El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, se presentó hoy ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, donde expuso sobre los principales ejes de los últimos Informes de Gestión (2024-2025) del Ministerio Público Fiscal de la Nación y respondió consultas de diputadas, diputados, senadoras y senadores.

Casal concurrió acompañado por el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, y por el secretario de Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas; respondiendo así a la citación efectuada por el presidente de la comisión, el diputado nacional Sebastián Galmarini.

Cabe destacar que la Comisión Bicameral tiene entre sus funciones recibir y controlar el Informe de Gestión que el Ministerio Público Fiscal presenta anualmente al Congreso de la Nación antes del inicio del período de sesiones ordinarias, de acuerdo con lo previsto por las leyes orgánicas del organismo (N°24.946 y N°27.148).

Casal agradeció la convocatoria y destacó la relevancia institucional del encuentro. "Esta comisión constituye el vínculo del Ministerio Público Fiscal con el Congreso, donde se hace valer nuestra responsabilidad institucional", sostuvo.

Durante su intervención también abordó la situación de emergencia generada a partir del fallo “Ferrari, María Alicia c/Levinas, Gabriel Isaías s/incidente de incompetencia” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la falta de legitimidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación para actuar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la necesidad de una respuesta normativa que zanje esta cuestión.

En ese sentido, señaló que el 9 de mayo pasado el MPF propuso al Poder Ejecutivo el dictado de un decreto de necesidad y urgencia que permita mantener esa intervención hasta tanto se complete la transferencia total de las competencias de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires en materia de justicia común y ordinaria.

"Tenemos una responsabilidad fundamental de hacer efectiva la justicia penal y no perjudicar el ejercicio de la acción", afirmó Casal, quien agregó que, mientras la situación no se resuelva, la Procuración General continuará interponiendo los recursos correspondientes y señaló que el proyecto de DNU se encuentra actualmente bajo análisis del Ministerio de Justicia de la Nación.

En tanto, los secretarios Olima Espel y Casanovas se expidieron y desarrollaron los hitos de la gestión de los últimos dos años, realizando una evaluación del trabajo hecho dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación, así como un análisis que evidenció también las necesidades imperantes para llevar más eficientemente el servicio de administración de justicia.

El titular de la Secretaría de Coordinación Institucional de la PGN, Juan Manuel Olima Espel. Foto: Comunicación Institucional Diputados

La exposición comenzó con la presentación de Olima Espel, quien destacó que era la primera vez que la Procuración General fue convocada por la Comisión Bicameral para presentar su informe anual y recordó que el documento fue remitido al Congreso "en tiempo y forma" antes del inicio de las sesiones ordinarias.

Al referirse al abordaje de la criminalidad organizada, explicó que delitos complejos como la trata de personas, el narcotráfico y el lavado de activos requieren investigaciones especializadas y coordinadas, y sostuvo que "hoy no existe delito complejo que no lleve aparejada una investigación financiera y el ataque a los eslabones superiores de las cadenas", estrategia que permite desarticular las organizaciones criminales.

En materia de modernización, Olima Espel destacó la digitalización de procesos, el desarrollo de un sistema único de gestión de causas y la creación del Programa de Inteligencia Artificial dentro del MPF. Sobre este último punto, afirmó que "la incorporación de la IA constituye uno de los desafíos estratégicos más significativos de la gestión".

También se refirió a la institucionalización del vínculo con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con el objetivo de dotar de "trazabilidad, transparencia y un único canal de información" al intercambio entre ambos organismos.

Asimismo, el secretario de la Procuración advirtió que el presupuesto del Ministerio Público Fiscal “creció muy por debajo de la inflación” y registró una pérdida de su poder adquisitivo del 47% durante los últimos dos años, aunque remarcó que ese contexto no impidió avanzar en políticas de modernización, cooperación internacional y fortalecimiento de la persecución del crimen organizado.

El titular de la Secretaría de Disciplinaria y Técnica de la PGN, Juan Manuel Casanovas, se refirió a la implementación del sistema acusatorio en el país. Foto: Comunicación Institucional Diputados

Por su parte, Casanovas se refirió al impacto que produjo la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal (CPPF) y sostuvo que significó "una transformación institucional muy importante y radical" para el Ministerio Público Fiscal. Explicó ante los legisladores que el sistema acusatorio asigna a los fiscales la conducción de las investigaciones penales y redefine el rol de los jueces como garantes de los derechos de las partes y del control de la actividad fiscal.

En ese marco, indicó que la Procuración General trabaja en la redistribución de recursos humanos para acompañar la implementación del nuevo sistema procesal, que ya se encuentra vigente en nueve distritos judiciales federales (Salta, Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Bahía Blanca, Resistencia y Corrientes) y próximo a implementarse en otros cuatro (Posadas, La Plata, Penal Económico y Criminal y Correccional Federal de Capital Federal y Córdoba).

En ese marco, Casanovas sostuvo que, pese a las limitaciones presupuestarias, "estamos siendo mucho más efectivos". Agregó que el Ministerio Público Fiscal cuenta con alrededor de seis mil integrantes para atender la investigación del narcotráfico y de la criminalidad organizada en todo el país, por lo que remarcó la necesidad de que el próximo presupuesto prevea los recursos necesarios para consolidar la implementación del sistema acusatorio.

La audiencia se llevó adelante desde las 11 en la Sala de Reuniones N°6 del del Anexo “A” de la Cámara de Diputados y se transmitió completa por el canal de YouTube de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

El presidente de la comisión, el diputado nacional Sebastián Galmarini, y el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal. Foto: Comunicación Institucional Diputados