El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, dictó el procesamiento de seis personas en el marco de una investigación por una millonaria estafa al PAMI por parte de los titulares de ocho farmacias, al haber insertado datos falsos en recetas de la obra social. Por parte del Ministerio Público Fiscal intervino la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI -UFI-PAMI- a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, dependencia que realizó una amplia colaboración en la causa.

De acuerdo a la investigación, la defraudación se materializó a través de la introducción en casi 500 recetas originales del PAMI de troqueles apócrifos, datos falsos de afiliados al Instituto que no precisaban insumos y medicación para diabéticos, así como también de médicos y “terceros intervinientes” que eran los que presuntamente retiraban la medicación.

Se comprobó que entre los acusados, además de los responsables, titulares o directores técnicos de las farmacias, se encontraban dos agentes del Instituto que habrían realizado una importante labor, al haber dado de alta en el sistema informático del organismo con sus claves a afiliados que no eran diabéticos, o que no requerían esa medicación o insumos, y cuyos lugares de residencia eran zonas alejadas tanto a las propias dependencias del Pami, como también a las farmacias donde figuraban que retiraban los medicamentos o insumos médicos, todo lo cual sin ese aporte la maniobra no podría haberse consumado.

Se destacó en esa oportunidad que los datos de los “terceros intervinientes” resultaron en su mayoría falsos, pese a ser requisito del Instituto la corroboración de la identidad de esas personas para la entrega del medicamento, y que respecto del perjuicio patrimonial al momento de los hechos se calculó en aproximadamente tres millones de pesos ($ 3.000.000), lo que se acreditó en virtud de las recetas efectivamente liquidadas y que no fueron observadas a pesar de la dispensa simulada.

Por otro lado, es importante resaltar que se trabaron embargos sobre los imputados por considerables cifras económicas, específicamente más de sesenta millones de pesos ($ 60.000.000), además de ordenar la realización de una profunda investigación patrimonial de cada uno de ellos, con el fin de obtener el recupero de los bienes sustraídos a la Obra Social Nacional, habiéndose realizado la correspondiente actualización de los valores según la cotización del B.C.R.A.

Finalmente, es de destacar que las penas que podrían ser pasibles de sanción en contra de los encausados, atañerían no sólo a prisión efectiva, sino también a inhabilitaciones especiales por el doble del tiempo de la condena, además de las sanciones pecuniarias ya mencionadas.