A través de una nota enviada hoy, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, respondió la propuesta para la creación de una nueva Procuraduría Anticorrupción, efectuada por el Ministerio de Justicia el miércoles pasado. De este modo, puso en conocimiento del organismo que la función primordial de la procuraduría propuesta, en cuanto a que actúe en forma paralela y conjunta con el fiscal competente en todos los casos en los que se investiguen hechos de corrupción, importaría alterar las funciones que expresamente la ley le asigna a los magistrados de este Ministerio Público, en su condición de titulares de la acción penal pública, para intervenir en los casos de su competencia, lo que exigiría modificar la legislación vigente.

Agregó que las demás facultades de la procuraduría propuesta son iguales a las que, en sustancia, corresponden actualmente en la investigación de los hechos de corrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -cuando el sujeto activo sea un miembro de la Administración Pública Nacional- y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) -cuando el sujeto activo sea un miembro del Poder Legislativo Nacional, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa o sea un caso de soborno trasnacional-.

En la respuesta se resaltó que, actualmente, las procuradurías, unidades fiscales y direcciones de esta Procuración, como colaboradoras o coadyuvantes de los fiscales competentes, vienen cumpliendo, a su vez, las funciones y objetivos allí propuestos.

Finalmente, se destacó el espíritu que animó la propuesta efectuada desde el Ministerio de Justicia, así como el espacio de reflexión que genera, al tiempo que se reiteró la predisposición del Ministerio Público Fiscal de la Nación para continuar su labor en los temas de interés común, principalmente en completar la implementación del sistema acusatorio que impactaría positivamente al dotar de mayor celeridad y efectividad a la persecución penal de los delitos de competencia federal, entre los que se encuentran los de corrupción; todo lo cual redundaría en la contribución para hacer más eficientes los mecanismos de prevención, persecución y sanción de los hechos de corrupción.