El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a ocho años de prisión a una mujer por encontrarla responsable del delito de trata de personas laboral agravado. Además, en línea con lo que había solicitado el fiscal Gabriel González da Silva en su alegato, los jueces ordenaron indemnizar a la víctima por la suma de 18 mil pesos. La reparación económica, inédita en los tribunales de esa jurisdicción, fue del mismo monto que los explotadores le había prometido engañosamente a la víctima, al valor del dólar de la fecha.

El juicio comenzó el 30 de septiembre y en la audiencia declararon diez testigos. A lo largo del debate se pudo demostrar que, entre septiembre y octubre de 2014, una mujer mujer facilitó el traslado, recibió y acogió a una joven, oriunda de la República Plurinacional de Bolivia, en su domicilio ubicado en la localidad de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires. Una vez allí, explotó laboralmente a la víctima a través de mecanismos de intimidación y coerción, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

La joven vivía con sus padres y ocho hermanos en la localidad de Achachachi, en una comunidad agrícola de Aymaras. Un día, su madre conoció a una mujer que le propuso que enviara a su hija a trabajar al local de ropa que tenía un familiar en Buenos Aires donde le pagarían, en principio, 200 dólares, y que con el tiempo, esa sumar se iba a elevar a 300 dólares.

La mujer se hizo cargo del traslado de la víctima en colectivo y contó con la colaboración de su cuñada que se plegó en un momento del trayecto. Arribaron a Buenos Aires, pasaron ahí la noche y siguieron viaje rumbo a Carmen de Patagones. Una vez allí, la víctima se encontró en una casa en donde estaba todo revuelto e inmediatamente fue sometida a limpiar y a estar al cuidado de los dos hijos de la imputada, a cocinar, a llevar a los niños a la escuela y a atender la tienda cercana.

La víctima jamás recibió un centavo a modo de pago por su trabajo. Además, tenía prohibida la salida de su casa si no contaba con una autorización expresa de la imputada.

A lo largo de la instrucción, la víctima sostuvo que jamás recibió un centavo a modo de pago por su trabajo y detalló que tenía prohibida la salida de su casa si no contaba con una autorización expresa de la mujer. Solo tenía permitido salir por las zonas aledañas para hacer algunas compras y llevar a los chicos a la escuela. En un primer momento la víctima no pudo trabajar en la tienda por la documentación, pero después le “facilitaron” esta situación y se vio obligada a hacerlo.

Allí se desempeñó junto a otra empleada -ninguna de las dos se encontraba registrada- y de esta forma la joven tomó conocimiento de cómo había sido engañada la víctima. Debían trabajar de 7:30 a 21 y la extensa carga horaria le produjo severos dolores en el cuerpo. La víctima relató que en una oportunidad le comentó a la ahora condenada que tenía a un familiar muy enfermo en Bolivia, pero que no la dejó volver a su país de origen.

Cómo se gestó el rescate

Finalmente, al notar su angustia, sus padeceres y sus ganas de escapar, su compañera concurrió al Ministerio de Trabajo para relatar la situación y desde allí informaron a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. Como consecuencia, y a partir de una serie de medidas sugeridas por la procuraduría especializada al Juzgado, el 31 de octubre de 2014 la víctima fue rescatada.

Para el fiscal de juicio, el panorama con el que se encontró la víctima fue “muy distinto al que le habían prometido originalmente"

Para el fiscal de juicio, el panorama con el que se encontró la víctima fue “muy distinto al que le habían prometido originalmente, ya que en principio se encontraba en Carmen de Patagones, no en Buenos Aires; le habían prometido trabajar en un negocio exclusivamente y por un horario limitado, siendo que se halló inmersa en una situación en donde se le imponían hacer diversas tareas domésticas en extensas horas de trabajo”.