El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, destacó los mecanismos implementados por el Estado argentino para la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el primer acuerdo intergubernamental que abarca todas las dimensiones de la migración internacional. "Argentina estableció agencias especializadas para asistir y apoyar a las víctimas de la trata", ponderó.

Las consideraciones de la Secretaría General sobre la Argentina se dieron en el marco del segundo informe relativo a la implementación del Pacto. El informe desarrolla diferentes temas, como la significancia de la aplicación del Pacto para la comunidad internacional y los mecanismos creados para llevar a cabo los principios y objetivos sentados en el documento. Además se evaluaron los efectos que tuvo el COVID-19 en los migrantes y las medidas adoptadas por los Gobiernos en relación al pacto.

En nuestro país la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) es una de las agencias especializadas que vela por la tutela de los compromisos internacionales. También lo hace a nivel regional, donde coordina la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (REDTRAM), que el año pasado emitió un documento donde apuntó al fortalecimiento del intercambio de información entre los países de la región, la coordinación entre las autoridades de la justicia penal y otros poderes para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y víctimas de delitos y a adoptar medidas que no las criminalicen.

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular se basa en el derecho internacional de los derechos humanos y ratifica el compromiso de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los migrantes.

Asimismo, la REDTRAM cuenta con un subgrupo de trabajo especialmente conformado para abordar la temática de los flujos migratorios mixtos. Y desde 2017, a través de la firma del Protocolo de Cooperación Interinstitucional aprobado por los procuradores y fiscales generales de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Red adoptó la temática del tráfico ilícito de migrantes como una competencia propia.

El informe del secretario general de la ONU

En su informe ante la Secretaría General, el secretario general de la ONU puso de relieve que "Argentina estableció agencias especializadas para asistir y apoyar a las víctimas de la trata” y que “reforzó el apoyo consular a través de su mecanismo virtual de ventanilla única y colaboró con comunidades de la diáspora para proporcionar alimentos y alojamiento”.

Ese reconocimiento al Estado argentino se desarrolla en el parágrafo 26 del informe: "En 2020, los Estados pusieron en marcha el Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, dos de los cuales tienen que ver con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En el período 2020-2021, el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas elaboró orientaciones de políticas sobre la trata de personas con fines de imposición de trabajo forzoso, la no penalización de las víctimas de trata de personas, la prevención de la trata de personas mediante la adquisición sostenible, y la trata de personas con fines de extracción de órganos. Armenia estableció programas y la Argentina creó organismos especializados para asistir y prestar apoyo a las víctimas de la trata. Panamá creó un permiso temporal de protección humanitaria para las víctimas de la trata".

En el parágrafo 33, el informe vuelve a referirse en términos positivos hacia la labor del Estado argentino: "Durante la pandemia, varios Estados hicieron uso de sistemas remotos y soluciones digitales, y colaboraron con las partes interesadas para atender la demanda de asistencia consular. La Argentina reforzó el apoyo consular a través de su mecanismo virtual de ventanilla única y colaboró con comunidades de la diáspora para proporcionar alimentos y alojamiento".

Aprobado en 2018, el Pacto se basa en el derecho internacional de los derechos humanos y ratifica el compromiso de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los migrantes. Consiste en diez principios rectores generales, 23 objetivos con las medidas correspondientes y un proceso de aplicación, seguimiento y examen, así como orientación para la prestación de apoyo por parte del sistema de las Naciones Unidas.