El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal comenzó hoy con el proceso contra el fiscal Julio Castro, titular de la Fiscalía Nº13 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional. Durante la audiencia, se leyó la resolución donde están contenidas las acusaciones contra el magistrado, que incluyen episodios de acoso laboral y sexual y también de maltrato. Además, declararon tres personas, entre las cuales estuvo una de las víctimas.

El Tribunal está presidido por Adriana Donato, en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Lo integran César Grau, por el Senado de la Nación; el fiscal Juan Carlos Paulucci, por el Ministerio Público Fiscal; Francisco Panero, en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados; Laura Giosa, del Consejo Interuniversitario Nacional; Alejandra Obregón, también por el Ministerio Público Fiscal; y Héctor Recalde, representante del Poder Ejecutivo Nacional. Los últimos tres participaron de la audiencia en forma virtual.

La acusación la llevan adelante el fiscal general ante los Tribunales Orales Federales de Rosario, Federico Reynares Solari, y la fiscal general ante los Tribunales Orales de Santiago del Estero, Indiana Garzón. Las defensoras de Castro son las abogadas Roxana Piña y Pamela Aguirre.

Con la asistencia del personal de la Dirección de Informática y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF, el debate se celebra en el salón Nelly Ortiz de la sede de la Procuración General de la Nación situada en Avenida de Mayo 760 con participación presencial y virtual de las partes para mantener todos los cuidados debido a la situación de la pandemia por COVID-19.

En efecto, la acusación intervino por medios de participación remotos mientras que la defensa estuvo presente en el recinto. Antes del ingreso al salón, los y las integrantes de todas las partes, el tribunal y el personal interviniente fueron sometidos a hisopados rápidos. El proceso comenzó luego de conocidos los resultados negativos en todos los casos.

Cuando los miembros del Tribunal tuvieron que deliberar acerca de una cuestión preliminar, se dirigieron hacia otros de los salones que la Procuración General puso a disposición. Desde allí, debatieron con aquellos miembros que están conectados a través de la plataforma Zoom y pudieron discutir sin inconvenientes. Además, en pos de proteger el testimonio de las damnificadas y de los daminificados, se habilitó la posibilidad de que declaren en otra sede y con presencia de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

Luego de la lectura de la acusación, el fiscal Castro dijo que no estaba en condiciones de hacer ninguna manifestación, ya que manifestó que no se encontraba “en condiciones físicas ni psíquicas” de continuar en el lugar, por lo que solicitó retirarse de la sala. Antes de que comenzaran las declaraciones, se leyó a pedido de los acusadores un informe realizado por la DOVIC sobre las entrevistas telefónicas que tuvieron las profesionales de esa dependencia con las damnificadas. Cabe resaltar que profesionales de esa oficina acompañan a las denunciantes antes y también lo harán después de los testimonios que brindarán en el proceso.

La acusación

A Castro se le atribuyen diversos actos de acoso sexual y laboral, además de situaciones de maltrato reiteradas y sostenidas en el tiempo, que configuraron un abuso de poder por parte del fiscal. Además, se lo acusó de haber llevado adelante numerosos actos de maltrato laboral contra empleados y funcionarios.

En la resolución, se incluyó también un episodio de contacto inadecuado de Castro con una joven menor de edad a través de la red social “Twitter” y la acusación de maltrato que hizo quién fuera en su momento su pareja, hechos que derivaron en una condena a seis años y seis meses de prisión por abuso sexual y lesiones. El Tribunal de Enjuiciamiento incorporó la causa al debate, que actualmente está en la instancia de Casación.

La instrucción del sumario estuvo a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, titular de la Fiscalía Federal Nº1 de Mar del Plata, quien refirió un patrón de conducta donde se identificaban una serie de casos individuales que presentaban características similares. “Todas las conductas atribuidas se caracterizan por la cosificación de sus empleados/as y su consecuente despersonalización, accionar que por repetición y características horada de manera muy honda en la personalidad”, sostuvo. Mencionó los maltratos; las descalificaciones; el hecho de que los vaciaba de tareas o los cambiaba de funciones o los amenazaba con iniciarles un sumario.

Ese informe de la instructora fue elevado al Consejo Evaluador, que sugirió que se dispusiera la apertura de la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento, lo cual fue dispuesto por el procurador general interino Eduardo Casal en noviembre de 2019. El caso llegó finalmente a esta instancia luego de que aquella resolución atravesara dos instancias recursivas.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la sentencia podrá ser absolutoria o condenatoria y deberá dictarse en un plazo no mayor a quince días luego de que el presidente del tribunal declare cerrado el debate. Para que haya sentencia deben reunirse cinco votos en un sentido. La decisión puede ser recurrida ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.