El convenio permitirá la incorporación formal de las pruebas, documentos e informaciones reunidas en dicho país en el marco de los casos conocidos como “Lava Jato” y “Odebrecht”, a la causa en la cual se investigan las maniobras de corrupción público-privada ocurridas en la República Argentina, vinculadas al pago de sobornos en el marco de la adjudicación y continuidad de la obra pública de soterramiento del ferrocarril “Domingo Faustino Sarmiento”.

La información que se sumará a la investigación que se lleva adelante en la Argentina, incluirá declaraciones de diversos ejecutivos de las firmas Odebrecht y Braskem que, en calidad de colaboradores y renunciando a su derecho de no incriminación, se presentaron ante las autoridades judiciales brasileras y aportaron detalles acerca de las estructuras criminales pergeñadas a nivel regional por las empresas involucradas para la adjudicación espuria de contratos multimillonarios de obra pública.

Esto último había planteado inicialmente inconvenientes a la colaboración bilateral, fundados en las regulaciones dispares de ambos ordenamientos procesales.

Mesa de trabajo interinstitucional

La colaboración bilateral estaba frenada y no se llegaba a un acuerdo con las autoridades judiciales del país vecino. En ese contexto, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, constituyó una mesa de trabajo interinstitucional en el ámbito de la Secretaría de Coordinación Institucional, a cargo de Juan Manuel Olima Espel, para la articulación de un convenio que fuera acorde a ambas legislaciones procesales, y para que en definitiva el contenido de las pruebas remitidas pueda ser válido y eficazmente utilizado por los fiscales en el marco de las investigaciones en curso de este país.

Con ese propósito, fueron convocados representantes de distintas áreas de la Procuración General de la Nación, la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el titular de la Fiscalía Federal nro. 5, Franco Picardi, como así también la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.

El resultado de esta labor interinstitucional –que llevó casi seis meses- consensuó que los principios contenidos en la propuesta del Ministerio Público Federal de Brasil debían circunscribirse a los de especialidad, limitación sobre el uso de la información y doble juzgamiento, reconocidos por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur -instrumentos internacionales ratificados por la República Argentina e incorporadas a nuestro ordenamiento legal interno con jerarquía constitucional superior a las leyes, mediante el art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional-. De esa manera, la intención de cooperar y comprensión por parte de las autoridades del vecino país permitieron acercar las posiciones de ambas partes.

Al respecto, Casal consideró, en el marco de la mesa, “legalmente factible la posibilidad de que los representantes de este Ministerio Público Fiscal suscriban un compromiso de limitación sobre el uso de la información, en las condiciones que aquí se han detallado, para acceder a la cooperación internacional propuesta por el Ministerio Público Federal de Brasil, en el marco de las investigaciones conocidas como ‘Lava Jato’ y ‘Odebrecht’ de ese país”.

Así, luego de lo acordado por el procurador general de la Nación interino, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 5, a cargo de Picardi, recibió desde la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional el “Acuerdo de Compromiso de Especialidad y de Limitación del Uso de Prueba”, remitido por la Autoridad Central de este país, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, y luego de escuchar a las querellas particulares, dictaminó en favor de la suscripción del acuerdo, solicitando al juez de la causa a que homologue lo actuado por el Ministerio Público Fiscal.

Convalidación del acuerdo suscripto

Consecuentemente, Marcelo Martínez Di Giorgi, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 8, resolvió de conformidad a la actuación fiscal. Pese a ello, su decisión fue recurrida por algunos imputados de la causa.

Entonces, los  integrantes de la  Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, se expidieron a favor del convenio suscripto, y una vez más, destacaron la pertinencia y la relevancia de los elementos de prueba que se aportarán a la investigación, por los hechos de corrupción vinculados a la adjudicación y continuidad de la obra pública de soterramiento del ferrocarril “General Domingo Sarmiento”.

Además, luego de la exhaustiva revisión de los argumentos esgrimidos por la parte recurrente, se pronunciaron a favor de la legalidad y constitucionalidad de los términos del acuerdo establecido.

En definitiva, se trata de un convenio de colaboración bilateral, firmado en el día de la fecha, que fue celebrado entre dos represantaciones fiscales específicas, en el marco de las capacidades constitucionales acordadas por el artículo 120 de la Constitución Nacional.

Por esa vía, el Ministerio Público Federal de la República Federativa de Brasil, va a remitirle a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5, a través de la Autoridad Central, las pruebas, documentos e informaciones reunidas en dicho país en el marco de los casos conocidos como “Lava Jato” y “Odebrecht” que se vinculen con las maniobras de corrupción público-privada que rodearon a la adjudicación y tramos de continuidad de la obra pública de soterramiento del ferrocarril “Domingo Faustino Sarmiento”.