El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que debe anularse la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal que dejó sin efecto la condena a prisión perpetua dictada por el Tribunal Oral Criminal N°8 respecto a un hombre acusado de asesinar a su madre en el barrio porteño de Palermo.

El caso

La investigación, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°16, se inició el 26 de diciembre de 2013, cuando el imputado bajó a la vivienda de su madre –ya que vivían en el mismo edificio- y la encontró fallecida, tal como sostuvo durante la instrucción y el debate oral. Sin embargo, de acuerdo a la acusación los peritajes demostraron que discutió con su madre, la golpeó y la tiró al suelo de la cocina, donde la estranguló.

El 21 de diciembre de 2015, en consonancia con el pedido de pena efectuado por la titular de la Fiscalía General N°6 ante los TOC, Diana Goral, el Tribunal Oral en lo Criminal N°8 lo condenó a prisión perpetua en orden al delito de homicidio agravado por el vínculo, omitiendo la acusación por abuso sexual. La defensa del imputado recurrió la decisión y la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, por unanimidad, hizo lugar al recurso y anuló la condena a prisión perpetua lo que motivó, a su vez, el recurso extraordinario federal del Ministerio Público Fiscal que, ante su denegatoria motivó la presentación directa.

En su presentación, la fiscalía sostuvo la arbitrariedad del pronunciamiento apelado, por considerar que Casación analizó erróneamente los fundamentos de la sentencia de condena, omitió tratar cuestiones esenciales relativas a la demostración del hecho y la responsabilidad del imputado, entre otras cuestiones.

El dictamen ante la Corte Suprema

Al analizar la cuestión, el procurador fiscal -y procurador general interino- ante la CSJN, Eduardo Casal, consideró que resultó arbitraria la descalificación de la condena impuesta al sommelier por el homicidio de su madre y que el pronunciamiento de Casación "no se ajustó a las constancias de la causa y fue apoyado en fundamentación sólo aparente, por lo que corresponde descalificarlo como acto jurisdiccional válido”.

“También resulta defectuosa la fundamentación del fallo impugnado en relación con la absolución que, según el a quo, correspondería dictar como consecuencia de la anulación de la sentencia de condena", indicó. En tal sentido, estimó que la resolución también es arbitraria por cuanto para sostener la imposibilidad de realización del juicio de reenvío citaron jurisprudencia  “sin analizar mínimamente las circunstancias de dichos casos y cotejarlas con las del presente”, consideró.

Finalmente, el jefe de los fiscales sostuvo que la nulidad decretada por la Sala I de Casación “estuvo dirigida a evitar la restricción de la garantía de defensa en juicio, lo que descartaría entonces en ese supuesto la violación en el caso de los principios de preclusión y progresividad, así como la de la prohibición de doble juzgamiento”. Y concluyó que “aunque en el sub examine no se encuentra cuestionada de manera expresa la capacidad de este Ministerio Público para impugnar, estimo pertinente destacar que tampoco resultarían afectados aquellos principios como consecuencia del ejercicio de esa función de control, por la que se pretende evitar la confirmación de una sentencia absolutoria que afecta la legalidad que este órgano debe defender”.