La Procuración General de la Nación fue sede este martes del “Taller sobre seguridad personal de los funcionarios intervinientes en investigaciones criminales” que tuvo como eje fortalecer las capacidades de identificación y mitigación de riesgos para los magistrados y magistradas del Ministerio Público Fiscal de la Nación, miembros del Poder Judicial de la Nación y de las fuerzas de seguridad federales que intervienen en investigaciones vinculadas a la criminalidad organizada.

La actividad se desarrolló en el marco del “Proyecto de Reforma de la Justicia Argentina”, que cuenta con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y la Procuración de Justicia de los Estados Unidos (INL) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, según sus siglas en inglés) conjuntamente con el Ministerio Público Fiscal y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

El secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, dio en el inicio la bienvenida junto a la agregada política de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, Jessica Kuhn, y el coordinador de la UNODC, Esteban Arias Melo. En sus presentaciones, destacaron la relevancia institucional que este tema presenta para garantizar el normal desempeño en el servicio que los ministerios públicos presentan en el sistema de administración de justicia.

Al turno de su exposición, el agente especial del FBI, agregado jurídico en Argentina, Paraguay y Uruguay de la Embajada de Estados Unidos, Ricardo Hernández, relató las experiencias de su país en relación con esta temática.

Hernández explicó que la finalidad del taller es que las/os funcionarias/os del Poder Judicial de la Nación, del MPF y fuerzas de seguridad federales que investigan a la criminalidad organizada fortalezcan sus capacidades técnicas, operativas y personales. En función de ello, puntualizó en dos aspectos:

1. Estándares y recomendaciones de seguridad personal de jueces y fiscales: los recaudos a tener en cuenta durante los desplazamientos, en la residencia, en el lugar de trabajo, con el uso de medios de comunicación y de redes sociales.
2. Identificación y análisis de riesgos: durante y después de las investigaciones que involucren delitos asociados a la criminalidad organizada.

Luego, fue el turno del experto de UNODC, Helman Pérez Bermúdez, quien detalló las herramientas de protección y seguridad para los funcionarios y el manejo de situaciones de violencia y crisis, así como los mecanismos de mitigación y evaluación de riesgos frente a la investigación de delitos complejos.

El especialista precisó los factores que incrementan el riesgo. En esa línea, enumeró los elementos de amenaza interna y externa que pueden enfrentar los funcionarios. Pérez Bermúdez destacó la importancia de la autoprotección y de utilizar la “inteligencia prospectiva” como, por ejemplo, para prever las acciones a realizar.

En el marco de esta iniciativa, que se dio comienzo en junio de 2023 y culminará en diciembre de 2024, se realizarán una serie de actividades, dentro de las cuales se enmarca este taller y otros cinco que se brindarán en lo sucesivo.