El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, emitió ayer una instrucción general, mediante la Resolución PGN N°90/2023, para que las y los fiscales del Ministerio Público Fiscal informen a la Secretaría de Coordinación Institucional (SCI), a cargo de Juan Manuel Olima Espel, a través de la Dirección General de Cooperación Internacional y Regional (DIGCRI), a cargo de Diego Solernó, las denuncias e investigaciones que sean iniciadas por aplicación del principio de jurisdicción universal.

Además, la resolución solicita a las y los representantes del Ministerio Público Fiscal que remitan copias de las actuaciones que pudieran resultar de utilidad para la conformación de un registro de esos procesos y para el abordaje institucional de la cuestión.

Por otra parte, el procurador encomendó a la SCI y a la DIGCRI la confección de “un documento con pautas generales de actuación orientadoras, para las y los fiscales que intervengan en la tramitación de causas en las se investiguen crímenes internacionales cometidos en otros países, en las que pueda incitarse la jurisdicción penal universal".

La decisión de Casal se da en atención a la resolución A/RES/77/11 dictada el 7 de diciembre de 2022 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que estableció un grupo de trabajo de la Sexta Comisión para continuar con el examen exhaustivo del alcance y aplicación del principio de jurisdicción universal.

La instrucción dictada tiene relación asimismo con el notable aumento y complejidad de las causas iniciadas ante los tribunales argentinos vinculadas con la jurisdicción universal, a raíz de las cuales se experimentó la necesidad e importancia de la cooperación jurídica internacional y la complejidad que aparejan esos tramites, como las incidencias geopolíticas, diplomáticas y de relaciones internacionales implicadas.