03 de diciembre de 2023
03 de diciembre de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Articulación federal
Gils Carbó recibió al secretario de Seguridad Sergio Berni
La Procuradora General se reunió ayer con el secretario de Seguridad de la Nación para presentarle el nuevo esquema de organización del Ministerio Público que contempla la creación de los distritos fiscales.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recibió ayer al secretario de Seguridad Sergio Berni para dialogar sobre el nuevo esquema de trabajo  del Ministerio Público Fiscal que crea 27 distritos fiscales y que permitirá implementar políticas criminales coordinadas para enfrentar delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas.

El nuevo esquema de organización por distritos busca promover la interacción de los fiscales federales con sus pares provinciales, así como con autoridades policiales, judiciales y políticas de las provincias. Además, apunta a homogeneizar las respuestas del Ministerio Público Fiscal ante el mismo fenómeno criminal.

La Procuradora ya mantuvo reuniones con los gobernadores Daniel ScioliAntonio Bonfatti, Juan Manuel Urtubey, Francisco Pérez y Claudia Zamora, mandatarios de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Mendoza y Santiago del Estero para explicarles las funciones y los alcances de los fiscales de distrito.

Fueron designados para esa función los fiscales generales Adriana Teresa Saccone, Eduardo José Villalba, Dante Marcelo Vega, Cecilia Alida Indiana Garzón y Daniel Adler a cargo de los distritos de Santa Fe, Salta, Mendoza, Santiago del Estero y Mar del Plata, respectivamente.

En la resolución que creó el programa, Gils Carbó había señalado que a la figura del “fiscal coordinador” de cada distrito no se les asignan funciones para intervenir directamente en los expedientes que no se encuentren a su cargo, sino que tendrán por misión la articulación de una mesa de trabajo con las distintas autoridades judiciales y políticas de las provincias.

De esta manera se buscará garantizar el acceso a información relevante para el diseño de políticas criminales ajustadas a las particularidades de cada lugar, con un conocimiento más acabado de la manifestación local de delitos como la trata y explotación de personas, el tráfico de estupefacientes y de armas, el lavado de activos, la ciber-delincuencia y la corrupción pública y privada, entre otros.