La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, firmaron en el aula magna de la Universidad de Rosario un convenio de colaboración para perseguir los delitos complejos y el crimen organizado. El encuentro cerró una jornada de trabajo que durante el día se desarrolló en la ciudad santafesina.

Gils Carbó destacó en su discurso que el encuentro servía para dar un mensaje claro a la sociedad: “queremos una política criminal coordinada”, ya que “no se puede permitir que las organizaciones criminales puedan permanecer impunes por una falta de interacción entre los fiscales federales con sus pares provinciales y con las autoridades locales, ya sean políticas o judiciales”.

La procuradora subrayó también el rol de las fiscalías Federales de la jurisdicción, que desempeñan una labor muy importante en la persecución del crimen en la provincia de Santa Fe. Puso como ejemplo las denuncias sobre corrupción policial y los procedimientos que se realizaron en materia de narcotráfico, como el ya conocido “Operativo Flipper”, o el “Operativo Reina Isabel”. En definitiva, “el trabajo planificado y coordinado es el que logra dar con las grandes bandas”, puntualizó, y agregó que esa colaboración ayuda a llevar “paz social a las familias”.

Gils Carbó remarcó además que el trabajo conjunto no es nuevo y comentó que en el caso de Santa Fe, el estreno del nuevo Código Procesal Penal que adoptó un sistema acusatorio de persecución del delito era un paso para fortalecer esa tarea. Igualmente, señaló que se trataba de un código que no sólo operaba un cambio jurídico, sino en especial, cultural, y que se inscribía en un proceso modernizador implementado en América Latina en los últimos veinte años, y en la mayoría de las provincias del país.

De esta manera, la procuradora puntualizó que en ese proceso de cambio regional y local, el Código Procesal Penal de la Nación “se encuentra atrasado en un modelo semi-inquisitivo”, que ocasiona varios problemas. Sin embargo, pese a eso y dentro de las posibilidades que le brinda la Constitución Nacional y la ley, el Ministerio Público “ha trabajado en el último año en la implementación de políticas que sirvieron para modernizar su propia estructura”. Sobre esto, destacó la creación de las cinco procuradurías especializadas en distinta clase de delitos complejos: narcocriminalidad, trata de personas, lesa humanidad, criminalidad económica y violencia institucional, además del programa de género.

“Son grupos de trabajo multidisciplinarios que se ocupan el cien por ciento del tiempo a estudiar problemáticas complejas”, dijo Gils Carbó. Así, la procuradora General explicó que estos equipos asesoran, asisten y ayudan a potenciar el desempeño de los fiscales de todo el MPF en los distintos casos que llevan adelante en relación con esas temáticas, para intentar dar una respuesta coordinada, unificadora y fuerte en la persecución del crimen organizado.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe remarcó la importancia del convenio y de las actividades que se habían realizado a lo largo de todo el día: “es un día tremendamente importante para la Provincia”, señaló, “ya que es el corolario de un trabajo de mucho tiempo, que sirve para articular respuestas y ofrecerle a la sociedad un combate coordinado y planificado contra el crimen que la aqueja”.

Reunión en la Gobernación

La jornada había comenzado temprano, con la llegada de Gils Carbó al edificio de la Gobernación de Santa Fe, ubicado en la ciudad de Rosario. Allí, fue recibida por el gobernador Bonfatti para dar inicio al tercer encuentro con la máxima autoridad ejecutiva de la provincia, que tuvo siempre como objetivo coordinar un trabajo conjunto entre todos los operadores judiciales locales y los representantes del Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción para perseguir de una manera más eficiente los delitos complejos, como el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, entre otros.

Acompañaron a la Procuradora General el titular de la Secretaría de Coordinación Institucional, Lisandro Pellegrini, y el fiscal general Carlos Gonella, a cargo de la Procelac. Por su parte, la comitiva de la gobernación estuvo integrada por el propio Bonfatti y los ministros de Gobernación y Justicia y Derechos Humanos, Rubén Galassi y Juan Lewis.

Gils Carbó destacó que “la jornada buscaba fortalecer las mesas de trabajo que se habían iniciado en 2013”, con distintas autoridades de la Provincia. En ese sentido, señaló que también se buscaba presentar la figura del fiscal de coordinación de distrito, que en el caso de Santa Fe estará a cargo de Adriana Saccone. Se trata de “un fiscal por cada provincia, que articula la actuación de los fiscales federales mientras mantiene un diálogo constante con los fiscales provinciales”, explicó la titular del MPF.

“Cuando se trata de redes criminales, y sobre todo en materia de crimen organizado, las leyes dan respuestas múltiples. Esto causa que existan procesos en las jurisdicciones federales y en la provinciales. Y la falta de diálogo puede ser ganancia para ese tipo de organizaciones delictivas”, agregó la jefa de los fiscales. “Por eso, venimos a fortalecer ese diálogo y, en especial, a abrir puertas institucionales para coordinar políticas en ese sentido”, dijo Gils Carbó, ya que resulta “necesaria la presencia de un estado fuerte para combatir el crimen organizado”.

Asimismo, remarcó la preocupación y el trabajo que se realiza desde el Ministerio Público para esclarecer las amenazas que se recibieron contra el poder político.

Por su parte, el gobernador Bonfatti puso de relieve la importancia de contar con la presencia de la Procuradora General en la Provincia para dar a conocer el nuevo papel del fiscal coordinador, así como también resaltó los encuentros anteriores realizados en Buenos Aires. En relación con esto, indicó ante los medios que las amenazas e intimidaciones que había recibido se vinculaban “claramente con el trabajo conjunto que se viene realizando desde la justicia local y la federal, que está golpeando en el corazón de esas organizaciones criminales”. También, destacó el nuevo sistema de justicia penal local inaugurado a comienzos de febrero, que adoptó un modelo acusatorio, y lo caracterizó como un “modelo superador del anterior”, que era de corte netamente inquisitivo.

Convenio con el Ministerio Público de la Acusación

Mientras tenían lugar distintos paneles en la Universidad Nacional de Rosario sobre políticas criminales coordinadas para enfrentar una delincuencia compleja, Gils Carbó se reunió por la tarde con el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Julio de Olazábal, y con el Fiscal General local de la circunscripción de Rosario, Jorge Baclini.

Allí, celebraron la firma de un convenio de cooperación entre ambos Ministerios Públicos. También, aprovecharon para dialogar sobre el nuevo sistema de justicia penal de la Provincia y el rol preponderante que habían pasado a cumplir los fiscales en la persecución de los delitos. De Olazábal señaló sobre este punto que el nuevo sistema incorporaba como una de sus novedades la participación de distintas organizaciones civiles en la conformación de un concejo que ayudaba a generar planes de persecución criminal, ya que transmitía “las preocupaciones sociales más inmediatas”, y dejaba de lado la construcción vertical para hacerla cada vez más democrática.

Asimismo, destacó el voluntarismo de la Procuradora General de la Nación que, pese a las limitaciones normativas, de todas maneras “ha ido implementado políticas de persecución penal que posibilitan un trabajo coordinado por parte de los distintos representantes del Ministerio Público Fiscal en las diversas partes del proceso”.

En relación con esto, Gils Carbó volvió a presentar a la fiscal coordinadora del distrito de Santa Fe, Adriana Saccone, y resaltó la voluntad de avanzar en conjunto con las autoridades locales. “Para la sociedad es inaceptable hablar de competencias y peleas jurisdiccionales al momento de combatir los delitos. Algo que también es inaceptable jurídicamente. Por eso, mi función me obliga a estar dialogando con todos los operadores de la justicia y las autoridades políticas para diseñar e implementar estrategias conjuntas de combate contra el crimen”, agregó la titular del MPF.