Fiscales generales y procuradores/as de los países miembros del MERCOSUR -Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay- junto a los de los Estados asociados -Chile, Colombia, y Perú- y al del Estado Plurinacional de Bolivia -que se encuentra en proceso de adhesión- se reunieron hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para celebrar la XXXVII Reunión Especializada de Ministerios Públicos del MERCOSUR (REMPM).

El encuentro fue organizado por la Procuración General de la Nación Argentina en su carácter de presidencia Pro-Tempore y se realizó en el auditorio de su sede de la calle Tte. General Perón 667 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y el titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI), Diego Solernó, conformaron la comitiva argentina junto al secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel.

El secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel; el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal; y el director general de Cooperación Regional e Internacional, Diego Solernó. Foto: M. Pellón

Al momento de dar la bienvenida al encuentro, Casal destacó la importancia del trabajo en equipo para enfrentar los desafíos complejos y diversos que se presentan. “La delincuencia organizada, nuestro principal enemigo, se ha expandido y vuelto cada vez más trasnacional, a través de estrategias de actuación internacional”, afirmó.

En esa línea, dijo que estos grupos “poseen una gran cantidad de recursos a disposición, generan una gran cantidad de flujos de dinero ilícito alrededor del mundo” y “se filtran en las estructuras gubernamentales a través de la corrupción y el uso de esos recursos”.

Por otro lado, Casal indicó que el proceso de traslación de la dirección de la investigación a los fiscales, en el marco del sistema acusatorio, provoca una erosión o desgaste de los ministerios públicos. “Esto se puede ver con claridad cuando otros poderes buscan avanzar sobre nuestras funciones, cuando se retacean recursos necesarios para nuestro buen desempeño o cuando se busca limitar nuestra intervención en la cooperación internacional”, precisó.

Además, hizo referencia a que la criminalidad organizada generó “una creciente violencia en nuestras sociedades y especialmente contra los fiscales en hechos que no eran comunes en nuestra región”. Por ello, destacó la importancia de estos espacios para debatir ideas, compartir realidades, identificar nuevos desafíos y caminos para superarlos.

Luego, cada delegación realizó su presentación, así por la de Brasil participó el vicefiscal general, Hindenburgo Chateaubriand Filho; por la de Uruguay, la jefa de la delegación, Claudia Arriaga Villamil; por Chile, el fiscal nacional Ángel Valencia Vásquez; por Paraguay, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández; por Colombia, el representante Mateo Pachón Mejía; por Bolivia, el fiscal general Roger Rider Mariaca Montenegro; mientras que por Perú, de manera virtual, intervino el jefe de cooperación judicial internacional, Elmer Atilio Chirre Castillo.

Durante la reunión, se debatió acerca de la actualidad de la delincuencia organizada en la región con estrategias cada vez más complejas de actuación internacional, la seguridad de los equipos fiscales y los desafíos de los sistemas acusatorios.

A continuación, se procedió a la lectura y firma de la “Declaración sobre la importancia de los ministerios públicos ante el avance de la delincuencia organizada transnacional”.

Reunión de la comisión técnica

En tanto, ayer, se llevó a cabo la segunda jornada de la reunión ordinaria de la Comisión Técnica, y la labor allí se centró en las reuniones de las Comisiones de Crimen Organizado Transnacional (coordinado por Brasil, Chile y Colombia), y de Cooperación Jurídica Internacional (a cargo de Uruguay y Colombia).

Tras ello, los participantes elaboraron el Programa de Trabajo 2025-2026, debatieron sobre eventuales proyectos, confeccionaron el acta con las conclusiones de la Reunión Preparatoria.

Reunión ordinaria de la Comisión Técnica en el auditorio de la Procuración General de la Nación. Foto: M. Pellón