18 de enero de 2020
18 de enero de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Actividad organizada por la UFI PAMI, el ANMAT y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación
Se realizó una jornada sobre investigación de delitos vinculados a productos médicos y el régimen de amparos
El evento contó en su apertura con la intervención del procurador general Eduardo Casal, y estuvo destinado a empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal. El objetivo fue brindar información general respecto del Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos.

El martes se realizó en el auditorio de la Procuración General de la Nación la jornada “Herramientas para la investigación de delitos y maniobras relativas a medicamentos y productos médicos y el régimen de amparos”. El encuentro, organizado por la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-PAMI), el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), tuvo un discurso de apertura a cargo del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal. 

La jornada, destinada a empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal, tuvo como objetivo brindar información general del Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos, y cuáles son los fármacos involucrados, los alcances de su implementación, qué establecimientos participan de la trazabilidad, y sus alcances en general. El sistema presentado provee información sobre pacientes, medicamentos e instituciones, que pueden ser de gran utilidad al momento de investigar delitos relacionados con productos para la salud. 

En su intervención, el procurador Casal destacó que el encuentro se realizó en el trigésimo séptimo aniversario de la primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento. En ese sentido, recordó que la Argentina ratificó la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores y que su implementación “abarca una diversidad de aspectos y tiende a hacer ostensible la problemática que despierta la inserción social de la persona mayor y cómo puede de alguna manera mantenerse integrado con la sociedad”. Casal también puso el foco en cómo deben removerse los obstáculos que tienden a una discriminación por edad y las herramientas jurídicas que garantizan el acceso a la justicia. “Desde el Ministerio Público hemos adoptado una serie de medidas y temperamentos tendientes a afianzar la vigencia de los derechos de las personas mayores”, remarcó. 

También participó de la apertura el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, titular de UFI PAMI, quien destacó que el encuentro nació de la firma del convenio entre la Procuración y el ANMAT “donde ya empezamos a discutir cuáles eran las herramientas para difundir entre los distintos operadores jurídicos cuestiones que tienen que ver con la aplicación de las herramientas de salud y de acceso a la justicia”. El fiscal además puso énfasis en que, en sintonía con el interés internacional de los Estados en la protección de los derechos de las personas mayores, el objetivo del encuentro era que los presentes pudieran conocer las herramientas con las que se cuenta en esta materia, como los amparos de salud y, en el caso de investigaciones, el sistema de trazabilidad. 

El primer panel, titulado “El impacto de la nueva Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en la labor de la justicia argentina”, estuvo a cargo de Víctor Abramovich, procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e Ignacio Rebaudí Basavilbaso, juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil N° 34.  En su intervención, Abramovich planteó algunos componentes que estructuran la Convención de Personas Mayores de la OEA y de qué manera esos principios se transforman en enfoques particulares en el ámbito del poder judicial. “Esta Convención es parte de una nueva generación de tratados de Derechos Humanos con características muy similares, porque no refieren a derechos universalmente reconocidos a todas las personas, sino que abordan una problemática específica, presuponiendo un sector de la población que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad en el ejercicio de ciertos derechos. Por lo tanto, ese presupuesto origina una mirada sobre las obligaciones del Estado que apunta a comenzar desventajas en el ejercicio de los derechos, equilibrar situaciones de poder asimétricas”, destacó. 

Luego de un intervalo, se realizó la segunda mesa de la jornada, titulada “La protección del derecho a la salud desde distintos organismos nacionales. La tarea del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”. Formaron parte de panel Josefa Rodríguez Rodríguez, secretaria de Regulación y Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud y Desarrollo Social; Sergio Cassinotti, director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; Waldo Belloso, subadministrador nacional del ANMAT (Productos de alto costo: Nusinersen – Spinraza; Aceite de Cannabis), y María José Sánchez, directora de Vigilancia de Productos para la Salud (Trazabilidad de Medicamentos).