El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 de la Capital Federal condenó a dos hombres a las penas de  once y cinco años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

De esta forma, Daniel Landriel recibió la pena más alta por ser considerado el autor penalmente responsable del delito de impedimento de contacto de una menor de diez años con su madre no conviviente, en concurso real con la figura de trata de personas reiterada en dos ocasiones y agravada por el medio utilizado -engaño, violencia, amenazas y abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas- y por ser las damnificadas menores de edad al momento de ser explotadas, todos ellos en concurso real entre sí. Por su parte, a Abelardo Daniel Landriel se le impuso la pena de cinco años al ser encontrado como partícipe secundario del mismo delito.

Finalmente, el tribunal ordenó la absolución de tres mujeres que también habían llegado como acusadas al juicio, en línea con lo solicitado por el fiscal Marcelo Colombo en sus alegatos. El fiscal general, a su vez, había solicitado penas de catorce y siete años para los dos hombres condenados.

Cuatro de los cinco imputados forman parte de una familia acusada de haber explotado sexualmente a dos adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires y en Rafaela, provincia de Santa Fe. La quinta imputada es la madre de una de las víctimas, que llegó al debate acusada de haberla ofrecido para que fuera explotada sexualmente. Los hechos ocurrieron entre enero de 2012 y junio de 2015.

El juicio, que comenzó el 8 de agosto, contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Los fundamentos se leerán el 20 de febrero del año que viene.

Cómo se inició de la investigación

La denuncia fue realizada por una de las víctimas el 8 de agosto de 2014 ante la Comisaría N°8, un día después de escapar del cautiverio. En esa oportunidad la víctima relató que en diciembre de 2011, cuando tenía apenas 15 años, entabló una relación amorosa con el principal imputado, a quien conoció en la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Luego de un tiempo, el acusado le comentó su intención de vivir juntos en la casa de los padres, ubicada en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. Las propuestas continuaron hasta que ella aceptó la mudanza a comienzos de 2012.

Ya en la localidad santafesina, el acusado comenzó a explotarla sexualmente, a golpearla y amenazarla de muerte si no regresaba con dinero al finalizar la jornada. Por su parte, la madre del joven fue la encargada de dar los detalles en torno al precio que debía cobrarse a los "clientes”, y al hotel al que debía trasladarse para realizar los “pases”. Además, aclaró que el dinero debía ser entregado a su hijo.

La víctima subrayó, además, que al cabo de un año quedó embarazada, lo que no impidió que continuara su padecimiento tanto en la ciudad de Rafaela como en el barrio porteño de Constitución. Al expediente fueron incorporadas otras causas que habían sido iniciadas a raíz de denuncias que daban cuenta de actividades del clan familiar compatibles con la trata de personas.

Por otro lado, el fiscal consideró probado en su alegato que la familia explotó también a otra joven menor de edad entre el 15 de abril y el 3 de junio de 2015. La adolescente, quien sufre un retraso madurativo, habría sido captada “en circunstancias que aún se desconocen”, acogida en un hotel y obligada a ejercer la prostitución todas las noches en los barrios de Flores y Constitución. Cuando los empleados del albergue le negaron el ingreso por no alcanzar los 18 años, los explotadores le habrían otorgado una identidad falsa para simular “una inexistente mayoría de edad”.

El principal acusado permanece detenido desde el 3 de junio de 2015, cuando se realizó un allanamiento en el hotel porteño “Soutullo”, donde además se rescató a esa víctima.

Este tramo de la pesquisa se había iniciado a raíz de una denuncia presentada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Colombo, por una integrante de la Asociación Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos.