Con el foco puesto en los nuevos escenarios, el nexo con el crimen organizado y el uso de tecnologías emergentes, se desarrolló ayer en sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) la jornada “Terrorismo internacional y su financiamiento”.

De la apertura participaron los cotitulares de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la Procuración General de la Nación (PGN), Juan Manuel Olima Espel y Armando Antao Cortez; el fiscal general con funciones de coordinación de la Fiscalía de Distrito Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler; y el docente Flavio Farinella, en representación de la unidad académica que fue anfitriona del encuentro.

Al dar la bienvenida, Farinella planteó que el terrorismo es “uno de los desafíos más grandes de este siglo”, y puso de relieve el nexo que establece con el crimen organizado.

A su turno, el fiscal general Adler señaló: “Esta jornada se enmarca en el deber de los Estados de difundir la necesidad de prevención de los actos terroristas, y en el deber de diligencia de los funcionarios de realizar las acciones necesarias para evitarlos. La prevención implica llegar antes que el daño. Un daño, en estos casos, inconmensurable por sus consecuencias letales. Para esto, Naciones Unidas y la Argentina se han dado un plan de acción”.

Por su parte, Olima Espel -también titular de la Secretaría de Coordinación Institución de la PGN- destacó que el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, haya puesto sobre la mesa el tema con la creación de la SAIT, en julio de 2018, a través de la Resolución PGN N°70/2018. “La intención en ese momento fue concientizar y sensibilizar acerca de que la hipótesis terrorista es posible”, mencionó.

A su vez, brindó una serie de estadísticas que indicaron que del total de 65 causas informadas en nuestro país enmarcadas en distintos artículos del Código Penal como el 41 quinquies, 213 y 306, solo 17 de ellas (el 26,2%) fueron iniciadas antes de la creación de la SAIT, y las 48 restantes (73,8%) con posterioridad.

También exhibió un mapa con la distribución geográfica de esas causas, en el que se reflejó que la provincia con mayor cantidad de investigaciones judiciales vinculadas a organizaciones o actividades terroristas y su financiamiento es la de Buenos Aires, con 30 casos, seguida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 17, y más lejos, pero en tercer lugar, Río Negro, con 4.

Durante su presentación, Olima Espel habló sobre el concepto de terrorismo, la normativa internacional y el cambio de paradigma, e incluso reconstruyó algunos casos investigados en el país. En ese marco, sostuvo que hubo cambios no solo en la financiación de este tipo de delitos, a partir del uso de criptoactivos, sino que la tecnología también impactó en los mecanismos de reclutamiento, que puede darse a través de diversas redes sociales.

En este sentido, dio cuenta del ciclo terrorista y sus etapas, y profundizó sobre entornos digitales y el uso de tecnologías emergentes en terrorismo: los algoritmos que facilitan discursos extremistas; “deepfakes” y campañas de desinformación; el papel de las plataformas digitales; y la gamificación y radicalización. Frente a todo ello, dejó planteada la necesidad de una reforma legal.

Por su parte, Antao Cortez disertó sobre el nexo entre crimen organizado y terrorismo, dio cuenta de la Resolución 2195 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y reparó en el crimen organizado como modelo de negocios y la organización terrorista como agrupación política.

El último panel estuvo a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, y del juez de Garantías Santiago Antonio Inchausti, quienes retomaron la temática del financiamiento del terrorismo. Hicieron un repaso por la normativa internacional y nacional, las reformas introducidas por la ley 27.739, y las recomendaciones y notas interpretativas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Además, abordaron el vínculo entre financiamiento del terrorismo y el lavado de activos; y el desfinanciamiento como prevención del terrorismo.