El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, abrió ayer la jornada “Los desafíos de la administración de justicia en la protección de los derechos de las personas mayores”, organizada por la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-PAMI), a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, y la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH), que encabeza Andrea Pochak, en el Salón Auditorio de la sede de la Procuración General de la Nación, ubicada en la calle Tte. Gral. Perón 667, en el microcentro porteño.

En sus palabras iniciales, el procurador Casal enfatizó sobre la necesidad de reforzar la integración a la sociedad de las personas mayores y lograr de esta manera que todos puedan ejercer sus derechos. En este mismo sentido, añadió que ello "conlleva para el Ministerio Público manifestaciones en los distintos campos jurídicos, en el civil, en el derecho penal, el derecho de la seguridad social. Desde el ámbito de la Procuración hemos venido desarrollando todas estas tareas a través de unidades especializadas, reforzando así el compromiso institucional en la materia”.

Por su parte, el titular de la UFI-PAMI, Javier Arzubi Calvo, agradeció a los presentes y remarcó que “cada uno de los expositores cumple un rol muy importante para el desarrollo de la temática”. Asimismo, recordó que, en ocasión de establecer el Día Internacional de las Personas Mayores, la Organización de las Naciones Unidas trazó objetivos “tendientes a garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos de las personas mayores”.

Tras ello tuvo  lugar la primera mesa de exposiciones sobre los “Desafíos de la Convención Interamericana para la administración de justicia”, en la que participaron Flavia Piovesán, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y responsable de la Unidad de Derechos Humanos de las Personas Mayores, quien lo hizo de forma virtual a través de una exposición grabada desde Colorado, Estado Unidos, donde actualmente se encuentra sesionando la CIDH. De ese panel, también participaron el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich y Javier Palummo, director de investigación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), con la coordinación de Andrea Pochak.

Piovesán celebró la realización de la actividad en el marco del Ministerio Público Fiscal de Argentina y remarcó la importancia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores ­-la primera en el mundo sobre la temática-, a la vez que analizó su alcance, características, avances e impacto. Además, se refirió a los desafíos en torno a su implementación y al rol de la nueva Unidad temática de la CIDH, de la que es titular.

En esta misma línea se expresó el procurador fiscal Abramovich, quien brindó definiciones relativas a la Convención y sus lineamientos, señalando que “se inscribe en un nuevo modelo de instrumentos internacionales, dirigidos a grupos en situación de desigualdad estructural, que demandan otro tipo de respuesta por parte del Estado en su función de protección y garantía". Asimismo, desarrolló los tres principios centrales sobre los que se asienta el tratado: igualdad y no discriminación, autonomía y vida libre de violencias.

A su turno, Javier Palummo relató la participación del IPPDH en la elaboración de la Convención, destacó los desafíos pendientes y enfatizó en la importancia para los países del Mercosur de contar con este instrumento. Finalmente, Pochak puntualizó en la necesidad de abordar desde el sistema de administración de justicia un “enfoque diferenciado” para no caer en la “trampa de la neutralidad”, garantizando así  los derechos de las personas mayores. Por otra parte, destacó el trabajo conjunto realizado con la UFIPAMI, que quedó plasmado en un documento que analiza la nueva Convención.

El segundo panel abordó “La protección del derecho a la salud y a la seguridad social de las personas mayores” y en ella disertaron Sergio Cassinotti, director ejecutivo del PAMI; Victoria Pérez Tognola, jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social; Mariana Grinberg, fiscal federal del mismo fuero  y Martín Converset, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante su exposición, Cassinotti hizo un repaso de su gestión al frente del PAMI y destacó los principales logros y desafíos. Por su parte, Pérez Tognola analizó la situación del fuero de la seguridad social y las principales problemáticas que se tramitan, en tanto que Mariana Grinberg hizo hincapié en el rol protectorio de la administración de justicia –y especialmente del Ministerio Público- en la defensa de los derechos de las personas mayores. A su turno, Converset detalló el marco normativo de la ciudad y el modo en que el poder judicial local responde a las demandas de ese grupo social.

Finalmente, el tercer panel giró en torno a “El deber de investigar y sancionar todas las formas de violencia contra las personas mayores”, con las exposiciones de los fiscales Guillermina García Padín, titular de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP) y de Fernando Alcaraz, a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza. En ese marco, García Padín brindó detalles acerca de las características de los distintos programas que abordan las problemáticas de las personas mayores privadas de la libertad. Por su parte, Alcaraz relató la intervención que tuvo lugar en su jurisdicción en un caso de fraude al PAMI y la labor coordinada con la Unidad específica del Ministerio Público Fiscal.

En las palabras de cierre, Javier Arzubi Calvo detalló la misión y funciones de la Unidad a su cargo, y puso énfasis en la importancia del trabajo articulado en la defensa y promoción de los derechos de las personas mayores.