Tras un pedido realizado por la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal general Sergio Néstor Mola, en forma conjunta con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora dispuso el allanamiento y la detención de la mujer investigada por formar parte de una organización que “reclutaba” personas para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Dentro de la causa se investiga la captación y traslado de civiles (entre los que se identificaron a exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad) mediante la utilización de redes sociales, en las cuales ofrecían incorporarse al ejército ucraniano durante un periodo aproximado de seis meses a tres años, a cambio de un salario cercano a los 3000 dólares. Las supuestas condiciones contractuales no podían ser reveladas por razones de seguridad, por lo que les brindaban un contrato redactado en idioma ucraniano que contenía las actividades ajenas al ámbito militar que desarrollarían en el país extranjero. Además, según la pesquisa, les impartían instrucciones a los ciudadanos acerca de la versión que debían brindar en el aeropuerto a personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria o de la compañía aérea ante el eventual caso de ser consultados sobre el motivo del viaje y los forzaban a decir que iban a trabajar en el área de construcción.

En el operativo que llevó adelante durante el fin de semana la Policía Federal Argentina (PFA) en la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, y donde se detuvo a la mujer, no se pudo encontrar a la pareja de la imputada, que también está acusado de formar parte de la organización y que permanece prófugo. Según se comprobó, salió del país hacia Brasil pocos días antes del allanamiento.

A pedido del MPF, el juez Luis Armella indagará a la mujer por el delito de trata de personas, mientras se analiza el material incautado por la fuerza durante el procedimiento.

Reclutamiento

La investigación comenzó en marzo de este año, luego de que integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaran inconsistencias en los relatos de cuatro hombres que estaban en la zona de preembarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se dirigían a Ucrania.

Según señalaron desde la PSA, ninguno de los involucrados sabía quién les había comprado los pasajes, quién los recibiría en Europa ni tampoco podían explicar cuáles eran las tareas que iban a desempeñar. Tampoco tenían pasajes de regreso ni dinero suficiente para afrontar la estadía.

Foto: Policía Federal Argentina

Con el avance de la investigación, se pudo reconstruir que los cuatro habían sido reclutados a través de plataformas web para “luchar” en el conflicto armado que atraviesa Ucrania por un salario cercano a los 3000 dólares, aunque nunca llegaron a firmar el contrato que lo estipulara.

Tras la realización de una serie de medidas, que incluyeron tareas de inteligencia, análisis de comunicaciones y discreta vigilancia, se pudo identificar a los presuntos integrantes de la organización que se encargaba del reclutamiento de las personas.

Relevancia de la REDTRAM y una alerta morada de INTERPOL

En abril de este año, los fiscales Colombo y Mángano habían puesto en conocimiento a la  Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) de las posibles maniobras de captación y traslado de ciudadanos argentinos hacia Ucrania para intervenir en el conflicto armado entre ese país y la Federación de Rusia. Además, habían puesto el foco en la necesidad de adoptar medidas tempranas orientadas a la adecuada detección, prevención y abordaje interinstitucional de este tipo de modalidad delictiva, con el fin de propiciar el intercambio de información relevante entre los organismos que la integran.

Allí explicaron que el fenómeno presentaba “indicios de organización estructurada y transnacional, con intervención de reclutadores locales que seleccionan perfiles (en muchos casos ex militares o ex fuerzas de seguridad), coordinan contingentes grupales y gestionan reservas de viaje bajo modalidad solo de ida hacia países limítrofes del conflicto bélico”.

Los fiscales advirtieron también que existían patrones consistentes en “la generación de obligaciones económicas vinculadas al traslado, equipamiento o rescisión contractual que podrían operar como mecanismo de sujeción limitando la libertad real de desvinculación y configurando posibles supuestos de servidumbre por deudas o trabajo forzoso en los términos de la normativa nacional e internacional sobre trata de personas”.

“En este sentido, la dinámica observada -que incluiría la captación mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, promesas de retribuciones económicas, cobertura de gastos de traslado, incumplimiento de las condiciones prometidas por los reclutadores y la intervención activa de las presuntas víctimas en el conflicto armado - podría configurar supuestos de trata de personas con fines de explotación laboral o servidumbre, especialmente bajo esquemas de endeudamiento o coerción en contexto de conflicto armado”, explicaron.

En ese marco, en julio de 2026, INTERPOL lanzó una notificación morada, que se utiliza para buscar o facilitar información sobre modus operandi, objetos, dispositivos y métodos de ocultación utilizados por los delincuentes.

Allí, el Grupo Investigativo Contra los Delitos Sexuales y la Familia de Bogotá, Colombia, detectó una modalidad de reclutamiento de hombres jóvenes exintegrantes de fuerzas de seguridad, con el objetivo de que fueran trasladados, mediante ofertas laborales engañosas, hacia las zonas de conflicto armado en Europa.

El modus operandi empleado por las organizaciones criminales, de acuerdo con la notificación morada, consiste en la captación de los ciudadanos colombianos bajo la promesa de altos salarios y beneficios migratorios. La confianza se genera a través de empresas fachada, contratos aparentes y reuniones en Bogotá. Posteriormente, se coordina el traslado internacional de las víctimas. Durante esta fase, los captadores les imparten instrucciones específicas para engañar a las autoridades migratorias, indicándoles que suministren información falsa sobre el propósito de su viaje con el fin de evadir los controles.

Según se estableció, una vez en destino, las víctimas son sometidas a la retención y control mediante confiscación de documentos, aislamiento y deudas ficticias, por lo que son obligadas a participar en actividades de combate en conflictos armados. Cualquier intento de oposición es reprimido con coerción, amenazas e intimidaciones, lo que consolida un esquema criminal transnacional de explotación laboral forzosa.