cómo se organizó el transporte de la droga y el papel desempeñado por cada uno de los involucrados.

Según la acusación, el prófugo Barrios fue quien proveyó la cocaína ingresada desde Bolivia, mientras que Sorani tuvo a su cargo la organización logística de la operación.

La fiscalía sostuvo que la maniobra comenzó a delinearse el 30 de septiembre de 2024, cuando Sorani y Aguirre viajaron a la ciudad de Salta y mantuvieron un encuentro con Barrios, quien ya se encontraba prófugo por incumplir un arresto domiciliario.

En esa reunión, Barrios entregó la camioneta Ford Ranger que luego sería utilizada para el transporte de la droga. De acuerdo con la acusación, ese encuentro constituyó el primer paso concreto de la operación narcocriminal.

La investigación acreditó luego que el vehículo permaneció primero bajo control de Sorani y más tarde de Aguirre. Como parte de la prueba incorporada al juicio, la fiscalía señaló que el 27 de noviembre de 2024 Aguirre había sido interceptado en un control vehicular en El Dorado, Misiones, donde personal de la propia Gendarmería le retuvo la cédula verde porque el rodado no estaba a su nombre.

Otro elemento relevante surgió de un control efectuado el 25 de marzo de 2025 en Aguaray. En esa ocasión, el vehículo presentaba un doble fondo recientemente acondicionado, aunque no se detectó droga.

Después de ese episodio, la camioneta fue ocultada en un galpón perteneciente a Acosta, ubicado en el barrio Ferroviario de Salvador Mazza.

La fiscalía también acreditó que el 25 de abril de 2025 Sorani viajó junto a Barrios hasta Morillo en un automóvil Chevrolet Cruze de su propiedad. El objetivo, según la acusación, era convencer a Aguirre de realizar el transporte. Ante la negativa del cabo primero, Sorani contactó a Navarro para que asumiera esa tarea.

La asistencia al transporte y las comunicaciones

Las representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que Sorani y Aguirre actuaron como apoyo logístico y “coche puntero” del cargamento.

El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir que el 5 de mayo de 2025 ambos imputados viajaron desde Tartagal hasta Salvador Mazza, retiraron la camioneta del domicilio de Acosta y luego la entregaron a Navarro, quien la mantuvo en su casa hasta iniciar el traslado esa misma noche.

La fiscalía también destacó que el seguro del vehículo era abonado por Aguirre y expuso una serie de comunicaciones entre Sorani y Navarro que evidenciaban el seguimiento permanente del traslado.

La detención del sargento Soriani se llevó a cabo el 25 de mayo de 2025 en la vía pública. Foto: GNA

En ese contexto, se incorporaron mensajes enviados por Sorani y luego eliminados de inmediato, lo que motivó reclamos del conductor porque no alcanzaba a leerlos. “Qué borraste gay…”, fue uno de los textos escritos por el gendarme, exhibidos por la fiscalía. Cuando Navarro dejó de responder, Sorani insistió con llamados y nuevos mensajes, situación que coincidió con el momento en que el transportista ya había sido detenido. “Che pedazo de t… contestame el teléfono pues”, fue otro de los mensajes.

Días más tarde, el Chevrolet Cruze de Sorani fue encontrado abandonado sobre la ruta nacional 34, a la altura del barrio Justo Juez de Salvador Mazza.

“Se cruzó de bando”

Durante su alegato de clausura, la fiscalía remarcó que Sorani había desarrollado buena parte de su carrera en áreas especializadas en la lucha contra el narcotráfico y que incluso había recibido reconocimientos por su desempeño.

En ese sentido, las representantes del MPF remarcaron que “este experto en inteligencia criminal que juró cuidar la frontera, luchar contra el crimen y la delincuencia, se cruzó de bando e hizo todo lo contrario”.

También resaltaron que Sorani intervino activamente en la coordinación de la maniobra y que incluso decidió suspender temporalmente el traslado cuando supo de la llegada a la zona de la entonces ministra de Seguridad de la Nación y actual senadora, Patricia Bullrich.

Finalmente, la fiscalía destacó que la cocaína secuestrada tenía una pureza del 58%, lo que permitía producir más de 936 mil dosis destinadas al consumo, y señaló que el cargamento poseía un valor estimado superior a los 2.824 millones de pesos.

Los fundamentos del tribunal

Al momento de dar a conocer los fundamentos de la condena, la presidenta del tribunal sostuvo que la defensa “no pudo desarticular las contundentes pruebas del caso” y calificó la versión ofrecida por Sorani como “una película que no ha sido probada”. Snopek cuestionó que el acusado hablara de una supuesta conspiración en su contra sin aportar elementos concretos que respaldaran esa hipótesis.

A su vez, destacó que el Ministerio Público Fiscal presentó “un caso sólido, con abundancia de pruebas” y afirmó que “a Sorani le gusta andar al filo de la navaja, y esa navaja se la clava”.

Por su parte, la jueza Cataldi adhirió a los fundamentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal y coincidió en que la versión brindada por el acusado fue “una película que quiso vendernos”, al entender que sus planteos quedaron desvirtuados por la prueba reunida y los testimonios incorporados durante el debate.

Por último, la jueza Catalano remarcó que Sorani, por su condición de integrante de Gendarmería, “debió haber detenido” a Barrios en lugar de reunirse y viajar con él. Asimismo, rechazó que la baja remuneración que percibía o los problemas de salud alegados por la defensa —producto de un infarto y otras secuelas cardíacas— pudieran justificar su accionar delictivo.