El Área de Asistencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (CNCCC) pone a disposición un boletín con la reseña de las resoluciones de ese tribunal referidas a planteos de excarcelación o alternativas morigeradas de la defensa que se suscitaron frente al brote epidemiológico del COVID-19.

El documento sintetiza y ordena los fallos dictados por la Cámara hasta el 6 de abril. Hasta ese momento no se registraron casos en los que se haya dispuesto la libertad únicamente en función del riesgo que representa la pandemia ante la situación de encierro, sino que se han ponderado otras variables. Los roles de cuidado de hijos/as menores de edad; los riesgos procesales; el tiempo que lleva la persona en prisión preventiva; y la fecha probable de fijación de fecha de debate teniendo en cuenta el contexto que atraviesa el país son algunas de las cuestiones que se analizaron, en tanto que también se ha aplicado el Código Procesal Penal Federal.

Cabe resaltar que en la mayoría de los casos, los jueces han deliberado por medios electrónicos, con el Presidente en la Cámara y los dos restantes vocales por teleconferencia. Las únicas excepciones han sido dos de los casos que fueron resueltos por la Sala de Turno (integrada unipersonalmente) con base en las excepcionales circunstancias. Además, las decisiones se comunican a los tribunales por oficio electrónico, ya que la remisión del incidente en papel se realizará luego de que finalice la feria judicial extraordinaria dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las encargadas del boletín María Luisa Piqué y Lucila Martínez destacaron que distintos organismos se expidieron sobre la situación de encierro y la pandemia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Comunicación de Prensa 66/2020, instó a los Estados a enfrentar la grave situación de las personas privadas de su libertad, a fin de resguardar su salud, su integridad y asegurar condiciones de detención acorde a los parámetros de derechos humanos. En este sentido, recomendó la adopción de una serie de medidas dirigidas a evaluar las prisiones preventivas que puedan ser sustituidas por medidas alternativas, con especial prioridad a grupos de riesgo. 

En ese sentido, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que los órganos de la jurisdicción adoptaran los recaudos indicados por la CIDH (proveído de presidencia, de fecha 2/4/2020). Dicha Cámara también encomendó, a través de la acordada 3/2020, que se le dé un trámite preferente a las cuestiones referidas a las personas privadas de la libertad que conformaran grupos de riesgo. Allí también instó a las autoridades competentes a la adopción de un protocolo para la prevención del coronavirus en situaciones de encierro. 

Por su parte, la Procuración Penitenciaria de la Nación también recomendó la adopción de medidas de prevención y cuidado del coronavirus, en resguardo del derecho a la salud de las personas privadas de su libertad (expte. “EP274”, recomendación de fecha 18/3/2020). Además, el Servicio Penitenciario Federal implementó la “Guía de actuación para la prevención y control del COVID-19 en el Servicio Penitenciario Federal” con el objetivo orientar las actuaciones de los agentes penitenciarios para proteger la salud y bienestar de las personas privadas de la libertad y de las personas que trabajan allí; como así también para prevenir el contagio dentro de los establecimientos penitenciarios.