"Toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones previstas por esta ley", establece el artículo 1° de la ley 27.275, de derecho de acceso a la información pública, que entró en vigencia el 29 de septiembre 2017.

Desde entonces y hasta el 30 de junio pasado, el Ministerio Público Fiscal de la Nación -sujeto obligado por el artículo 7°, inciso d, de aquella norma- tramitó 258 pedidos de acceso a la información y derivó 55 a otros organismos.

La ley 27.275 fue publicada en el Boletín Oficial el 29 de septiembre de 2016 y entró en vigor un año después. En ese plazo, el MPF adecuó su estructura al estándar fijado por la norma. Creó en su ámbito la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), la cual fue implementada a través de la Resolución PGN 2757/17, y desarrolló un Portal de datos abiertos desde donde se puede acceder a información sobre el funcionamiento del MPF y a información producida por el organismo, como a gestionar las solicitudes específicas.

Esa política organizacional tenía antecedentes en la Resolución PGN 914/2013, que creó el Plan de Transparencia Institucional del organismo que, entre otras cosas, planteaba la necesidad de mejorar los mecanismos de acceso a la información y la participación ciudadana. Entre otras acciones de trascendencia, se renovó el portal web institucional del MPF y se creó el sitio oficial de noticias Fiscales.gob.ar

Las solicitudes de acceso

Los principios que rigen el sistema precisan que toda persona humana o jurídica tiene derecho a acceder a la información pública; el trámite es gratuito con excepción de los costos de reproducción del material; en ningún caso es obligatorio especificar para qué se precisa la información solicitada; sólo se requiere nombre, DNI y/o CUIT y datos de contacto para responder el pedido; las solicitudes deben responderse en un plazo no mayor a 15 días hábiles y, en casos excepcionales que deben ser comunicados a la persona solicitante, puede ser prorrogable por otros 15 días hábiles; y por incumplimiento o denegación puede acudirse al Poder Judicial.

Toda persona humana o jurídica tiene derecho a acceder a la información pública y en ningún caso es obligatorio especificar para qué se precisa la información solicitada.

De acuerdo con el Portal de datos abiertos, las solicitudes de acceso a la información (SIP) crecieron desde 2017, cuando se registraron los primeros 16 casos, a 35 en 2018, 62 en 2019, 100 en 2020 y, finalmente, 45 en los primeros seis meses del año en curso.

La mayoría de las solicitudes de acceso a la información contemplaron la actividad de las áreas especializadas que actúan en la órbita de la Procuración General con un 40% (procuradurías, unidades fiscales, direcciones generales, etc.). Le siguen las fiscalías del MPF, principalmente en materia penal (27%). Esto refleja que la mayoría de las solicitudes ingresadas hasta el momento se vinculan con la actividad jurisdiccional del organismo como parte del sistema de administración de justicia (67%).

Por otro lado, en lo que respecta a la información ligada a la administración del MPF, un 23% de las SIP se refiere a los recursos humanos del organismo, mientras que un 9% se relaciona con la actividad administrativa propiamente dicha.

Las solicitudes ingresadas para acceder a las declaraciones juradas de los y las magistrados/as y funcionarios/as obligados/as a brindarlas involucra un 1% de los casos. Su solicitud se rige por un procedimiento especial dispuesto por las leyes 25.188 y 26.857 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, y las resoluciones PGN N° 792/2014 y PGN N° 838/2017. Para poder acceder a esa información, se ha creado, dentro del Portal de datos abiertos del MPF, un formulario que debe completarse vía online. Allí se detalla además todo el procedimiento que luego debe seguirse para acceder a la información buscada.

En cuanto a los tipos de delitos o temáticas jurídicas involucrados en las SIP, la mayor cantidad la registran las solicitudes vinculadas a robo de automotores (15), criminalidad económica (13) y “género y violencia contra la mujer” (12). Luego siguen los pedidos sobre delitos vinculados a causas por “corrupción” con 11 solicitudes, y con 5 se encuentran los vinculados a “narcocriminalidad”, “violencia institucional”, “ciberdelitos” y “abuso sexual”. Mientras que la categoría “Otros delitos” agrupa a 24 SIP. Asimismo, los pedidos de información relacionados con temáticas jurídicas no penales fueron 9. Le siguen con 4 las SIP vinculadas a “Lesa humanidad”, mientras que tres SIP se vincularon con la “Trata de personas”. Además, se recibieron dos SIP referidas al “Recupero de activos/Decomiso”. Finalmente, hubo tres pedidos de información vinculados a delitos en el marco de la pandemia causada por la enfermedad Covid-19.

Del total de solicitudes recibidas por la AAIP, 38 fueron formuladas por organizaciones de la sociedad civil (29 por organizaciones no gubernamentales, cinco por asociaciones sindicales de empleados y funcionarios del sistema de administración de justicia, una por asociaciones de magistrados y fiscales de la Nación, otra por una asociación civil de emprendedores, otra por una asociación civil de abogados, y la restante por una fundación). Las otras 220 fueron realizadas por distintos ciudadanos. De estas últimas, cinco correspondieron a legisladores nacionales, 24 se presentaron por periodistas, 61 por abogados de la matrícula, otras 74 por ciudadanos particulares, tres por agentes del MPF, tres por agentes del Poder Judicial, y dos por funcionarios de organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, en 48 SIP no hubo información sobre el o la solicitante.