A partir de 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los Estados miembros establecieron al 30 de julio como el "Día Mundial contra la Trata", de acuerdo al Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas. El objetivo de la fecha es concientizar “sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos".

En Argentina, se sancionó en 2008 la ley 26.364 de "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Además de convertir a la trata en un delito penado, se creó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a víctimas. Cuatro años después, se reformó esa normativa a través de la ley 26.842.

En ese marco, se modificó el mínimo previsto para el delito (pasó de tres a cuatro años de prisión) y se crearon el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata, donde diversas áreas del Gobierno intercambian información e impulsan proyectos para mejorar la respuesta del Estado frente a la prevención y persecución del delito.

Dentro del Ministerio Público Fiscal se creó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. Su tarea abarca desde investigar y colaborar con las pesquisas de otras fiscalías y/o juzgados hasta llevar un registro de las investigaciones y de las estadísticas en la materia a nivel nacional. Otra de sus funciones es la de elaborar guías y protocolos de actuación, y llevar adelante las capacitaciones necesarias para fortalecer la prevención, investigación y sanción de este delito.

En esa línea, PROTEX participó del debate legislativo por la sanción de la ley 27.508, que creó el fondo fiduciario público destinado a la asistencia directa a víctimas del delito, e integrado por fondos líquidos decomisados y el producido de la venta de bienes decomisados en causas por el delito. Uno de los aportes de la Procuraduría consistió en el impulso a que se incluya la provisión que establezca que las sentencias judiciales por el delito de trata deberán fijar de oficio, o a pedido del fiscal, la restitución económica a las víctimas. En el debate del proyecto participó también la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), que encabeza María del Carmen Chena.

La ley se reglamentó en diciembre de 2019 y desde la creación del fondo, 170 víctimas recibieron por parte de los tribunales orales federales una suma en concepto de restitución económica.

Avances en los últimos diez años

En los últimos años, las investigaciones se profundizaron con el objetivo de alcanzar los niveles más altos de las organizaciones criminales y el avance en cuanto a los móviles económicos detrás del delito. Dentro de las investigaciones, se ha profundizado el enfoque en derechos humanos y con perspectiva de género, para considerar las múltiples formas de discriminación y violencia por motivos como el género, la edad, la discapacidad, el origen étnico y la cultura, entre otros.

Entre 2012 y 2022 se dictaron 376 sentencias condenatorias: el 74,2% fueron por trata con fines de explotación sexual. Dentro de las 742 personas que fueron condenadas, un 63% eran hombres. En este mismo período, se identificaron a 1545 víctimas y el 76,7% eran mujeres.