El tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, compuesto de manera unipersonal por Mariela Emilce Rojas, condenó a ocho años de prisión a Juan Manuel Maydana tras encontrarlo culpable del delito de trata de personas con fines de explotación laboral en calidad de autor y en perjuicio de trece víctimas en situación de vulnerabilidad.

El veredicto fue dado a conocer el 21 de abril pasado y es la primera condena dictada por ese tribunal por aquel delito; mañana se conocerán sus fundamentos. En el juicio intervino la fiscal general María de los Milagros Squivo, junto con el fiscal auxiliar Francisco José Bernhardt. La investigación estuvo a cargo de la fiscalía de primera instancia de esa ciudad, a cargo de Josefina Minatta.

En el veredicto, la jueza Rojas ordenó además la indemnización integral para cada una de las víctimas del caso por un monto de 2 millones de pesos y de 1,5 millón de pesos en concepto de indemnización por daño material.

La magistrada también dispuso el decomiso de una camioneta Toyota Hilux 4x4, un camión marca Mercedes Benz, un acoplado marca Sola y Brusa, una maquina marca Fiat para levantar postes, un arma de fuego calibre 9 mm, un cargador, una vaina servida calibre 9 mm, más de 20 cartuchos de diferentes calibres y un celular marca Samsung. Especificó que el resultado obtenido de la venta de los bienes decomisados deberá destinarse al pago de las indemnizaciones, y en caso de que hubiera un remanente se pondrá a disposición del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas, administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

El tribunal consideró acreditado que Maydana era el capataz de un campo llamado “La Negrita”, ubicado en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, dedicado al raleo de eucalipto. Según la investigación, el hombre engañó al menos a trece trabajadores oriundos de la provincia de Misiones y se ocupó de su traslado en remis hasta la ciudad de Concordia. Los trabajadores fueron alojados en el predio rural en condiciones infrahumanas, sin baños ni electricidad, bajo carpas de nailon y sin agua potable, al menos entre julio y agosto de 2021. Las víctimas no recibieron el pago prometido y Maydana les descontó las mercaderías destinadas a ellos y los amenazó con perder el trabajo si descansaban.

El juicio

El debate había comenzado el pasado 3 de marzo pasado y a lo largo de siete audiencias declararon 23 testigos, entre ellos cuatro víctimas —lo hicieron mediante videoconferencia, en modalidad cámara Gesell—, funcionarios de fuerzas de seguridad y personal civil que participó del procedimiento y de las medidas previas de constatación de los hechos, y personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata y de la Dirección General de Asistencia a la Víctima del Delito de Entre Ríos. La fiscalía formuló su alegato el 31 de marzo pasado y solició la imposición de una pena de 8 años y 6 meses de prisión para Maydana.

La causa

La investigación del caso se había iniciado el 31 de agosto de 2021, a raíz de la denuncia de un trabajador ante el Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos de la Gendarmería Nacional, en Concordia. En esa oportunidad, el hombre detalló que, junto a otras nueve personas, se encontraban trabajando “de sol a sol” en un campo dedicado al raleo de eucalipto en condiciones infrahumanas: sin baños, ni electricidad, bajo carpas de nylon y sin acceso a agua potable.

Añadió que el pago acordado con el capataz era de $200 la hora o $65 por poste, por trabajos como raleo, desmonte, pelado de eucalipto y traslado de maderas. Sin embargo, aseguró que nunca percibieron suma alguna. Sostuvo que el capataz contaba con armas de fuego, que utilizaba para efectuar disparos al aire, y amenazaba con despedirlos si ellos planteaban la posibilidad de tener algún descanso.

Como consecuencia de esa denuncia, al día siguiente se realizó un allanamiento en la finca “La negrita”. Doce trabajadores rurales fueron rescatados y el hombre señalado como como capataz, Maydana, resultó detenido.

Según se consignó en ese momento, las víctimas, todas oriundas de la provincia de Misiones y en situación de vulnerabilidad, se encontraban en un predio con cuatro carpas precarias, confeccionadas con lonas sostenidas por palos y machimbres. El lugar no contaba con baños ni espacio para higienizarse. Tampoco contaba con energía eléctrica, agua potable y elementos de primeros auxilios. Un sector de una de las carpas era utilizado como “cocina”: allí había troncos y maderas para hacer fuego.

Al momento de la identificación, dos de los trabajadores manifestaron que el capataz tenía retenidos sus documentos nacionales de identidad sin motivo alguno.