02 de febrero de 2023
02 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En el ámbito de la Procuraduría contra la Violencia Institucional
Gils Carbó creó un área que investigará casos de corrupción en las fuerzas de seguridad
La Procuradora señaló que existe una "interrelación entre el abuso y la violencia institucional y la configuración del entramado de corrupción". La decisión apunta a fortalecer la política iniciada con la firma de un convenio de cooperación con el Ministerio de Seguridad.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó el área de "Corrupción en las fuerzas de seguridad" dentro de la estructura de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), con la finalidad de investigar "la obtención de beneficios patrimoniales y enriquecimiento ilícito de agentes en distinto nivel jerárquico".

La decisión de Gils Carbó fue formalizada a través de la resolución PGN 1778/2013, que refiere "la interrelación entre el abuso y la violencia institucional y la configuración del entramado de corrupción".

El área será coordinada por un integrante de la Procuraduría y su titular, el fiscal Abel Córdoba, será el encargado de definir "las estrategias de intervención, coordinación y evaluación de la actuación fiscal en la materia".

El nuevo área de "Corrupción en las fuerzas de seguridad" se sumará a las ya existentes de "Violencia en instituciones de encierro" y "Violencia policial", que funcionan en el ámbito de la Procuvin.

En la resolución, Gils Carbó tuvo en cuenta la firma, en marzo pasado, de un Convenio marco de cooperación mutua entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de la Nación con el fin "de generar y fortalecer procesos de asistencia en investigaciones judiciales seguidas por corrupción policial".

En ese sentido, la procuradora general tuvo en consideración que es "imprescindible orientar la actividad requirente a las diversas manifestaciones de la ilicitud cometida desde las fuerzas de seguridad, considerando las características de la organización institucional, en particular, la verticalidad y las representaciones de los factores de poder dentro de ésta".

Gils Carbó puntualizó que "se debe atender a la victimización de personas con escasa capacidad de reacción frente al sistema penal, el acrecentamiento ilegal de poder a favor de funcionarios públicos, la obtención de beneficios patrimoniales y enriquecimiento ilícito de agentes en distinto nivel jerárquico, y un impacto diferenciado del gobierno policial hacia distintos colectivos sociales, como también la regulación arbitraria e ilegal de estructuras delictuales en función de intereses corporativos contrarios a la razón de existencia de las fuerzas de seguridad".