El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y el fiscal general de la República de El Salvador, Rodolfo Antonio Delgado Montes, suscribieron hoy un convenio de cooperación interinstitucional con el propósito de potenciar las investigaciones criminales de diferentes materias que se lleven a cabo en cada país.

La firma del acuerdo se llevó a cabo este mediodía en la sede de la Procuración General de la Nación, ubicada en Teniente General Perón 667 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El instrumento tiene como objetivo compartir experiencias, desarrollos, avances, estrategias de investigación y litigio, capacitación técnica entre ambas instituciones, así como el intercambio de información en el marco de investigaciones.

El acuerdo entre los representantes de los ministerios públicos fiscales de Argentina y El Salvador atribuye "especial relevancia a los esfuerzos encaminados a defender los derechos humanos fundamentales y las garantías procesales" y reconoce "la importancia de continuar el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación entre ambas instituciones en la persecución de la delincuencia organizada transnacional".

El procurador Casal estuvo acompañado por el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, y el director general de Cooperación Regional e Internacional, Diego Solernó. Foto: M. Pellón

En ese sentido, pone de relieve los compromisos asumidos por ambos países en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional, y tiene en cuenta el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre los Ministerios Públicos y Fiscales Miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).

El instrumento -cuya vigencia será de 3 años- consta de 19 cláusulas en las que se pauta la colaboración en la investigación de ciberdelitos, terrorismo, corrupción, criminalidad económica y recuperación de activos, violencia de género, crímenes de lesa humanidad, asistencia y protección a víctimas y testigos, análisis criminal, acceso a la justicia, información espontánea, equipos conjuntos de investigación, cooperación jurídica y capacitación.