El contrato de administración del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata -constituido con bienes y dinero decomisados en casos de trata de personas y delitos conexos- fue publicado esta mañana en el Boletín Oficial, luego de que ayer el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, y el presidente de BICE Fideicomisos, Jorge Tanús, aprobaran su implementación.

“El acuerdo para poner en funcionamiento el Fondo Fiduciario de Asistencia Directa de las Víctimas es un paso fundamental en el camino que se emprendió, primero en el 2012 con la reforma de la ley de Trata de Personas que creó el Fondo de Asistencia a Víctimas, y luego en 2019 con la Ley 27.508 que estableció que el fondo tenga las características de un fondo fiduciario. Esta ley también estableció la obligatoriedad de disponer una restitución económica en todas las sentencias de trata de Personas”, valoró la fiscal federal Alejandra Mángano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

En septiembre de 2019, en ocasión del Día Internacional de la Lucha contra la explotación sexual y trata de personas, la Dirección de Comunicación Institucional presentó el siguiente informe audiviosual en el que el fiscal general Marcelo Colombo, la fiscal Mángano y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) del MPF, Carmen Chena, explican los alcances de la Ley 27.508:

https://www.youtube.com/watch?v=ZWqHxon6leE

Desde 2019, las restituciones económicas a las víctimas deben ser ordenadas por la justicia en las sentencias que se dicten en los casos de trata y explotación de personas. A la fecha se dictaron diecisiete pronuniciamientos en este sentido. Mángano sostuvo que “este acuerdo, en definitiva, es la puesta en marcha y la posibilidad de generar esa transferencia directa de recursos a las víctimas para que sean beneficiarias de las sentencias de trata de personas”.

El acuerdo firmado ayer responde al artículo 1° de la ley 27.508, sancionada en junio de 2019 y reglamentada en diciembre de ese mismo año, que dispone la creación de un fondo fiduciario para asistencia directa a víctimas, constituido con bienes y dinero decomisados en casos de trata de personas y delitos conexos. La ley 27.508 representa un hito respecto de las reparaciones económicas a las víctimas porque introduce reformas a la ley de trata 26.364 y establece en el párrafo primero del artículo 28 como obligatorio que toda sentencia condenatoria o equivalente disponga las restituciones económicas a las víctimas, como una manera de volver las cosas al estado anterior al delito. Para lograr que esa reparación se haga efectiva, en el párrafo siguiente pone en cabeza de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del MPF la obligación de “identificar los activos del imputado y solicitar o adoptar en su caso, todas las medidas cautelares que resulten necesarias y eficaces, según la naturaleza del bien, para asegurar la satisfacción adecuada de tales responsabilidades [pecuniarias]”.

En los últimos años, la DGRADB viene trabajando en conjunto con la PROTEX en el impulso de la reglamentación y de la puesta en marcha de este fondo.

Las dependencias del Ministerio Público Fiscal colaboraron activamente en la compilación y actualización de la información disponible sobre bienes decomisados, por requerimiento del BICE y el Ministerio de Justicia de la Nación.