20 de mayo de 2024
20 de mayo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Tras 17 años de trabajo
La Dirección General de Derechos Humanos celebra la reciente aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por aclamación la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de un nuevo instrumento internacional de derechos humanos —fruto de un proceso de discusión en el que participaron Estados, representantes de distintas comunidades y expertos internacionales— que debe ser utilizado por las diferentes autoridades públicas, entre ellos este Ministerio Público Fiscal, en pos de promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas.

Esta nueva Declaración adquiere una relevancia jurídica fundamental en tanto recoge los principios y estándares que fueron desarrollados de modo progresivo en las últimas décadas y constituye una guía ineludible para asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de un grupo particularmente vulnerable.

El texto consagra la organización colectiva y el carácter pluricultural y multilingüe de los pueblos originarios; la auto-identificación de las personas que se consideran indígenas y establece una protección especial a los pueblos en aislamiento voluntario. Además, reconoce los derechos a mantener y expresar su identidad cultural; a la autonomía o al autogobierno en cuestiones relacionadas con asuntos internos; el derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido; y prevé con claridad los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Varios de los estándares receptados por la nueva Declaración ya fueron reconocidos por el Ministerio Público Fiscal en casos vinculados con el contenido y alcance del derecho a la consulta y a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas. Así, en un dictamen presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la procuradora general Alejandra Gils Carbó opinó a favor de hacer lugar a la transferencia definitiva de tierras a las comunidades indígenas; en tanto que en otro pronunciamiento precisó que estas comunidades debían ser consultadas en todas las cuestiones vinculadas con su territorio o que pudieran afectar su forma de vida.

Por su parte, en el último año la fiscal general ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, también reafirmó la propiedad comunitaria indígena en dos casos en los que se solicitaba la ejecución de tierras en las que esas comunidades tenían posesión ancestral.

Estos y otros dictámenes son analizados y sistematizados en la Colección de Dictámenes del Ministerio Público Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia en materia de derechos humanos, a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos, uno de cuyos cuadernillos estará dedicado a esta temática.