La Unidad Fiscal Rosario, representada por los fiscales federales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, con la colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI), que encabeza el fiscal federal Santiago Marquevich, formalizó la imputación contra un médico cardiólogo y un licenciado en enfermería, acusados de defraudar al INSSJP-PAMI mediante la facturación de prestaciones médicas que jamás realizaron.

Se trata del médico cardiólogo M.G.A. y el licenciado en enfermería M.A.P., las mismas personas que en junio pasado habían sido detenidas e imputadas por la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto por ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina. Esa investigación se inició como un desprendimiento de la pesquisa por las presuntas maniobras defraudatorias contra PAMI que ahora fueron formalizadas en Rosario.

En la audiencia de formalización, celebrada el 26 de agosto pasado, el juez federal de Garantías Carlos Alberto Vera Barros confirmó el plazo de investigación de seis meses solicitado por la fiscalía, hasta el 25 de febrero de 2027, a la espera de una serie de peritajes sobre dispositivos móviles y computadoras incautadas. Además, en línea con lo planteado por los representantes del MPF, dispuso como medidas de coerción el sometimiento periódico al proceso y la prohibición de salida del país.

La investigación comenzó a partir de una denuncia formulada en abril pasado por la UFI-PAMI, a raíz de una investigación preliminar que daba cuenta de las maniobras desarrolladas por los acusados. Así, a través del sistema CUP del PAMI, el cardiólogo informó que, entre octubre de 2023 y octubre de 2024, había realizado 36.085 prácticas médicas —entre ellas, ecocardiogramas, ergometrías y monitoreos ambulatorios (estudios Holter)— a nombre de 4.982 afiliados. Por esas prestaciones, la obra social le abonó 579.943.598,88 pesos.

Luego, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, el médico informó otras 14.546 prácticas supuestamente realizadas a 2.275 afiliados, por las cuales el organismo debería haber pagado 147.974.775,68 pesos. Sin embargo, ese monto no fue abonado al advertirse determinadas irregularidades.

Las evidencias recabadas por el área de Criminalidad Económica, Trata y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal, a cargo de la fiscal Soledad García, incluyeron el testimonio de los afiliados, que residen en distintas provincias del país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes negaron haberse atendido con el médico, a lo que se suma la imposibilidad fáctica de haber podido realizar la cantidad de prácticas facturadas —para las cuales los acusados se valieron de los datos personales de afiliadas/os de todo el país— y el cruce con las bases de datos migratorias que demostraron que, al momento de la realización de esos estudios, el cardiólogo no se encontraba en el país.

Según expuso la fiscalía, también se determinó que, en junio de 2024, los acusados compraron una vivienda. Para ello, habrían presentado ante la escribana que intervino en la operación, documentación apócrifa y lo hicieron a través de una sociedad sin actividad comercial real, constituida por ambos, como pantalla para dar apariencia de legalidad a los fondos.

En la audiencia, los representantes del MPF encuadraron sus conductas como defraudación en perjuicio de la Administración Pública —consumada y en grado de tentativa— y lavado de activos.

El antecedente: suministro de fentanilo y morfina y ejercicio ilegal de la profesión

Esta denuncia por presunta defraudación contra PAMI es la que derivó en que las dos mismas personas fueran detenidas en junio pasado, en el marco de una investigación de la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto.

Tras allanamientos realizados en domicilios de las localidades de Acebal y Wheelwright, se encontraron elementos que indicaban que tenían montado un consultorio médico sin habilitación. Entre otros elementos, se secuestraron 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina, además de insumos y elementos para prácticas médicas.

Al formalizar la investigación, la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto les atribuyó los hechos al médico M.G.A. y al enfermero M.A.P. y los calificó como suministro ilegal de estupefacientes fuera de los casos previstos por la terapéutica y con destino ilegítimo —al primero como autor y al segundo como partícipe necesario— y ejercicio ilegal de la profesión, en carácter de coautores.

El juez federal de Garantías de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, formalizó la investigación y, a requerimiento del MPF, dispuso la prisión preventiva de ambos por 90 días.