En el marco del “Proyecto de Fortalecimiento Institucional para la implementación de Tribunales de Tratamiento de Drogas”, Juan Manuel Casanovas y Juan Manuel Olima, titulares respectivamente de la Secretaría Disciplinaria y Técnica y de la Secretaría General de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, recibieron a una delegación mexicana. Asimismo, también estuvieron presentes funcionarios que integran el “Programa sobre Justicia Terapéutica del Ministerio Público Fiscal”, creado por el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, mediante resolución PGN N°75/2018.

La delegación visitante estaba integrada por Alejandro Carlín Balboa –responsable del Juzgado de Garantías de Adolescentes Infractores de Monterrey, Estado de Nuevo León-; Mariano Moctezuma Castillo –juez especializado en materia de Justicia para Adolescentes de la ciudad de Juárez, Estado de Chihuahua-. Asimismo, también participaron María Jimena Monsalve -titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°5- y Sol Purita, en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Durante la reunión, los presentes intercambiaron experiencias sobre el rol del fiscal en el Tribunal de Justicia Terapéutica y las experiencias y buenas prácticas para evitar la lógica adversarial del proceso.

El Programa sobre Justicia Terapéutica del Ministerio Público Fiscal fue creado mediante resolución PGN N°75/2018 y funciona en el ámbito de la Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al Proceso Penal que interviene en el control y seguimiento de las suspensiones del proceso a prueba dictadas en el fuero Nacional en lo Criminal y Correccional.

Los magistrados a su cargo ejercerán en forma conjunta o alternada la representación del Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°5, en las actuaciones referidas a los participantes que sean incluidos en el programa, que “propicia la identificación temprana de los consumidores de estupefacientes en el contexto del proceso penal, y les ofrece acceso inmediato a un tratamiento bajo la supervisión directa de un juez”. Asimismo, el plan ofrece un tratamiento integral, a través de las herramientas que provee la justicia terapéutica, a las personas que padecen un consumo problemático de sustancias y que hubieren obtenido, en el marco de un proceso penal, la suspensión del proceso a prueba o la condena de ejecución condicional, priorizando los procedimientos de flagrancia, de conformidad con la legislación penal sustantiva y procesal vigente”.