El Ministerio Público Fiscal participó del Encuentro de Formación para Dirigentes Sindicales de la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, realizada entre el 13 y 14 de marzo en San Carlos de Bariloche para los delegados de la región Sur. Fue en el marco del reciente convenio firmado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbo, y el secretario general del gremio, Víctor Santa María.

El objetivo del acuerdo es establecer una relación de colaboración institucional, técnica y académica para el desarrollo de actividades conjuntas destinadas a suprimir las barreras que restrinjan el pleno ejercicio de derechos.

El responsable y la coordinadora de los encuentros, el secretario de Organización e Interior de la FATERYH, Osvaldo Bacigalupo, y la abogada Verónica Wahlberg, junto al secretario general del SUTERyH de Río Negro, Luis Cionfrini, dieron la bienvenida a los delegados y a los representantes del MPF. La región sur de la FATERYH está compuesta por las filiales de Río Negro, Tierra del Fuego, Neuquén, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca.

La presentación institucional por parte del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo del coordinador del Programa de Formación comunitaria en derechos de la Dirección de Capacitación Fiscal Estratégica, Juan Antoniassi, quien expresó la importancia de la construcción de una ciudadanía activa que sea agente replicadora de derechos. También, se refirió a la política del MPF que tiene como objetivo la capacitación de la sociedad con el fin de que todos tengan el derecho de acceso a la justicia.

La coordinadora de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano, expuso sobre “El delito de trata de personas y la reinserción de sus víctimas”. Describió las principales características de esta modalidad delictiva como una violación a los derechos humanos fundamentales e insistió en que las organizaciones dedicadas a captar, trasladar y explotar tanto laboralmente como sexualmente a mujeres y varones tienen un alto grado de coordinación y logística.

Mángano aseguró que “la persecución penal de este delito implica un cambio de paradigma del derecho penal tradicional en tanto se tiene en especial consideración el aprovechamiento de la vulnerabilidad ajena por parte de personas que acentúan la desigualdad social y la privación de derechos humanos fundamentales de sus conciudadanos. Y destacó la importancia de “los compromisos internacionales asumidos por nuestro país”.

Por su parte, Germán Feldman de la Procelac expuso sobre “Créditos para el consumo: la reproducción de las desigualdades en el sistema financiero y los derechos de los consumidores frente a la usura y el abuso económico”. Analizó la forma en que las finanzas –tanto a través de la banca formal como de prestamistas, mutuales, cooperativas o empresas de tarjetas de crédito– irrumpieron en la economía familiar de los trabajadores mediante la oferta de créditos con tasas más altas que las del sistema financiero y dedicó gran parte de su intervención en puntualizar cuales son las herramientas legales existentes para enfrentar la usura y el abuso económico que realizan numerosos oferentes de créditos. Señaló que los derechos del consumidor -que incluyen al consumidor financiero- que se encuentran reconocidos en la Constitución Nacional y en la Ley 24240 de Defensa del Consumidor y enfatizó en el derecho a una información adecuada, trato digno y a evitar abusos.

Además, Feldman informó sobre los topes máximos de tasa de interés dispuestos a mediados del año pasado por el Banco Central de la República Argentina, inexistentes anteriormente, y aseguró que “es de vital importancia que se conozcan y se difundan ya que es algo sobre lo que existe poca información”.

El representante de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos sostuvo que “la existencia del delito de usura, que es un delito contra la propiedad, es prácticamente desconocido aunque se encuentra inserto en el Código Penal desde principios de la década del '70". Feldman concluyó señalando que son hechos “poco investigados en los tribunales, poco denunciados, pese a que es indiscutible que en la sociedad la práctica usuraria está ampliamente extendida”.