Tal como lo demuestra el documento, las designaciones cuestionadas fueron realizadas por medio de herramientas diseñadas por el Poder Legislativo de la Nación, cuyo ejercicio, a su vez, fue histórica y reiteradamente convalidado por el Poder Judicial y promovido por el Poder Ejecutivo, en distintos períodos.

La Procuradora General tiene atribuciones legales —y, en muchos casos, está obligada a ejercerlas— para designar fiscales del tipo de los cuestionados. Las designaciones de todos los funcionarios denunciados se realizaron en el marco de esas facultades y las denuncias en su contra atacan herramientas legales de crucial importancia para llevar adelante una gestión del Ministerio Público Fiscal consustanciada con los intereses generales de la sociedad y ajustada a la misión institucional que la Constitución Nacional le encomienda al organismo.

A continuación puede descargarse el informe completo.