El fiscal federal Jorge Di Lello solicitó la elevación a juicio de catorce personas por tráfico de estupefacientes. Los imputados habrían llevado a cabo varios actos ilícitos vinculados al comercio de drogas -transporte, almacenamiento, distribución y su posterior comercialización- en el interior de la villa 31 y 31 bis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante la investigación se llevaron adelante numerosos allanamientos que tuvieron lugar en abril y junio de este año, donde se logró detener a todos los imputados.

La investigación se inició en agosto de 2012, a raíz de un llamado anónimo a la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, que denunciaba que en las casas 1; 2 y 3 de la Manzana 105 del Sector Playón de la Villa 31 del Barrio de Retiro de esta ciudad, se desarrollaban actividades vinculadas con la comercialización de drogas.

La Fiscalía Federal Nº1, en cuatro meses, solicitó la elevación a juicio del expediente. En abril de este año, el representante del MPF pidió al juez Ariel Lijo una serie de allanamientos a viviendas donde se estarían comercializando estupefacientes, el magistrado hizo lugar al pedido y se llevaron adelante los procedimientos, en los cuales se detuvo a los imputados y se secuestraron armas. Asimismo, el fiscal pidió que las viviendas allanadas sean recuperadas para un fin social y, en mayo, el juez federal ordenó recuperarlas. Una de ellas fue entregada al programa  ATAJO para que la convierta en la Biblioteca Popular Carlos Mujica, que será inaugurada mañana por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, junto al fiscal federal Di Lello. El proyecto, que fue realizado articuladamente por la Dirección General de Acceso a la Justicia, el Juzgado Federal n° 4 y la Fiscalía Criminal y Correccional n° 1,  tiene como objetivo restituir al barrio aquellos espacios territoriales ganados al delito.

Según se desprende del requerimiento de elevación a juicio, los imputados, con roles definidos, mantenían el control de la droga que ingresaba al barrio y la finalidad era su comercialización. En este sentido, Di Lello señaló que los imputados tenían como objetivo “obtener ilícitamente los ingresos provenientes del comercio de estupefacientes, independientemente de la función que momentáneamente debieran cumplir, ya sea como punto de venta (en algunos casos ocasionales), como organizador de la actividad o incluso como custodio de los negocios, oficiando de espía, siendo estos los señalados como 'soldados', 'centinelas', 'campanas', 'satélites'".

Asimismo, explicó que el negocio ilícito crecía y eso iba de la mano de una mayor dominación del territorio por parte de la banda. “La organización ha expandido el ámbito geográfico de influencia, utilizando la intimidación y la violencia, como forma de lograr que vecinos del barrio, disgustados con su accionar o habitantes de viviendas estratégicamente ubicadas, abandonaran sus viviendas que luego eran ocupadas por ellos para sus actividades”, manifestó el fiscal.

En relación al origen de la sustancia comercializada, la fiscalía señaló que la misma llega, “se almacena, fracciona y distribuye, en una primera instancia, en los barrios marginales, pues allí el control estatal es ínfimo o nulo, siendo además territorios donde los productores fácilmente encuentran mano de obra barata, pues suelen ser habitados por personas con extremas necesidades”. Sobre este punto, Di Lello explicó que el narcotráfico se convirtió en un “negocio trasnacional con una concreta división del trabajo, y si bien cada individuo debe responder por la participación que le cabe, no es justo que siempre se vea afectado quien menores recursos tiene, y no me refiero solamente a lo económico, sino a aquellos que determinan sus condiciones de vida.”

Sobre las viviendas recuperadas

A instancias de la Fiscalía Federal N ° 1 y de la mano de un relevamiento de los lugares y necesidades del barrio, se solicitó al magistrado la asignación de algunas propiedades utilizadas por los narcos para ser destinadas a espacios de cultura e integración. En mayo de este año, el juez federal Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4, ordenó la entrega de tres domicilios allanados, ubicados en el interior de la villa 31. Uno de ellos fue otorgado a la Dirección General de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación, a cargo de Julián Axat, para la creación de una “Biblioteca popular de Derecho”, y a las autoridades de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la construcción de un Centro de Desarrollo Empresarial y Laboral y un Centro Educativo para Adultos. El fiscal federal Jorge Di Lello, había solicitado al magistrado recuperar las viviendas para darles ese fin.-